Del clamor de las firmas a la realidad de los hechos
En la primera parte de esta crónica narrábamos el largo proceso que supuso la gestación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una Regularización Extraordinaria de personas migrantes en España. Hoy, en esta segunda parte, conoceremos lo que ha supuesto en la realidad de nuestro país.

Hace unos meses, contábamos cómo una idea nacida del partido Por Un Mundo Más Justo (M+J) y la Fundación para la Ciudadanía Global (FCG) se convirtió en un tsunami social que unió a más de 1.000 organizaciones, activó a 17.000 voluntarios y cosechó 700.000 firmas en las calles. Sin embargo, la entrega de esos pliegos en el Congreso de los Diputados no era el final del camino, sino el inicio de una tensa batalla política, judicial y macroeconómica que ha cambiado el mapa social de nuestro país.
El vuelco en el Congreso: cuando la calle dobla el brazo a la política
La llegada de las firmas al Parlamento estuvo a punto de estrellarse contra el muro del bipartidismo tradicional. Pocos días antes de la votación crucial de abril de 2024 para decidir la admisión a trámite del proyecto, el PSOE y el PP tenían decidido el «NO». Portavoces de migración de ambos partidos nos comunicaron formalmente que tumbarían la iniciativa.
La respuesta de la sociedad civil fue una contraofensiva en diferentes frentes. Desde la Fundación para la Ciudadanía Global financiamos un anuncio a doble página, en los principales periódicos del país y a tirada nacional, denunciando que se pretendía ignorar la firma de 700.000 ciudadanos y la dignidad de medio millón de vecinos en situación irregular.
Activamos la presión de las bases y propiciamos un diálogo estratégico clave entre el portavoz del PP, Miguel Tellado, y el Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. La doctrina social de la Iglesia ejerció una presión moral definitiva en el bloque conservador.
El giro fue radical. Ambos partidos, PSOE y PP, pasaron en 48 horas de un NO a un SÍ. El 9 de abril de 2024, el Congreso aprobó la tramitación de la ILP para la regularización con una mayoría aplastante de 310 votos a favor y solo 33 en contra.
Tras más de un año de intensas negociaciones en la Comisión de Migraciones, al ver que se contaban con los apoyos suficientes para su aprobación en la Comisión para febrero de 2026, el Gobierno central decidió adelantarse al relato político. En enero de 2026, el poder ejecutivo aprobó, tras un acuerdo secreto con Podemos, el Real Decreto que puso en marcha la regularización extraordinaria más ambiciosa de nuestra historia democrática.
La guerra judicial y la puesta en marcha de la regularización
El Real Decreto 316/2026 abrió una ventana excepcional entre el 16 de abril y el 30 de junio de 2026 para las que personas extranjeras en situación irregular pudieran presentar su solicitud para una regularización extraordinaria. No se trató de una amnistía general automática, sino de un proceso riguroso donde cada solicitante debía demostrar su arraigo (residencia antes del 1 de enero de 2026), una estancia continua mínima de cinco meses y carecer de antecedentes penales en los últimos cinco años.

El proceso tuvo que resistir una agresiva oposición jurídica y judicial. Gobiernos regionales conservadores y plataformas de extrema derecha intentaron suspender cautelarmente el decreto ante el Tribunal Supremo, alegando una supuesta colisión con el Pacto Europeo sobre Migración e informando al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Afortunadamente, el Supremo blindó el mecanismo frente a la guerra jurídica y la regularización pudo ejecutarse, concluyendo con un éxito histórico: más de un millón de solicitudes.
La batalla burocrática y el Certificado de Vulnerabilidad
Pasar del activismo político a la gestión administrativa de precisión fue el siguiente gran desafío para evitar que el mecanismo estatal colapsara bajo las trabas burocráticas. Uno de los cuellos de botella más graves para los migrantes era demostrar su situación de vulnerabilidad ante los ayuntamientos. Para solucionarlo, la FCG lanzó el portal certificadovulnerabilidad.es, tras ser acreditada oficialmente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Esta plataforma, diseñada por Alejandro Plans Beriso, eludió las colas físicas implementando una verificación tecnológica rigurosa con geolocalización, escaneo de pasaportes y la grabación de un vídeo donde el solicitante justificaba su situación.
Firmamos convenios clave con instituciones como el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) para que los abogados tramitaran expedientes masivos de forma gratuita y segura. Paralelamente, sobre el terreno, coordinamos la asistencia y emisión de certificados a grupos de alto riesgo, como menores no acompañados y jóvenes de Gambia. Logramos que la tecnología fuera el puente humano hacia la legalidad.
Desmontando el «el efecto llamada» desde Ceuta y Europa
La fase de aplicación coincidió con una grave crisis geopolítica en la frontera de Ceuta, caracterizada por decenas de miles de cruces irregulares que la oposición y ciertos medios utilizaron para agitar el fantasma del «efecto llamada» provocado por la regularización.

