Transcurridas apenas 12 horas del fin de la cumbre antipederastia convocada por el Papa Francisco en el Vaticano, resulta difícil calibrar cuál será el alcance de esta reunión calificada muchas veces de histórica, pero que termina sin que la Iglesia haya anunciado ninguna medida concreta para atajar una crisis que está destruyendo su credibilidad. Las víctimas, que reclamaban pasar de una vez por todas de las palabras a los hechos, han expresado su desaliento y decepción en términos durísimos.
Víctimas de abusos sexuales, expertos y seguidores del tema contemplaban la cumbre –que ha reunido en el Vaticano a 190 participantes, incluyendo los presidentes de 114 conferencias episcopales y superiores de órdenes religiosas masculinas y femeninas– con una mezcla de esperanza y escepticismo. Esa balanza de sentimientos se inclinaba en la mayor parte de los casos hacia la incredulidad y parece que los peores augurios se han visto confirmados.
El único, débil y tenue hilo de esperanza es el anuncio hecho por el ex portavoz vaticano y miembro de la comisión organizadora de la cumbre Federico Lombardi de que en los próximos días se adoptarían medidas concretas tras un periodo de reflexión acerca de lo hablado en el Vaticano entre el 21 y el 24 de febrero. Dichas medidas incluirían la creación de un grupo de expertos en las conferencias episcopales y diócesis y la elaboración de un «vademécum» para que los obispos conozcan claramente cómo actuar. Nada que no figure en las recomendaciones impulsadas desde la Comisión Pontificia para la Protección de Menores desde hace años.
Todo esto queda muy lejos de las acciones radicales y enérgicas que reclamaban las víctimas: expulsión inmediata del sacerdocio de los abusadores y encubridores, apertura de los archivos vaticanos acerca del tema y creación de comisiones de investigación en los distintos países para averiguar el verdadero alcance de los abusos.
La rabia era evidente en las palabras con las que Miguel Ángel Hurtado, víctima de abusos a manos de un monje de la abadía de Montserrat cuando tenía 16 años y portavoz de las organizaciones Terminemos con el Abuso de los Sacerdotes (ECA, según sus siglas inglesas) e Infancia Robada, valoraba el resultado final de la cumbre: “El discurso (final) del Papa ha sido una bofetada a las víctimas”, señaló. “El diablo no está fuera de la Iglesia. El diablo es la jerarquía católica”, dijo.
La verdad es que el discurso del Papa –que al comienzo de la cumbre había reconocido por enésima vez la necesidad de “medidas concretas y eficaces” para atajar la crisis de abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia– fue un jarro de agua fría para los que esperaban un verdadero giro en el rumbo de la Iglesia. No solo no anunció ninguna medida, sino que dedicó buena parte de su alocución a hablar del problema de los abusos fuera del ámbito la Iglesia.
¿Una maniobra política para calmar la ansiedad de los numerosos cardenales y obispos que siguen insistiendo en que las denuncias por abusos sexuales a menores son una campaña contra la institución? Tal vez. Si es así, cabría decir que un Papa que suele leer bien la realidad y los sentimientos de la gente ha vuelto a resbalar como ya resbaló en Chile al pedir a las víctimas “pruebas” de los abusos. Todos los observadores y expertos aseguran que es tarde para maniobras políticas propias de las conjuras de los Borgia en este asunto y que la Iglesia tiene que actuar de verdad contra los abusos o perderá toda su credibilidad
El Papa también aseguró en su discurso que “La Iglesia no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales crímenes. La Iglesia nunca intentará encubrir”. Pero se trata una vez más de palabras. Palabras que no son, además, nuevas.
Palabras, palabras
Es lo único en lo que ha sido abundante la cumbre: palabras. Palabras desafortunadas, como cuando el Pontífice aseguró sin venir muy a cuento que “cualquier feminismo es un machismo con faldas”. Palabras que revelan –o, más bien, corroboran– hechos escandalosos, como las del cardenal alemán y arzobispo de Múnich Reinhard Marx. El prelado admitió que expedientes que documentaban casos de abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia “han sido destruidos” por los funcionarios de la Iglesia. Su conclusión es tan triste como lógica: “los derechos de las víctimas han sido pisoteados”.
