En su libro «Lo que han oído es cierto», la poeta y activista de los derechos humanos norteamericana Carolyn Forché narra cómo a finales de los años setenta viajó en distintas ocasiones a El Salvador y se implicó en la denuncia de las numerosas atrocidades que el Gobierno salvadoreño y sus fuerzas militares y paramilitares cometían contra los miembros de movimientos campesinos, sindicales y estudiantiles que reclamaban un país más justo.

En la primera escena de sus memorias “de testimonio y resistencia”, Forché cuenta cómo en la casa de un poblado en el que se acaba de cometer una masacre descubre el cuerpo de un hombre terriblemente mutilado. Su cabeza sin ojos, labios ni lengua yace separada del cuerpo. Concluye el relato con una frase demoledora: “Ese día aprendí que una cabeza humana pesa unos dos kilos y medio”.

Si alguien piensa que esta narración es una licencia poética, puede contrastarla con la aséptica información sobre la matanza de El Mozote incluida en el informe de la Comisión de la Verdad de la ONU sobre la guerra civil de El Salvador: “Fueron apresados por unidades del Batallón Atlacalt sin resistencia todos los hombres, mujeres y niños que se encontraban en el lugar. Después de pasar la noche encerrados en las casas, el día siguiente fueron ejecutados deliberada y sistemáticamente, por grupos. Primero fueron torturados y ejecutados los hombres, luego fueron ejecutadas las mujeres y, finalmente, los niños”. En 1992, un equipo de arqueólogos, antropólogos y forenses excavó el lugar de ejecución de los niños. Su informe habla de un mínimo de 143 víctimas. La incertidumbre sobre el total se debe a “las masivas lesiones”, “el grado de mezcla de los restos” y “la extensa fragmentación de las partes del cuerpo”.

En El Salvador, la guerra civil entre un ejército que contó con amplio respaldo de los Estados Unidos y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), apoyada por Nicaragua y Cuba, se cobró alrededor de 75.000 víctimas mortales en 12 sangrientos años. El 85% de las mismas fueron abatidas, asesinadas o desaparecidas por fuerzas militares o paramilitares.

El Salvador no fue un caso único en Centro América. En la vecina Nicaragua miles de personas murieron durante la sangrienta dictadura hereditaria de los Somoza, la revolución sandinista que la derrocó y la lucha contra la guerrilla de la contra, patrocinada por los norteamericanos.

En su esfuerzo por evitar que el eslogan del Che de “crear dos, tres Vietnams” se convirtiese en realidad, los Estados Unidos también financiaron generosamente a los sucesivos gobiernos y juntas de Guatemala, quienes emplearon contra la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y la población indígena métodos de lucha extremadamente crueles, bombardeos indiscriminados incluidos. Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante más de 30 años de guerra civil (1962-1996).

Entre los años sesenta y ochenta, Centro América fue sinónimo de guerra civil y violaciones masivas de los derechos humanos. Hoy sigue siendo una región asolada por la violencia. Si bien el absurdo de países enteros sometidos a la violencia de las maras es distinto al horror de las guerras civiles de entonces, hay muchos que no dudan en trazar una línea de continuidad entre aquella y esta sangre. Ayer como hoy, una cabeza humana sigue pesando más o menos dos kilos y medio. Ayer como hoy, siguen siendo demasiadas las que en la región se entregan a la tierra antes de tiempo.