Desde 1995 el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que cerró sus puertas el pasado 31 de diciembre, se ha encargado de juzgar y condenar a los 61 principales causantes de la matanza que los extremistas de la etnia hutu perpetraron durante cien días contra la etnia tutsi y que finalmente se saldó con el asesinato salvaje de 800.000 personas de ambas comunidades en 1994 sin que la comunidad internacional fuera capaz de impedirlo. Este tribunal ha sido el primero de la historia en fallar contra responsables de un genocidio, aunque las penas máximas han sido de cadena perpetua y no de muerte, una decisión que la propia ciudadanía ruandesa no acaba de entender. Entre los condenados se encuentran mandos militares, políticos y religiosos.
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