Vivir en la calle no sólo es carecer de techo ni de un espacio propio que puedas considerar tu casa. Es pasar frío y calor sin lugar donde guarecerte; no contar con un cuarto de baño para asearse ni una cocina donde hacerte ni siquiera un café. Es sentir inseguridad, miedo, dormir sin cama y con un ojo abierto. Y sufrir rechazo, discriminación y diferentes tipos de violencia.
Conocer y dar a conocer -es un problema social; es decir, de toda la ciudadanía- los hechos reales, poniendo datos y rostros, es el objetivo del reciente informe elaborado por Arrels Victimización y aporofobia hacia las personas que viven en la calle en Barcelona, basado en las respuestas de 1.355 personas a las encuestas realizadas en 2023 y 2025. El estudio fue presentado por Beatriz Fernàndez, directora de Arrels Fundació, y José Luis, que habla del asunto en primera persona porque ha vivido en la calle 18 años.
Son todos los que están (pero no están todos los que son)
La primera dificultad es saber cuántas personas viven en esta situación. Es lo que tiene ser invisibles…
No hay datos oficiales de la Unión Europea, pero en 2013 la Comisión Europea estimaba en 410.000 las personas viviendo en la calle. En España, en 2022 se atendió a 28.552 personas sin hogar en centros asistenciales, según el Instituto Nacional de Estadística, 7.277 de las cuales se encontraban en situación de calle.
“Consideramos, señala Arrels, que se trata de una cifra de mínimos porque solo se contabiliza a las personas atendidas en centros”. Tampoco en Cataluña hay datos actualizados. Según las estimaciones de las entidades sociales y el mundo académico promotoras de la ley de medidas transitorias y urgentes para hacer frente y erradicar el sinhogarismo, habría hasta 18.000 personas viviendo al raso o en centros residenciales y albergues.
En Barcelona existen datos más concretos porque desde 2008 se actualizan de forma periódica, gracias a los censos y encuestas que realiza Arrels. Según el recuento del 13 de diciembre de 2023, duermen en la calle 1.384 personas, un 12% más que el año anterior. Arrels, sin embargo, cree que son más.
Victimización y aporofobia
Si en Barcelona hay cifras, aunque sean aproximadas y tirando a la baja, es gracias a entidades ciudadanas, Arrels especialmente, a las que no sólo le preocupa el número, sino cómo viven. Por eso desde 2016 viene organizando encuestas “para saber el grado de vulnerabilidad que sufren y así orientar las políticas y los recursos para que sean más eficientes”.
Son “los nadies” de Galeano, y son tratados como tales.
El delito más frecuente que sufren las personas que viven en la calle (80 %) es el robo de dinero, pertenencias o documentación; pero las experiencias relatadas van mucho más allá de la pérdida material. De ahí la distinción entre victimización y aporofobia. “La primera tiene que ver con la exposición que comporta vulnerabilidad vivir en la calle; la segunda se refiere al hecho de que exista una motivación relacionada con el rechazo o desprecio hacia la pobreza”.
Seis de cada diez personas (61,6 %) declaran haber sufrido insultos, humillaciones o amenazas y casi la mitad (48,4 %), agresiones físicas. Además, aproximadamente una tercera parte de las personas encuestadas ha sufrido discriminación o agresiones en el espacio público o ha visto restringido el acceso a establecimientos. Estos datos muestran que el impacto de la victimización afecta tanto a la seguridad física como a la dignidad, la movilidad y el ejercicio cotidiano de derechos.
“Vivir en la calle implica una exposición continuada a situaciones de violencia, pérdida, intimidación y discriminación. En 2025, el 83,3 % de las personas entrevistadas afirmó haber sufrido algún delito, agresión o discriminación”, señala el informe.
“Es el pan de cada día -explica José Luis-: si estás en la calle, muchos te miran mal o te insultan. ¿Y para qué los vas a denunciar? Te sientes indefenso.”
Una parte de la violencia no puede explicarse únicamente por la exposición o la vulnerabilidad asociada a dormir en la calle. El estudio revela que una de cada cuatro personas (24,7 % en 2025) identifica una motivación aporófoba explícita en las agresiones sufridas, lo que significa un aumento respecto a 2023 (18,1 %).
