Control y represión, único lenguaje del gobierno de Nicaragua

La crisis por la que está atravesando Nicaragua en la segunda etapa de gobierno sandinista es extremadamente grave. Esta situación se agudizó en abril de 2018 con el despertar de la conciencia crítica que se manifestó en los multitudinarias protestas populares.

El pueblo cansado de múltiples violaciones de los derechos humanos, especialmente los jóvenes -que se pensaba habían perdido el interés por los problemas que afectaban al país- salió espontáneamente a la calle reclamando respeto y defendiendo los derechos fundamentales.

La respuesta del régimen de Ortega-Murillo a las masivas manifestaciones en su contra fue la embestida represiva denominada “vamos con todo” para acallar las críticas y reprimir todo intento de organización que pudiera poner en peligro su “estatus en el poder”.

La pareja Ortega-Murillo trató de sofocar las insurrecciones proponiendo un diálogo con los movimientos y grupos de la sociedad civil, e invitó a la Conferencia Episcopal a coordinar esta propuesta. La estrategia no resultó, debido a que los movimientos opositores se organizaron reclamando cambios en la orientación política y el adelanto de las elecciones.

El régimen interpretó estas peticiones como un intento de golpe de Estado. Dio largas al proceso de diálogo, mientras reorganizaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado nicaragüense y personas armadas civiles para controlar todo conato de oposición.

EL PAPEL DE LA IGLESIA ANTE ESTA SITUACIÓN

En este proceso de persecución, la Iglesia ha jugado un papel destacado. En mayo de 2014, la Conferencia Episcopal de Nicaragua se reunió con la pareja presidencial en la Nunciatura Apostólica y le entregó un documento analizando la situación del país.

Los obispos de Nicaragua pedían cambios en las políticas gubernamentales. Desde un principio, la pareja presidencial interpretó el documento episcopal como una oposición a su proyecto político. Como resultado, las tensiones entre la Iglesia y el Estado nicaragüense han ido in crescendo.

El orteguismo respondió expulsando del país a la cabeza pensante del episcopado, monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua. Para justificar esta decisión, le acusó de conspiración y presentó falsedades contra él.

La Iglesia ha desempeñado un papel determinante desde el estallido del conflicto social en abril de 2018 acompañando al pueblo, acogiendo a los manifestantes en los templos, alzando su voz para denunciar la violación de los derechos humanos y defendiendo la vida de los manifestantes. Así, la institución se convierte en el único espacio que puede convocar al pueblo en la defensa de sus libertades.

La Iglesia se convierte en el único espacio que puede convocar al pueblo en la defensa de sus libertades

En este contexto, surge la figura del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez. En sus homilías no dejaba de hablar de la defensa de los derechos del pueblo asediado y perseguido. Fue condenado a 26 años de prisión bajo falsas acusaciones de “traición a la patria” y “difusión de noticias falsas” en contra del régimen nicaragüense. Mencionar su nombre en las homilías significa correr el riesgo de ser detenido y apresado.

RESPUESTA DEL RÉGIMEN A LA IGLESIA

Para acallar la voz profética de la Iglesia, el régimen ha procedido a perseguir y controlar las manifestaciones religiosas, bajo la sospecha de ser actividades contrarias al sandinismo.

La pareja presidencial sospecha que las manifestaciones religiosas son actividades contrarias al sandinismo

La estrategia montada para terminar con las convocatorias es callar la voz de los líderes religiosos. Para lograrlo, en agosto de 2022, el régimen encarceló al obispo de Matagalpa y a los agentes de pastoral que le acompañaban. De este modo, la pareja Ortega-Murillo intentó imponer el silencio en los agentes de pastoral por el miedo, la persecución y la cárcel.

Por su parte, el régimen propone otro modelo de sociedad: habla de la libertad, la autodeterminación y soberanía nacional como punto de partida para luchar por la independencia de los poderes imperiales que, históricamente, han sometido a Nicaragua; habla de establecer un partido único y se acusa a los opositores de estar financiados por Estados Unidos y la Unión Europea para seguir sometiendo al pueblo.

EL PROBLEMA DE FONDO

En este momento, la Iglesia puede liderar la oposición al orteguismo. Por eso se arremete contra ella. Los partidos políticos tradicionales carecen de liderazgo y no gozan de la confianza del pueblo. Sus líderes están presos o tuvieron que huir del país.

Lo que la pareja Ortega-Murillo se plantea con respecto a la Iglesia católica va más allá de controlar o manipular la fuerza política que puedan tener sus manifestaciones religiosas. El régimen plantea enfrentarse con la tradición católica directamente. La vicepresidenta se presenta como “la matrona” del pueblo, “la madre” preocupada por el bienestar de los hijos. Habla un lenguaje religioso para atraer al pueblo sencillo, usando términos bíblicos y símbolos propios de la religiosidad católica, promoviendo un sincretismo religioso.

Desde el poder sandinista se intenta promover una religión al servicio del sandinismo

Para la vicepresidenta, el pueblo tiene que liberarse de la religión traída e impuesta por los conquistadores, legitimadora de la dominación imperial. Para eso hay que promover la religión de sus ancestros, su cosmovisión y sus tradiciones. Desde el poder sandinista se intenta promover una religión al servicio del sandinismo, perdiendo así su autonomía y el papel profético-crítico que puede tener toda manifestación religiosa.

LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO AL PROBLEMA RELIGIOSO

La vicepresidenta ha propuesto promover la religiosidad popular. Para ello, los sandinistas deben meterse de lleno en las cofradías, en las comisiones de fiestas religiosas y movimientos apostólicos para liderarlos y jugar un papel ideológico determinante en la masa popular con muy poca formación crítica.

A la vez propone acompañar al clero y ofrecerle apoyo económico para sus proyectos pastorales e incluso personales y lograr que los sacerdotes se pongan del lado del Gobierno. Con esta política se pretende controlar la libertad de la Iglesia para anunciar el Evangelio, perdiendo así su autonomía y apagando la vocación profética.

El plan de la vicepresidenta de convertirse en la líder del sincretismo religioso no ha tenido éxito: apenas un grupo de fanáticos del régimen repiten sus consignas sin conciencia de lo que afirman.

¿Cómo enfrentar estos desafíos en la sociedad nicaragüense y, sobre todo, el papel liberador que puede jugar la Iglesia?