El Estado Plurinacional de Bolivia está atravesado por un profundo conflicto social y racial en el que los descendientes de los pueblos originarios, desde hace varios siglos, viven bajo el yugo de cierta parte de la población mestiza y blanca que está compuesta por migrantes europeos, árabes y japoneses, que habitan los lugares más ricos del país.

En este escenario Evo Morales, que es el primer mandatario perteneciente a un pueblo originario, implementó a partir de 2006 políticas a través de las cuales redujo a la mitad la pobreza extrema; inauguró miles de centros públicos de salud; garantizó el acceso al agua potable a más del 85% de la población; entregó títulos de tierras a campesinos e indígenas;  destinó el 14% del presupuesto a la educación; propició que la mujer ocupe cargos relevantes en el ámbito político; reservó el 67% de las licencias en telecomunicaciones para el Estado y las organizaciones comunitarias e indígenas; decretó la estatalización de los recursos hidrocarburíferos del país, etc.

En este escenario de creciente equidad y bienestar, el pasado 20 de octubre se desarrollaron elecciones presidenciales en las que Evo Morales se proclamó triunfador. Sin embargo la oposición sentenció que los sufragios fueron fraudulentos, se movilizó con violencia, atacó y amenazó de muerte a los integrantes del gobierno y sus familiares.

Teniendo en cuenta la situación de su país, y considerando que también la OEA planteó que las elecciones tuvieron irregularidades, Evo Morales decidió convocar nuevamente a elecciones. Sin embargo tanto la policía como las fuerzas armadas bolivianas se acuartelaron y le solicitaron al presidente boliviano que renunciara cuestión que finalmente hizo para evitar que su país se tiñera de sangre.

Según el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres de Argentina en estos acontecimientos puede verse un golpe de Estado en el que otra vez se contempla «la voluntad popular pisoteada por intereses foráneos en oscura complicidad con minorías de nuestros países que no quieren renunciar a sus privilegios de clase, sembrando el odio como respuesta al crecimiento en dignidad de las clases populares.»

Por su parte la oposición afirma que buscó que se respete la Constitución que prohíbe, como era la actual situación de Evo Morales, que un presidente esté en el poder por más de dos mandatos consecutivos.  Ahora bien, este discurso, que intencionalmente omite que el Tribunal Constitucional había habilitado al mandatario a presentarse en las elecciones ya que había sentenciado que su derecho a participar en política está por sobre la Constitución, es hipócrita ya que no condena de igual manera a la senadora de derecha Jeanine Áñez quien -por fuera de todo marco legal y normativo- se autoproclamó presidenta interina de Bolivia sin que haya existido quórum legislativo que avale su auto nombramiento ni acepte la renuncia de Evo Morales.

Mientras los golpistas muestran crucifijos, mienten y siembran odio y muerte en su andar, la vida institucional y social de Bolivia cruje ya que éste fue un golpe de Estado orquestado por la derecha blanca boliviana que siente un odio histórico contra los descendientes de los pueblos originarios y su creciente adquisición y ejercicio de derechos.  Así mismo no son pocos los que sostienen que este golpe certero a la democracia fue perpetrado y financiado por los grandes grupos económicos mundiales que, apoyados por las clases dominantes locales, anhelan tener bajo su control la explotación del litio.

Seguramente por su origen, y por su interés de clase en favor de los más postergados, Evo Morales es odiado por la derecha de su país que logró momentáneamente alejarlo del poder político de su país.  Sin embargo esta derecha rancia jamás podrá quitarlo del corazón de los más humildes que con anhelo e ilusión aguardan que su líder, que tuvo que pedir asilo en México para salvar su vida, pueda volver a su tierra para continuar construyendo un Estado Plurinacional de Bolivia más equitativo e igualitario.