A nuestros pastores, en la asamblea plenaria de octubre del año pasado, se les ocurrió entregar a Cáritas 1,9 millones de euros, correspondientes al 1% del Fondo Común Diocesano. “La Iglesia no puede quedarse al margen de las necesidades de los más desposeídos”, explicaba Santiago García Aracil, arzobispo de Mérida-Badajoz y Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Después, algunos prelados en sus mensajes cuaresmales han promovido acciones similares.
El obispo de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos, propuso a todos los cristianos de la Diócesis, empezando por él, que se aprieten el cinturón por eso de solidarizarse con la crisis. En concreto, invitó a entregar el diez por ciento del salario a Cáritas Diocesana para los afectados por la situación económica, así como recortar, por parte de los empresarios cristianos, las ganancias económicas en favor de mantener los puestos de trabajo, evitando los despidos. En su carta pastoral recordaba que, “frente a un mundo de desigualdades y de miserias, volcado en ganar, gastar y gozar, Jesús nos propone que sólo cabe compartir, como en la multiplicación de los panes (Mc 19, 1-19), desacralizar las riquezas como en la escena del joven que quiere seguir a Jesús (Mt 19, 16-22) y apasionarse por la justicia y la solidaridad, como nos describe el juicio de las naciones (Mt 19, 16-22)”.
Otros prelados, como los de Segovia, Orihuela-Alicante y Ciudad Real, pidieron a sus fieles que donaran también parte de sueldo a Cáritas.
La Conferencia Episcopal Italiana llegó a firmar un acuerdo con la asociación de la banca de su país para crear un fondo de 30 millones de euros dirigido a las familias en dificultades económicas. Ese dinero se recaudaría en las parroquias de todo el territorio nacional, según afirmó monseñor Mario Crociata el 31 de marzo. Los préstamos, que serán anuales aunque pueden ser renovados por un segundo año, serán devueltos en un plazo de hasta cinco años, una vez que los beneficiados hayan encontrado trabajo, y con unos intereses mínimos. Crociata aseguró que entre unas 20.000 y 30.000 familias podrán acogerse a estos préstamos. Las familias deberán estar formadas por parejas casadas, aunque sólo sea por lo civil y tener más de tres hijos o con algún miembro discapacitado o anciano.
Las iniciativas oficiales de la Iglesia, por más que puedan ser valiosas, aún no expresan una apuesta decidida por hacer justicia a los empobrecidos y transformar el pecado estructural que fomenta la desigualdad. Sin duda, todavía puede hacer más, empezando por introducir también criterios éticos y de transparencia en su funcionamiento interno, especialmente el que afecta a la gestión de sus finanzas. El catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla y autor de “La crisis financiera. Guía para entenderla y explicarla”, Juan Torres, acusaba al Instituto para la Obra de la Religión, que es el banco central del Vaticano, de ser un paraíso fiscal. Algo que, de ser como dice este prestigioso profesor, supone una quiebra total en la credibilidad y confianza de la Iglesia.
