
Unas 7.000 personas de la Cañada Real, desde hace dos años, no reciben suministro eléctrico en sus viviendas.Viven a 14 kilómetros del centro de Madrid.
La Cañada Real Galiana es el mayor asentamiento irregular de España
Los primeros habitantes llegaron hace 70 años, como resultado del éxodo rural y aprovechando una ley que permitía construir casas de aperos. El asentamiento fue creciendo con el desmantelamiento de otros poblados chabolistas próximos a las áreas urbanas.
Hoy, los habitantes de la Cañada Real Galiana son más de 8.000, divididos en seis sectores, en terrenos pertenecientes a los municipios de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid. El 60% son españoles, gran parte de etnia gitana, y el resto magrebíes, portugueses, subsaharianos, sudamericanos e inmigrantes de Europa del Este. Es el mayor asentamiento irregular de España.
En los sectores I y II hay algunos chalés, pero la mayoría de las viviendas del barrio son muy humildes, con varias zonas de chabolas, sobre todo en los sectores VI y V, donde viven unas 4.000 personas (1.813 son niños y niñas), en su mayoría gitanas y magrebíes. Hay una mezquita, una parroquia, una iglesia evangélica…
La mayoría de las viviendas del barrio son muy humildes y hay varias zonas de chabolas
Hace dos años les cortaron el suministro eléctrico. Desde Naturgy, la empresa responsable del suministro, afirman que no se puede restablecer debido a una sobrecarga de la red por “elevados consumos no localizados”. Esos consumos se deben a enganches ilegales para plantaciones de droga que pueden ser identificados a simple vista. Y, según los vecinos, quienes cultivan las plantaciones no son los que sufren la falta de suministro. También hay un área dedicada a la venta de droga, lo mismo que en otros sectores de Madrid, fácilmente detectable.
En los últimos meses también han cortado la luz a los sectores II, III y IV, por lo que unas 7.000 personas no reciben suministro eléctrico en sus viviendas; algunas han comprado generadores que llenan de humo y ruido el entorno; otras han instalado paneles solares, a un costo muy alto y con suministro insuficiente para sostener aire acondicionado, ventilador, nevera, lavadora o calefacción en invierno.

El centro de salud les queda a más de una hora y media a pie. La Fundación La Mutua, junto a la organización El Fanal, han puesto un servicio de autobuses para que los chicos y chicas mayores de 16 años puedan acceder a centros educativos.
Si bien hay un plan para realojar a 160 familias en viviendas públicas del Ayuntamiento de Madrid, hasta el momento solo 37 están en trámite
En 2017 se firmó un pacto entre la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Rivas, Madrid y Coslada, para regularizar la zona. Pero a partir de 2019, debido a los cambios que se produjeron en las administraciones municipal y de la Comunidad de Madrid, todo cambió. Actualmente, la estrategia en esa zona se basa en el “realojo”, es decir, el desmantelamiento del asentamiento. Si bien hay un plan para realojar a 160 familias en viviendas públicas del Ayuntamiento de Madrid, hasta el momento solo 37 están en trámite.
La mayoría de los vecinos y vecinas insisten en que lo que les «urge» es «el restablecimiento de la luz». Quieren luz con contratos “para ser reconocidos como ciudadanos de pleno derecho». Solo después podrían hablar de realojos u otras soluciones. Muchos llevan más de 50 años en sus viviendas y no quieren irse.
Las empresas que realizan desarrollos urbanísticos próximos, presionan para el desalojo de la Cañada Real
Lo tienen difícil. En los terrenos que rodean el asentamiento -Valdecarros, Los Berrocales, El Cañaveral, Los Ahijones y Los Cerros- se realizan varios desarrollos urbanísticos que totalizan unas 100.000 viviendas, en los que participan importantes empresas constructoras, además de los grandes bancos. Esas empresas tendrán dificultades para vender las viviendas en urbanizaciones próximas a la Cañada Real y presionan a las autoridades para que desalojen a sus habitantes, quienes aseguran que el corte de la energía es una forma de forzarles para que dejen sus viviendas y sigan creciendo las grandes urbanizaciones.
¿Puede ser el corte prolongado de energía una estrategia para que abandonen sus viviendas?
En los últimos dos años, los vecinos de la Cañada han aprendido a organizarse, a defenderse y reivindican sus derechos por medio de varias asociaciones que han creado. El Defensor del Pueblo les ha apoyado exigiendo que las instituciones afronten y resuelvan la situación. En 2021, el Gobierno de España recibió varias llamadas de atención por parte de la ONU por la situación en la Cañada. Los vecinos han acudido incluso al Consejo de Europa.
Las autoridades no mueven un dedo. Todo indica que miles de personas pasarán el tercer invierno sin energía eléctrica lo que, previsiblemente, agravará aún más la ya difícil situación que se vive en la Cañada.