Desde la Fundación para la Ciudadanía Global desplegamos recursos sobre el terreno y demostramos con datos que los sucesos fronterizos eran una maniobra geopolítica completamente ajena al proceso de regularización.
Aun así, la reacción nacionalista en el continente no se hizo esperar. Una coalición de 22 líderes políticos europeos envió una carta conjunta a la Comisión Europea utilizando las imágenes de Ceuta para denunciar que se había invadido una frontera europea como consecuencia de un supuesto efecto llamada provocado por la regularización.
Esas mismas imágenes en directo fueron instrumentalizadas en EE. UU. por Donald Trump en sus campañas electorales, mientras Marruecos e Israel utilizaban el conflicto para presionar diplomáticamente a España.
Respondimos a esta tormenta internacional enviando nuestro informe de Causas, Situación Actual y Soluciones para Ceuta y una declaración en vídeo directamente a los correos oficiales de todos los parlamentarios de la Unión Europea, neutralizando la campaña de desinformación.
El impacto macroeconómico y la paradoja social
Los datos del Ministerio de Inclusión, al cierre de septiembre de 2026, han echado por tierra todos los dogmas xenófobos. La regularización ha sido un motor de crecimiento sin precedentes: 421.306 trabajadores extranjeros ya han sido dados de alta, elevando los afiliados a la seguridad social nacidos en el extranjero a un récord de 3,6 millones (el 16% de la fuerza laboral del país).
Esto ha inyectado cerca de 2.300 millones de euros anuales a las arcas públicas (0,067% del PIB) y ha bajado la tasa de desempleo nacional al 9,9%, rompiendo la barrera del 10% por primera vez desde 2007. Mientras la eurozona se estanca (Alemania +0,6%, Francia +0,8%), España lidera el crecimiento de las economías avanzadas con una expansión del PIB del 2,6%
Sin embargo, debemos señalar la paradoja evidente de que este éxito macroeconómico convive con una crisis estructural de la vivienda y un estancamiento de los salarios reales de la población general que afecta por igual a nacionales y migrantes. El crecimiento del PIB no se traduce automáticamente en bienestar si no se aborda la redistribución de la riqueza y el derecho a la vivienda.
El perfil real de la migración
Nuestros estudios estadísticos y de monitorización en tiempo real arrojaron luz sobre el perfil socio-demográfico real de los solicitantes, desmitificando los relatos interesados. El origen geográfico determinó que el 67,5% provenía de América Latina (con Colombia a la cabeza).
Además, frente a los discursos que asocian esto con flujos descontrolados recientes, los datos revelaron que el 62% de las personas en exclusión llevaba viviendo en España menos de dos años. Importante también resaltar que estamos hablando de un perfil muy joven, siendo más del 60% menores de 35 años. Finalmente, el perfil de género demostró un equilibrio mayor del esperado: 51,6% hombres y 48,4% mujeres.
El futuro: de la emergencia a las vías legales
El futuro: de la emergencia a las vías legales
Con la conclusión del proceso de 2026, España ha alcanzado un hito histórico: la bolsa estadística de migración indocumentada que reside en el país se ha reducido prácticamente a cero.
Esta realidad sin precedentes nos sitúa ante una oportunidad política y económica ideal para dejar atrás las medidas reactivas de emergencia y acometer reformas estructurales proactivas. El gran reto pendiente, tal como esbozamos en nuestros informes, es la urgente ampliación y diversificación de vías migratorias seguras, legales y regulares como la única solución sostenible a largo plazo.

Mientras tanto, el reto inmediato ya no es político, sino burocrático. El sistema de extranjería sufre un colapso absoluto, con retrasos de hasta 5 meses en Madrid para conseguir una cita para la toma de huellas y la entrega de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).
Para evitar una irregularidad sobrevenida cuando toque renovar este millón de permisos dentro de un año, desde la Fundación para la Ciudadanía Global hemos diseñado el proyecto piloto Una Más, que será financiado con apoyo de la Agenda 2030 y fondos privados.
Este sistema tecnológico permitirá a los usuarios tramitar su renovación desde el móvil, utilizando inteligencia artificial para preverificar los documentos y presentarlos en la plataforma del Ministerio en menos de 24 horas. El proyecto iniciará con 10.000 solicitudes en territorios clave como Madrid, Almería, Granada y Bilbao.
La ILP ha demostrado que la regularización extraordinaria era una medida de pura justicia social, viabilidad fiscal y derechos humanos. Ahora nos toca blindar administrativamente esa dignidad conquistada para que la burocracia no vuelva a empujar a nuestros vecinos a la irregularidad.

