El Ministro de Economía de Perú dijo hace unas semanas que el Gobierno de Dina Boluarte es débil y, aunque el Ejecutivo ha salido a desmentirlo, hay que decir que, efectivamente, no es solo débil; es también una agonía democrática, institucional y de transparencia. Pese a que la Presidenta no tiene bancada congresal, partido ni aprobación de la ciudadanía (solo el 7% aprueba su gestión), sí tiene “buenas relaciones” con las autoridades de otros poderes. Aquí se repasan algunas.
La Presidenta y las autoridades regionales: Boluarte negó estar en posesión de varios relojes Rolex y otras joyas valoradas en miles de dólares. No aparecen en su declaración jurada de bienes y no se ajustan a su balance patrimonial. Sin embargo, se ha visto obligada a aceptar que estos fueron prestados por el Gobernador Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima (su wayki, hermano en quechua, condenado por corrupción), con el fin de “representar mejor al país”, pero que ya los devolvió. Este caso, llamado “Rolexgate”, ha devuelto la atención a las regiones para verificar que varios Gobernadores que defienden a la Presidenta han recibido recursos adicionales en los presupuestos regionales. Dos casos emblemáticos del beneplácito de la Presidenta son el Gobierno Regional de Ayacucho y la Municipalidad Metropolitana de Lima (el alcalde es el líder del Partido Renovación Popular que tiene una bancada congresal que respalda a Dina).
El caso “Rolexgate” ha devuelto la atención a las regiones para verificar que varios Gobernadores que defienden a la Presidenta han recibido recursos adicionales en los presupuestos regionales.
El primero lleva recibiendo, en menos de un año y medio, más de 580 millones de soles en transferencias adicionales para ejecutar obras, a pesar de que Ayacucho es penúltimo en el índice de eficiencia de la inversión pública (tiene gran cantidad de obras inconclusas y los proyectos exceden la capacidad de gasto previsto); el segundo ha obtenido la buena pro para endeudarse por 4000 millones de soles (3.5 veces su presupuesto anual), a pesar de que el Consejo Fiscal advirtió que tal acción dejaría sin recursos a los próximos alcaldes de Lima y comprometería las finanzas de la capital peruana. El presidente del Consejo Fiscal ya fue removido de su cargo.
La Presidenta y la Fiscal de la Nación: La suspendida Fiscal de la Nación, que es investigada por liderar una organización criminal en el Ministerio Público, tenía un pacto con la Presidenta. Cada una tenía su intermediario: de parte de la Fiscal estaba el Fiscal Adjunto Supremo Marcos Huamán y, de parte de la Presidenta, su abogado Oscar Nieves. Gracias a la información de un testigo protegido de esta investigación, conocida como “Operación Valkiria”, se ha descubierto que, en el contexto de la investigación por la masacre de 49 personas durante las protestas de 2022-2023, la Presidenta recibió las preguntas por adelantado y, presuntamente, también las respuestas, de parte de la Fiscalía. Evidentemente, cuando la Presidenta dio su declaración no se permitieron las preguntas de la Procuraduría y de los abogados de las víctimas, obstaculizando la justicia.
En octubre de 2022, el abogado de la Presidenta le pidió al Fiscal Adjunto que limpiara a Dina de un caso de corrupción porque el entonces Presidente Castillo estaba próximo a caer
Pero esta relación viene de más atrás cuando, en octubre de 2022, el abogado de la Presidenta le pidió al Fiscal Adjunto que limpiara a Dina de un caso de corrupción porque el entonces Presidente Castillo estaba próximo a caer. Por otro lado, la suspendida Fiscal también parece haber hecho un gran trabajo negociando con congresistas: cierre de investigaciones por corrupción a cambio de votos a favor de sus intereses (inhabilitación de fiscales y miembros de la Junta Nacional de Justicia).
La Presidenta y el Congreso: La Presidenta ha afirmado que este Gobierno es el que mejor relación tiene con el Legislativo. Somos testigos de que en los últimos años el Congreso se ha encontrado en disputa continua con el poder Ejecutivo; las múltiples caídas y ascensos de Presidentes así lo confirman: dos mociones de vacancia presidencial contra Kuczynski, tres contra Vizcarra, tres contra Castillo, una contra Sagasti. Salvo el último caso, todos los Presidentes fueron vacados.
El Congreso, que tiene 9% de aprobación por su desempeño, el año pasado recibió 49 millones de soles más y, en lo que va de este año, 50 millones adicionales a su presupuesto, días antes de otorgar el voto de confianza al nuevo Gabinete
Sin embargo, la suerte de Boluarte es distinta. Ella se ha salvado de dos mociones de vacancia y de un juicio político por las muertes en las protestas porque hoy, para el Congreso, “no es adecuado” y hay que procurar “la paz, la estabilidad y la gobernabilidad”. Ese Congreso es el mismo que tiene 9% de aprobación por su desempeño, que el año pasado recibió 49 millones de soles más y, en lo que va de este año, 50 millones adicionales a su presupuesto, coincidentemente días antes de otorgar el voto de confianza al nuevo Gabinete de Ministros de la Presidenta y en medio del “Rolexgate”. Así que, sí, “este Gobierno, de esta mujer andina, que no tiene bancada en el Congreso, pero que tiene grandes amigos en las bancadas” (Boluarte, 2024) es la mejor explicación de un gobierno sólido en prebendas.
La Presidenta y las Fuerzas Armadas y Policiales: los amigos de Boluarte la defienden con el argumento de que un sector del país busca quebrar el orden democrático, pero lo más llamativo ha sido la imagen de ella, acompañada del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Comandante General del Ejército, el Comandante General de la Marina de Guerra y el Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, en el cambio de guardia del regimiento en Palacio de Gobierno y en el que muy pocas veces se cuenta con la presencia de la Presidenta y con la de tan altas autoridades. La imagen, que simboliza un respaldo contundente a Dina, también remueve recuerdos de la masacre de 49 personas en las protestas, de los cero sancionados producto de esta masacre (aunque, un año después, la Presidenta sí sancionó a altos mandos de la Policía cuando le jalaron el pelo en Ayacucho), de las nulas investigaciones internas y de la prevalencia de la impunidad ante los crímenes.
La imagen, que simboliza un respaldo contundente a Dina, también remueve recuerdos de la masacre de 49 personas en las protestas y de los cero sancionados producto de esta masacre
Hay dos asuntos que no se deben perder de vista: primero, el respaldo político de las Fuerzas Armadas, manifestado por el Ministro de Defensa, confirmando la posición de esta Institución en contra de la Constitución que explicita que las Fuerzas Armadas y Policiales no son deliberantes; segundo, este respaldo no es gratuito, busca lograr que los asesinatos queden impunes.
La coyuntura del país es diversa, cambiante y compleja. Aquí solo se describen algunas relaciones tejidas desde la asunción al poder de Dina Boluarte, que demuestran la dependencia de este Gobierno de otros poderes y estrategias clientelares para sobrevivir en el poder.
