Hoy se habla mucho de justicia social y justicia fiscal y nos preguntamos si nos referimos a dos tipos diferentes de justicia o ambas se complementan. Desde la Plataforma por la Justicia Fiscal nos aclaran conceptos.
La justicia social ha saltado a la escena pública pero… ¿qué es? La justicia social promueve el respeto igualitario de los derechos y las obligaciones de cada ser humano.Para ello, pone el foco en el reparto justo y equitativo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo integral de las personas. La justicia social hace que sociedades y economías funcionen mejor y reduce la pobreza, las desigualdades y las tensiones sociales.
Incluidos en lo que se conoce como justicia social, encontramos conceptos como justicia distributiva, que indica el aporte que cada persona debe hacer a la sociedad. De manera que no podremos hablar de justicia social sin hacerlo de justicia fiscal.
Por justicia fiscal entendemos una recaudación de impuestos progresiva y equitativa a través de la contribución de todas las personas e instituciones en función de su capacidad económica, y una recaudación suficiente para asegurar los derechos básicos y garantizar que todas las personas reciban, de forma adecuada, las prestaciones públicas socialmente consideradas necesarias.
Nuestros impuestos son la garantía de nuestros derechos y, si el modelo de sociedad del que nos hemos dotado, recogido en la Constitución, garantiza derechos básicos como vivienda, empleo o sanidad, debemos construir un sistema fiscal que los haga posibles.
Debemos construir un sistema fiscal que haga posibles nuestros derechos
NUESTRO SISTEMA FISCAL NO ES SUFICIENTE…
España ha ido aumentando su presión fiscal: en 2020 suponía el 37,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Esta cifra está por debajo del 41,3% que es la media de la Unión Europea. Es decir, España recauda menos impuestos que la media de los países de nuestro entorno. La presión fiscal en España no es especialmente gravosa, no nos “fríen” a impuestos.
Y aunque el gasto social (destinar lo que se recauda a garantizar los derechos de todas las personas) ha crecido en nuestro país en los últimos años, la población española percibe que sigue siendo escaso. Según el CIS, en 2022 más de la mitad de la población española, el 52%, opinaba que no se dedican suficientes recursos a los servicios sociales. Un porcentaje que sube al 56% si hablamos de pensiones o seguridad social, al 57% si lo hacemos de educación, o al 72% si se trata de sanidad.
Aunque el gasto social ha crecido en nuestro país en los últimos años, la población española percibe que sigue siendo escaso
Hablando de gasto social, conviene subrayar la importancia que tienen las comunidades autónomas. Sobre ellas descansa la responsabilidad de garantizar buena parte de nuestro estado de bienestar ya que son responsables de programas tan sensibles como la sanidad o la educación. Por ello, se debe exigir que las comunidades tengan sistemas de financiación justos, equitativos y suficientes, evitando las grandes disparidades regionales que se observan en la prestación de servicios.
Sobre las comunidades autónomas descansa la responsabilidad de garantizar buena parte de nuestro estado de bienestar
…NI TAMPOCO PROGRESIVO NI EQUITATIVO
En España la recaudación fiscal no favorece, precisamente, a quienes menos tienen.
La imposición indirecta o sobre el consumo, el célebre IVA, es la segunda fuente de ingresos fiscales y también la menos progresiva: no hace distinción de nivel de renta y pagan lo mismo quienes tienen más y quienes menos tienen.
De los impuestos directos, el IRPF es la principal vía de recaudación y recae, casi en exclusiva, sobre las rentas del trabajo y los pequeños ahorradores. Aunque las rentas del trabajo generan sólo el 50% de la riqueza del país, constituyen el 90% de los impuestos directos frente a las rentas generadas por el capital, por las que apenas se cotiza. Hay una reducida (y descendente) imposición sobre la riqueza.
Gran cantidad de exenciones y beneficios fiscales contribuyen a que nuestro sistema fiscal sea poco equitativo, al igual que el elevado nivel de evasión y fraude. En este punto, debemos recordar un segundo componente de la justicia social: la justicia retributiva. Esta indica la obligación ante la ley de los delitos que se cometen. Por ello, los evasores de impuestos no deben verse como gente perspicaz e ingeniosa que ha logrado burlar la ley para no pagar lo que les corresponde, sino como delincuentes que cometen fraude de ley y hurtan recursos necesarios comunes para garantizar los derechos de todos.
Gran cantidad de exenciones y beneficios fiscales contribuyen a un sistema fiscal poco equitativo, agravado por el elevado nivel de evasión y fraude
REFORMAS PARA LOGRAR JUSTICIA FISCAL
El debate no debe estar en subir o bajar impuestos, sino en qué privilegios impiden que se recaude.
En este sentido, hay que fijarse en dos impuestos: el de sucesiones y el impuesto sobre el patrimonio ya que los gestionanlas comunidades autónomas y tienen competencias para modificar las reducciones y los tipos que establece el Estado.
Sobre el impuesto de sucesiones, que se debe abonar cuando se es beneficiario de una herencia o legado, existen diferencias considerables entre comunidades, con exenciones de casi el 100% en Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja, Navarra y País Vasco, y bonificaciones mucho menores en comunidades como Aragón y Cataluña.
Cuando en España el 70% de las riquezas tiene su origen en herencias, cuestionar el impuesto de sucesiones resta fuerza al discurso de la meritocracia, que sostiene que sólo nuestros méritos nos harán progresar. Quienes nacen con un gran patrimonio heredado tienen importantes ventajas y mejores oportunidades. Por eso, entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han recomendado utilizar los impuestos sobre las herencias como herramientas para mejorar la igualdad de oportunidades y reducir la concentración de riqueza.
En cuanto al impuesto sobre el patrimonio, que pagan quienes tienen más de 700.000 euros, también está siendo objeto de grandes recortes y bonificaciones. Madrid y Andalucía lo bonifican al 100% y Galicia, al 50%, lo que significa que las grandes fortunas en Madrid y Andalucía no pagan nada por este impuesto y, en Galicia, sólo la mitad. Frente a esta tendencia, la OCDE aconseja “aumentar las cargas fiscales a los más ricos e inversionistas inmobiliarios con el objeto de promover la equidad en los sistemas de impuestos sobre la propiedad”.
La OCDE aconseja «aumentar las cargas fiscales a los más ricos e inversionistas inmobiliarios con el objeto de promover la equidad en los sistemas de impuestos sobre la propiedad»
En definitiva, para conseguir mayor justicia social debemos avanzar hacia mayor justicia fiscal para asegurar una recaudación justa y equitativa, logrando así un gasto social que garantice el pleno ejercicio de nuestros derechos.