Los testimonios directos, las verbalizaciones de los agresores y los insultos relacionados con la condición de persona sin hogar son particularmente relevantes para identificar una posible motivación discriminatoria. “Iba en el autobús y un chico empezó a insultarme. Que si era un mendigo, que si era un indigente, mierda, y todas esas cosas”, relata José Luís.
Sin embargo, “la aporofobia continúa representando una proporción muy pequeña de las motivaciones identificadas en las resoluciones judiciales analizadas: 0,6 %, frente al 22,7 % por orientación o identidad sexual, el 18,8 % por origen racial o étnico y el 15,3 % por ideología”.
La edad y el género marcan diferencias
La victimización no afecta a todos los grupos humanos por igual. Las mujeres que viven en la calle la sufren en mayor medida, en todas sus formas, especialmente agresiones sexuales, coacciones, agresiones físicas y discriminación en espacios públicos y privados. El 41,4 % declara haber sufrido agresiones sexuales, frente al 4,6 % de los hombres. Incorporar una perspectiva de género en las políticas de prevención, protección y denuncia parece obligado.
Ocurre algo parecido con la edad, que modifica el tipo de riesgos a los que las personas están expuestas. Las más jóvenes presentan niveles muy elevados de robos, mientras que las franjas intermedias concentran más agresiones, coacciones y discriminaciones. Entre las personas de 55 años o más disminuyen las agresiones físicas y otras formas de violencia directa, pero continúan siendo muy frecuentes los robos de dinero, pertenencias y documentación.
Agresiones que no se denuncian
“Alguna vez han venido a insultarme, me han dado patadas. Pero no me planteaba denunciarlo, no servía de nada, si tampoco los conocía ni nada. ¿Para qué? Si no les van a hacer nada”. José Luis ilustra una conclusión del informe muy preocupante: la infradenuncia. Aproximadamente dos de cada tres casos no se denuncian y la razón más habitual es: “no sirve de nada”.
El problema no es solo la necesidad de canales formales de denuncia, sino la confianza en su utilidad y en la respuesta posterior de las instituciones. Es un elocuente indicador de la distancia entre las personas que viven en la calle y las instituciones encargadas de protegerlas.
Delito que no se denuncia, delito que permanece invisible. Una grave consecuencia es que la realidad es muy probable que sea mucho peor de lo que reflejan los registros policiales y judiciales. La aporofobia aparece de manera muy minoritaria en las estadísticas oficiales, pero estas solo recogen los hechos que se denuncian.
¿Qué podemos hacer?
- Desarrollar indicadores y orientaciones específicas sobre aporofobia para facilitar su detección, registro e investigación.
- Facilitar la denuncia y el acompañamiento a las víctimas. Crear canales de denuncia más accesibles fuera de la comisaría y garantizar el seguimiento, así como facilitar que la persona no afronte sola el proceso policial o judicial.
- Reforzar la formación, especialización y aplicación efectiva de la respuesta institucional a los cuerpos de seguridad, contar con criterios homogéneos de detección e investigación y mejor coordinación entre policía, fiscalía, servicios sociales y entidades.
- Mejorar la recogida de datos y el conocimiento sobre victimización y aporofobia. Los registros policiales, judiciales, sanitarios y sociales deberían incorporar de manera más sistemática la situación de sinhogarismo de la víctima y los indicios de motivación aporófoba, así como impulsar encuestas periódicas para conocer mejor la magnitud, los perfiles y la evolución del fenómeno.
- Desarrollar medidas específicas según género, edad y situación de vulnerabilidad.
- Prevenir la aporofobia y la victimización actuando sobre las causas. combatir estereotipos, deshumanización y discursos de odio.
- La respuesta a la victimización y la aporofobia no puede limitarse al ámbito penal. En todo caso puede ser una parte de una respuesta más amplia basada en derechos.
Beatriz Fernàndez, respondiendo a una pregunta en la presentación del informe, señalaba con contundencia la medida más efectiva: “La mejor prevención es que no estén en la calle”.
