Desde el inicio de la crisis del COVID en marzo de 2020 las restricciones vividas en las cárceles han sido muy intensas: suspendidos los permisos, los “vis a vis” íntimos y familiares, suspendidas las comunicaciones orales, suspensión también de actividades desarrolladas por ONG con voluntariado externo… Sin embargo, no tenemos noticias de grandes incidentes ni protestas. Los presos y presas están dando un ejemplo de ciudadanía y solidaridad con su comportamiento a pesar de estar doblemente confinados.
En estos momentos, la tercera ola ha sido sin duda la que más ha azotado las cárceles españolas. Desde enero de este año se han producido 953 contagios entre internos de los 1.768 registrados durante toda la pandemia, lo que significa que uno de cada dos positivos se han dado tan solo entre enero y febrero de 2021.
Por este motivo, desde el 2 de febrero la recomendación de Instituciones Penitenciarias a todas las cárceles fue “blindarse” de nuevo y volver a las restricciones que tímidamente se habían ido rebajando en algunos centros penitenciarios que recuperaron las comunicaciones orales o algunas actividades con voluntariado. A día de hoy, la mayoría de las cárceles de nuestro país tiene suspendidas las comunicaciones orales, los “vis a vis” de encuentro íntimo con la pareja o los familiares, los permisos de salida de los presos y la entrada de voluntariado de ONG para realizar actividades, así como de profesionales externos al funcionariado. Es evidente que estas restricciones empiezan a pasar factura en el ambiente que se respira dentro de prisión.
La mayoría de las cárceles tiene suspendidas las comunicaciones orales, los “vis a vis” con la pareja o los familiares, los permisos de salida de los presos y la entrada de voluntariado
A las restricciones se suman las cuarentenas o protocolos de aislamiento necesarios cuando se detecta algún contagio. Ese confinamiento de diez días pueden pasarlo en un módulo designado a tal efecto o en otros casos en la propia celda, donde el espacio se reduce a escasos metros y solo pueden salir al patio una hora al día.
Si hay acuerdo social en que la pandemia está afectando a la salud mental de la población en general, ni que decir tiene que las personas privadas de libertad es estos momentos están viviendo un doble confinamiento que no solo les priva de la libertad, sino también de su referente afectivo al perder todo el contacto con el exterior.
En el mes de febrero, 18 colectivos y organizaciones sociales de toda España hicieron público un manifiesto donde denuncian que suspender las comunicaciones en las prisiones por la COVID-19 «supone un ataque directo contra los derechos de las personas presas, incidiendo directamente en la salud mental de estas personas, así como dificultando su reinserción, en oposición con el mandato constitucional del artículo 25.2».
Mantener las comunicaciones por locutorio es “una necesidad y un derecho” que se les está negando a los presos y presas que desde hace un año han perdido el contacto físico que les quedaba con el exterior. Además, el riesgo de contagio manteniendo las medidas de seguridad y mediante las instalaciones de los locutorios acristalados es bastante reducido.
“Si al preso/a le quitas la posibilidad de contacto con el ser querido, le estás quitando parte del motivo de su reinserción” afirma Álvaro Crespo, responsable del programa de prisiones de la ONG Solidarios. “Están privados de libertad pero esta situación les está privando de ánimos, de palabras, de afectos… Un confinamiento algo análogo a un primer grado, cuyos efectos-trastornos de salud mental, problemas de sociabilidad y dificultades de reinserción aún no podemos calcular.”
“Si a la persona presa le quitas la posibilidad de contacto con el ser querido, le estás quitando parte del motivo de su reinserción”
Desde Instituciones Penitenciarias se ha ofrecido un mayor tiempo para las llamadas telefónicas y se está instalando un nuevo sistema de videollamadas, en algunos centros, para poder contactar con la familia. La brecha digital es otro de los grandes escollos que se han de vencer en nuestro sistema penitenciario; los internos no tienen acceso a internet ni tienen un móvil a su disposición, lo cual hace pensar en un aislamiento social en el siglo XXI durante los años de condena que probablemente exija una después una “reinserción digital y tecnológica”.
Sin embargo, se han tomado algunas medidas por parte de Instituciones Penitenciarias que modernizan el sistema y deberían servir para evaluar e instalarse como prácticas permanentes, como medidas alternativas a la privación de libertad. Prueba de ello son los 5.300 presos que salieron de prisión entre marzo y junio de 2020, pasando el tercer grado con cumplimiento en su hogar bajo control telemático, así se han evitado contagios mayores pero también se está viendo que es posible cumplir la condena en otras condiciones. Aunque las medidas alternativas están recogidas en nuestro ordenamiento jurídico, todavía estamos lejos de aplicarlas de manera extensiva.
Aunque las medidas alternativas están recogidas en nuestro ordenamiento jurídico, todavía estamos lejos de aplicarlas de manera extensiva
En el punto en que nos encontramos, tenemos a 48.600 personas (penados cumpliendo condena) en nuestras cárceles, con un porcentaje muy elevado de internos inmunodeprimidos -o por su condición de drogodependientes o por las múltiples patologías que sufren o por su avanzada edad-, donde las carencias del sistema sanitario son incontables, con unas condiciones tan restrictivas que bordean la vulneración de derechos y sin saber cuándo se pondrá fin a todo esto. Por extraño que parezca, los internos penitenciarios no han sido incluidos como grupo prioritario en los planes de vacunación, como sí se ha hecho con los trabajadores de prisiones.
Sería lógico pensar que, como en otros casos de centros cerrados con población vulnerable, como las residencias de mayores, se vacunara tanto a los residentes como a los trabajadores, pero no es el caso. El plan elaborado por el Ministerio de Sanidad recoge que la población penitenciaria “se vacunará más adelante en función de disponibilidad de vacunas y con independencia de criterios etarios».
Las cárceles nunca son una prioridad para nuestra sociedad; más bien al contrario, un lugar del que nadie quiere hablar. La pandemia está suponiendo para la mayoría de las personas privadas de libertad la ruptura completa con el vínculo exterior, con lo que pueden ser sus motivaciones para avanzar en el camino de la reinserción, lo que supone sin duda una amenaza para que el sistema penitenciario cumpla con su cometido final.
Me dedico a la comunicación social porque es el lugar de los procesos de cambio y transformación. He trabajado para diferentes ONG, fundaciones y entidades públicas de cooperación como la AECID, con el firme propósito de tener cosas interesantes y motivadoras que contar.
Ahora, centrada en la acción social aquí, lo hago desde Solidarios. Me uní al camino de Alandar hace años con ilusión y con ganas porque somos tantas Iglesias que es necesario contarlas.
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