Persecución a la iglesia católica en Nicaragua

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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo encarcela y destierra a sacerdotes, prohíbe manifestaciones religiosas, bloquea las cuentas de universidades católicas y cierra proyectos sociales bajo la acusación de «traición a la patria». El Vaticano, tras la oración y preocupación del Papa en Año Nuevo, acogió el 14 de enero a los últimos desterrados: 2 obispos, 15 sacerdotes y 2 seminaristas.

En la lista detenidos y expulsados están: el obispo de Siuna, monseñor Isidoro Mora, 15 sacerdotes, párrocos y autoridades en la Arquidiócesis de Managua, como los vicarios Silvio Fonseca, Miguel Mántica y Carlos Avilés, y dos seminaristas. Así como  el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, (en el centro de la imagen), que fue el primer obispo arrestado y condenado a 26 años por “traición a la patria”.

El año 2023 se ha convertido en el peor de la reciente historia de hostigamiento a la iglesia católica en Nicaragua por parte del gobierno de Daniel Ortega. Desde la crisis política de 2018, las cifras que se recogen en un informe y recuento detallado de la abogada Martha Patricia Molina (Nicaragua, una iglesia perseguida) nos muestra cómo este último año ha significado un total de 275 agresiones que ha tenido como colofón una navidad plagada de detenciones irregulares de sacerdotes que, finalmente, han sido desterrados al Vaticano.

En la lista de los detenidos en diciembre y expulsados de Nicaragua en enero de 2024 se encuentran: el obispo de Siuna, monseñor Isidoro Mora, 15 sacerdotes, párrocos y autoridades en la Arquidiócesis de Managua, como los vicarios Silvio Fonseca, Miguel Mántica y Carlos Avilés, y dos seminaristas. A estos se suma el obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, monseñor Rolando Álvarez, que fue el primer obispo arrestado y condenado a 26 años por “traición a la patria” que llevaba en la cárcel desde febrero de 2023 y en arresto domiciliario desde agosto de 2022.

Rolando Álvarez ha sido un ejemplo de resistencia ante el gobierno Ortega-Murillo desde que, en julio de 2018, Daniel Ortega acusara a los obispos de golpistas. Tras la crisis política y los altercados en abril de 2018, la población nicaragüense salió a las calles a manifestarse y la represión gubernamental fue contundente. En esos momentos, muchas personas acudieron a refugiarse en las iglesias y desde el gobierno se pensó en crear una mesa de Diálogo Nacional donde la Iglesia católica fuera mediadora entre las partes. De ahí surgió la declaración de los obispos solicitando un adelanto electoral y el comienzo de un hostigamiento que hoy llega a su punto más álgido.

Las cuentas de la Iglesia han sido bloqueadas, se expropió la UCA -la universidad jesuita José Simeón Cañas- en agosto de 2023; otras universidades católicas fueron confiscadas, 15 radios católicas y 11 proyectos sociales clausurados. Agresiones, secuestros y detenciones arbitrarias, sacerdotes y religiosas enviados al exilio. En octubre, tras otro momento de detenciones similar al vivido en diciembre, 12 sacerdotes, detenidos bajo diversas acusaciones, fueron expulsados y enviados al Vaticano tras un acuerdo con la Santa Sede, a pesar de que las relaciones diplomáticas fueron canceladas hace más de un año por Managua meses después de haber expulsado al nuncio, Waldemar Stanislaw Sommertag en mayo de 2022.

Desde el exilio en EEUU, el obispo Auxiliar de Managua, Silvio Báez -que ha sido despojado de su nacionalidad por el gobierno nicaragüense y ordenado a salir del país por el Papa en 2019 por motivos de seguridad- hizo un llamamiento a la comunidad internacional y a la Iglesia católica de todo el mundo: No nos dejen solos. La comunidad internacional no ha presionado lo suficiente al gobierno de Nicaragua para que cese la persecución contra la Iglesia católica. Presiones eficaces contra un régimen criminal”.

En un país como Nicaragua, donde en los últimos cinco años han sido encarceladas más de 1300 personas por considerarse opositores al régimen y al menos 300 han sido desterradas, donde se ha acabado con más de 3000 ONG, y con la representación política, criticar a la pareja presidencial es motivo de represión y la Iglesia católica, con sus sacerdotes y obispos más críticos se ha convertido en el centro de las miradas del régimen de gobierno.

Más de 100 curas han sido expulsados de Nicaragua. Como ejemplo, monseñor Rolando Álvarez hasta este momento se había negado a abandonar el país, por lo que había sido ingresado en prisión en febrero de 2023. En ese momento se produjo una excarcelación de 222 presos políticos -entre los que había 8 sacerdotes- que fueron expulsados a EEUU y privados de su nacionalidad nicaragüense. Rolando Álvarez se negó a abandonar el país y cambió en arresto domiciliario que vivía desde agosto de 2022 por la cárcel La Modelo, en la que ha permanecido hasta ahora. En esta ocasión si se ha producido el destierro y se unía al último grupo de 17 sacerdotes y 2 seminaristas que han llegado al Vaticano este mes de enero.

El camino del diálogo para superar dificultades al que aludía en la oración de año nuevo el papa Francisco parece que ha dado algunos pasos para este grupo excarcelado, aunque desterrado de su lugar de predicación y compromiso. “Oremos por Nicaragua” concluía el pontífice.

Autoría

  • Corina Mora

    Nací en Cuenca. Crecí en mi parroquia, vine a Madrid a estudiar Periodismo, me encontré con muchas otras cosas y aprendí casi todo lo poco que se viviendo en Centroamérica. Soy voluntaria social desde que me acuerdo y creo en tantas cosas como personas hay en el mundo trabajando porque sea más justo. Me dedico a la comunicación social porque es el lugar de los procesos de cambio y transformación. He trabajado para diferentes ONG, fundaciones y entidades públicas de cooperación como la AECID, con el firme propósito de tener cosas interesantes y motivadoras que contar. Ahora, centrada en la acción social aquí, lo hago desde Solidarios. Me uní al camino de Alandar hace años con ilusión y con ganas porque somos tantas Iglesias que es necesario contarlas.

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