El arzobispo de Chicago, el cardenal Blaise Cupich, advirtió durante su alocución en la segunda jornada de la cumbre que la denuncia de un delito “no debe verse obstaculizada por el secreto oficial o por normas de confidencialidad”, lo que alimentó las especulaciones acerca de la posibilidad de poner fin al secreto pontificio que rodea todos los procesos canónicos de pederastia. Las palabras de monseñor Cupich coincidieron con las de Linda Ghisoni, experta en Derecho Canónico y subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, quien abogó por revisar la normativa del secreto pontificio. No hay ninguna indicación de que esto vaya a ser así.
La voz de las víctimas –a través siempre de grabaciones de vídeo o audio o lecturas, pues sus representantes no fueron llamados a participar en la cumbre– se dejó oír también en el Vaticano. Especialmente impactante fue el testimonio que abrió la cumbre, en el que una mujer explicaba: “Desde que tenía 15 años mantuve relaciones sexuales con un sacerdote durante 13 años. Estuve embarazada tres veces, y las tres él me hizo abortar. Simplemente porque no quería ponerse un preservativo ni usar un método anticonceptivo”.
Mientras esto sucedía en el Vaticano en todo el mundo se acumulaban las declaraciones de víctimas contando sus casos. Desde México, el testimonio de Jesús Romero Colín dejaba claro, con una sola frase, las profundas consecuencias de la pederastia eclesial: «Sentí como si Dios abusara de mí».
Avalancha de casos en España
En España, los medios de comunicación se han llenado estos días de declaraciones de víctimas como Javier Paz, abusado durante una década por el sacerdote Isidro López en Salamanca; Francisco Javier, quien sufrió abusos por parte del sacerdote José Manuel Ramos Gordón en el Seminario Menor de la Bañeza en la diócesis de Astorga, o Emiliano Álvarez, abusado también en este seminario por el sacerdote Ángel Cao.
El medio de comunicación que más casos de abusos de abusos a manos de sacerdotes católicos en España ha expuesto en los últimos meses, El País, resumía en un magnífico artículo cómo ha cambiado la perspectiva sobre el tema en los últimos meses. Desde que empezó su serie de artículos sobre la pederastia dentro de la Iglesia, sus redactores han recibido casi 200 denuncias y han documentado 19 casos anteriormente no conocidos. Casi la mitad de los 36 que habían salido a la luz en los últimos 30 años.
Frente a lo que comienza a ser una avalancha de casos que todo indica está destinada a crecer, la Iglesia española ha reaccionado con doblez. Por un lado pide perdón, insiste en que los abusos son pecados y crímenes horribles y anuncia una reforma de sus protocolos de actuación para llevar todos los casos ante la justicia civil. Por otro, sus portavoces siguen dejando caer que es víctima de una especie de conjura mediática –el secretario general de la Conferencia Episcopal Española Luis Argüello declaraba hace unos días en un ingenioso juego de palabras que “enfocar el tema de los abusos a menores solo en la Iglesia es desenfocarlo”– y se niega a facilitar a Fiscalía, como lo reclamó la ministra de Justicia, Dolores Delgado, los datos sobre casos de pederastia que obran en su poder.
Visto lo visto estos días, hay que reconocer varias cosas. Primero, la oportunidad de esta cumbre. Segundo, la falta de valor para llevarla hasta sus últimas consecuencias. Está claro que la Iglesia debe pasar de las palabras a los hechos y que, o en las próximas semanas anuncia medidas concretas o el interrogante que figura en el titular de este artículo deberá ser borrado para rendirnos a la triste evidencia de que la Iglesia Católica no va a proveer a las víctimas de pederastia en su seno de la verdad, justicia y reparación que tan desesperadamente necesitan y tan absolutamente merecen.
