Hasta los 59°C alcanza la temperatura del desierto del Sáhara y las zonas remotas donde policías y cuerpos de seguridad de Marruecos, Mauritania y Túnez se deshacen de personas negras despojadas de todos sus derechos. Quienes sobreviven narran secuestros, extorsiones, torturas, violencia sexual, trata, ataques de perros azuzados por las fuerzas de seguridad y la muerte. ¿Para qué? Para evitar que migren a Europa.
El control migratorio europeo se traduce en un mecanismo de subcontrato disfrazado de cooperación internacional. En concreto, las autoridades europeas destinan dinero bajo el concepto de migration management, además de material de defensa, equipamiento y entrenamiento, a las fuerzas de seguridad de países de África –ya considerados frontera exterior de la UE– en los que no rige el Estado de derecho. Estos países utilizan estas herramientas en el formato de operaciones clandestinas, incluso en contra de aquellas personas que necesitan asilo o protección internacional.
Este esquema sistemático de racismo y violaciones a los derechos humanos, financiado por la Unión Europea (UE), fue revelado por una investigación internacional coordinada por Lighthouse Report junto a The Washington Post, Enass, Der Spiegel, El País, IrpiMedia, ARD, Inkyfada, Le Monde y porCausa.
Existe un esquema sistemático de racismo y violaciones a los derechos humanos, financiado por la Unión Europea, revelado por una investigación internacional coordinada por varios medios y porCausa, entre otros
El medio centenar de personas supervivientes con los que hemos hablado tienen un solo rasgo en común: todos son negros”, apunta José Bautista, periodista de porCausa y colaborador de Der Spiegel que participó en la investigación. Cada año, miles de personas, entre ellas mujeres, niños y solicitantes de asilo, son detenidas por su color de piel o interceptadas en el mar al intentar migrar a Europa. Después son trasladadas a cárceles de migrantes. En los tres países investigados, destacan los centros de detención en Mauritania, en las ciudades de Nouakchott y Nuadibú. Allí son despojados de todos sus enseres. Durante el encarcelamiento, que puede durar varios días, las autoridades no les suministran agua ni comida. Tampoco tienen acceso a baños ni contactos con abogados.
Desde allí, son transportados en autobuses y abandonados en zonas remotas, alejadas de la costa, a menudo en el desierto del Sáhara. En el caso de Mauritania, las autoridades abandonan a los migrantes en Gogui, en la frontera con Mali, una zona con alta presencia de grupos yihadistas. Se les deja en condiciones infrahumanas, sin comida, agua, dinero, teléfonos y a veces incluso sin zapatos. Entre las víctimas de este esquema también hay mujeres y niños.
Bautista cuenta que para la investigación se analizaron más de 1.000 contratos públicos. El equipo de periodistas accedió a documentos confidenciales de la Comisión Europea (CE), los Gobiernos de España e Italia, y de organizaciones internacionales como la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), también adscrita a Naciones Unidas. Esos documentos dan cuenta de estas prácticas en detalle. Asimismo, recabaron el testimonio de agentes de la Guardia Civil, policías y gendarmes desplegados en los tres países, además de diplomáticos y otras fuentes gubernamentales. La información fue contrastada con fuentes abiertas, fotos satelitales y videos suministrados por los supervivientes y obtenidos en redes sociales. “Los que hemos estado en el terreno hemos podido constatar que esto no es una práctica aislada”, concluye.
Los migrantes son despojados de todos sus enseres. Durante el encarcelamiento, las autoridades no les suministran agua ni comida, no tienen acceso a baños ni contactos con abogados. Desde allí son transportados en autobuses y abandonados en zonas remotas.
Hechos ocurridos con conocimiento de la UE, pese a estar ésta fundada bajo los valores de dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, estado de derecho y respeto a los derechos humanos, según establece el artículo 2 del Tratado de la UE y queda expreso en su carta de los derechos fundamentales. En su primer capítulo se establece que la dignidad humana es inviolable y que toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica. Así mismo, que nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratados inhumanos degradantes. También en su artículo 18 queda garantizado el derecho al asilo.
Control fronterizo subcontratado
El esquema de detenciones y abandonos que llevan a cabo Mauritania, Marruecos y Túnez tiene lugar con el conocimiento, financiación y apoyo de los gobernantes europeos. Para su funcionamiento, la UE entregó 1.500 millones de euros entre 2015 y 2020 a Marruecos, en parte provenientes de su Fondo Fiduciario de Emergencia para África.
