En el mes de mayo, se dio a conocer la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos que ha juzgado desde el pasado viernes 14 los ventisiete casos documentados de violaciones de derechos humanos cometidos por multinacionales europeas en América Latina con el apoyo de las instituciones y gobiernos de la Unión Europea. En el acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el presidente del Tribunal, el magistrado español Perfecto Andrés Ibáñez, ha presentado la sentencia. Entre las alegaciones se pide «a los Estados miembros la adopción de normas nacionales que garanticen el acceso a su jurisdicción nacional civil y penal por parte de las víctimas de abusos de derechos humanos o contra el medio ambiente, cometidos fuera de la Unión Europea por parte de una empresa o una de sus filiales con sede en un Estado miembro«.
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