Los 21 puntos
En la primera jornada de la cumbre, el Papa Francisco enumeró 21 puntos para la reflexión de los participantes en el encuentro. Es lo más parecido a una lista de medidas que ha salido de la cumbre, pero las víctimas y analistas señalan que no son medidas nuevas ni suficientes, y que son acciones que la Iglesia ha apostado por asumir, sin terminar de hacerlo, desde hace años. Aún así, hacerlas de cumplimiento obligatorio por todas las conferencias episcopales, órdenes religiosas y diócesis supondría un gran paso adelante. Al parecer, el Papa Francisco no se ha sentido con la fuerza necesaria para imponerlas.
- Elaborar un vademécum práctico en el que se especifiquen los pasos a seguir por la autoridad en todos los momentos claves de la emergencia de un caso.
- Establecer instalaciones de escucha, compuestas por personas preparadas y expertas, donde se realice un primer discernimiento de los casos de las presuntas víctimas.
- Establecer criterios para la participación directa del Obispo o del Superior Religioso.
- Implementar procedimientos compartidos para el examen de las acusaciones, la protección de las víctimas y el derecho de defensa de los acusados.
- Informar a las autoridades civiles y a las autoridades eclesiásticas superiores de acuerdo con las normas civiles y canónicas.
- Realizar una revisión periódica de los protocolos y de las normas para salvaguardar un ambiente protegido para los menores en todas las estructuras pastorales.
- Establecer protocolos específicos para la gestión de las acusaciones contra los Obispos.
- Acompañar, proteger y cuidar a las víctimas, ofreciéndoles todo el apoyo necesario.
- Incrementar la conciencia de las causas y de las consecuencias de los abusos sexuales a través de iniciativas de formación permanente de sacerdotes y religiosos.
- Preparar caminos para el cuidado pastoral de las comunidades heridas por los abusos, así como itinerarios penitenciales y de recuperación para los culpables.
- Consolidar la colaboración con todas las personas de buena voluntad y con los operadores de los medios de comunicación para poder reconocer y discernir los casos verdaderos de aquellos falsos.
- Elevar la edad mínima para contraer matrimonio a 16 años.
- Establecer disposiciones que regulen y faciliten la participación de expertos laicos en las investigaciones.
- El derecho a la defensa: es necesario salvaguardar el principio de derecho natural y canónico de la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad del acusado.
- Observar el tradicional principio de la proporcionalidad de la pena con respecto al delito cometido.
- Introducir reglas concernientes a los seminaristas y candidatos al sacerdocio o a la vida religiosa que permitan consolidar su madurez humana, espiritual y psicosexual.
- Efectuar para los candidatos al sacerdocio y a la vida consagrada, una evaluación psicológica realizada por expertos cualificados y acreditados.
- Indicar las normas que rigen el traslado de un seminarista o aspirante religioso de un seminario a otro; así como de un sacerdote o religioso de una diócesis o congregación a otra.
- Formular códigos de conducta obligatorios para todos los clérigos, los religiosos, el personal de servicio y los voluntarios para delinear los límites apropiados en las relaciones personales.
- Enseñar a reconocer los signos de abuso y cómo denunciar las sospechas de abuso sexual.
- Es necesario que se instituya, allí donde aún no se ha hecho, un órgano de fácil acceso y autónomo para las víctimas que deseen denunciar eventuales delitos.
Algunas de las historias que me contaron para que las contase las recogí en dos libros: "Historia del Brasil" y "Lobos con piel de cordero. Pederastia y crisis en la Iglesia Católica".
Desde que en primera adolescencia (creo que voy por la tercera, aunque me estoy quitando) leí "Cien años de soledad" quise ser Gabriel García Márquez.
Aunque por supuesto no lo he conseguido, por el camino conseguí viajar numerosas ocasiones a América Latina y algunas a
África; escribir reportajes sobre Brasil, Ecuador, Cuba, Chad o Mozambique y trabajar para una organización de derechos humanos a la que respeto mucho y para las Naciones Unidas.
En el campo de la cultura, fui parte del equipo político de la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha y del equipo de prensa del Círculo de Bellas Artes.
Hablando de guerras y otras injusticias, soy de los que pienso que las cosas tienen que cambiar, aunque es difícil que lo hagan.
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