En febrero de este año, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la presidenta de la CE, Ursula von Der Leyen, prometieron más de 500 millones de euros al Gobierno de Mauritania para combatir la migración irregular. En junio, la comisaria europea, junto a la primera ministra italiana, Georgia Meloni, y el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, comprometieron en torno a 1.000 millones de euros a Kaïs Saied, gobernante de Túnez, de los cuales más de cien millones de euros eran para control migratorio.
Tanto la UE como los Estados miembros entregan equipamiento y tecnología a estos países. Por ejemplo, Italia ha proporcionado 56 Nissan Navarra desde 2022 y Alemania 37 a la guardia nacional de Túnez, modelos que coinciden con los que las autoridades tunecinas usan para estas detenciones y abandonos. En el caso de Mauritania, el Ministerio del Interior ha enviado buses y camionetas que fueron vistas en las detenciones en ese país. En el caso de Marruecos, las fuerzas auxiliares recibieron más de 55 millones de euros para fortalecer la gestión de fronteras, dinero procedente del Fondo Fiduciario de la UE, lo cual quedó consagrado en una declaración conjunta del Ministro de Asuntos Exteriores Italiano y su homólogo tunecino en 2017.
El esquema de detenciones y abandonos en zonas remotas que llevan a cabo Mauritania, Marruecos y Túnez tiene lugar con el conocimiento, financiación y apoyo de los gobernantes europeos, que les entregan equipamiento y tecnología.
La implicación de España no termina ahí. A través de contratos de la FIIAPP, una agencia de cooperación adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, las autoridades españolas entregaron un elevado número de vehículos también a Marruecos con dinero procedente del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África, como revela la base de datos de Fundación porCausa. Así mismo, a través del proyecto POC Mauritania, implementado por la FIIAPP, España donó 4,5 millones de euros a Mauritania para ayudar a las autoridades en la lucha contra la migración irregular con formación, equipamiento y apoyo operativo. Actualmente, la FIIAPP está construyendo dos centros de detención de migrantes.
Diversas fuentes consultadas para esta investigación afirman que estas detenciones y abandonos ocurren al menos desde el año 2004. En noviembre de 2015, en la cumbre de la Valeta (Malta), la UE inició su apuesta por subcontratar a terceros países para combatir la inmigración irregular. Esta práctica, conocida como ‘externalización del control migratorio’, es resultado del paulatino aumento de la militarización fronteriza, la elevada presencia de los ministerios del interior en la gestión migratoria, el uso de mensajes de odio que apelan a la emocionalidad y la desterritorialización de las fronteras, tal como plantea el último informe de porCausa.
“Durante un tiempo, la UE favorecía reforzar la frontera: vallas, buques militares, para que nadie entrase. En el año 2015, con la mal llamada crisis de los refugiados, esto empezó a cambiar y se aumentó la apuesta por subcontratar a países terceros. Se empezó con Turquía, Libia, países de los Balcanes como Serbia o Macedonia. Ahora ese modelo crece y se redobla la apuesta: ya está normalizado”, explica Bautista.
Actualmente, este esquema se amplió a la mayoría de los países del Sahel, con transferencias millonarias de dinero, material y entrenamiento desde Europa a gobiernos dictatoriales para que hagan “el trabajo sucio contra los migrantes”, puntualiza Bautista. Destaca también que ese equipamiento se utiliza no solo para frenar a quienes migran sin alternativa segura, sino también para reprimir protestas pacíficas de profesores, periodistas y opositores. “Todo esto al final pervierte cualquier tipo de democracia”, concluye. Hoy esta externalización se ve potenciada y puesta en escena como uno de los elementos claves del último Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en abril de este año.
Hoy la externalización de fronteras se ve potenciada y puesta en escena como uno de los elementos clave del último Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en abril.
A pesar de las evidencias publicadas, tanto la CE como los Gobiernos europeos y las agencias involucradas niegan tener responsabilidad ni estar implicadas en prácticas que violan los derechos humanos. Es más, afirman que estas prácticas responden a la soberanía de cada país africano.
La Fundación porCausa contactó con la OIM y la FIIAPP para recabar su postura, pero no ha obtenido respuesta de la OIM en el momento de publicación de este artículo. Por su parte, la FIIAPP (dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores) afirma que todos sus proyectos “tienen los derechos humanos en el centro de su actuación”. Asegura que está “actualizando los acuerdos” sobre la entrega de tecnología, vehículos y materiales a gobiernos africanos, de los que dice “actúan en el marco de su soberanía” respecto al uso y responsabilidad de los materiales donados. La FIIAPP no aclara si tras la publicación de esta investigación puso en marcha algún cambio para evitar que esas entregas sigan usándose para detener, encarcelar y abandonar a personas migrantes en zonas remotas.
