Desde Cuba nos llega esta crónica muy pegada a la realidad de un país que, aunque acostumbrado a inventar, está viviendo una de las peores crisis de su historia. Ahogado por la falta de suministros y por, como dice Sara Más, “problemas y pesares acumulados”, la isla caribeña, en el pasado símbolo de tantas cosas, es un país que, hoy por hoy, vive sin ver la luz.

Es 10 de julio de 2026 y Cuba se sumerge, nuevamente, en la oscuridad total. Esta es la novena caída del Sistema Electroenergético Nacional desde octubre de 2024. Solo que esta vez hay más problemas y pesares acumulados. Cuando se restablece el servicio, muchas personas no se enteran, apenas notan diferencia porque entran en apagón nuevamente. Ya no saben cuándo caen en uno u otro ciclo de oscuridad.
Hace ya tiempo que el déficit de generación eléctrica rige la vida de cubanas y cubanos, pero cada día es peor, con lapsos más cortos de alivio y electricidad generada por plantas de infraestructura crítica y desgastada, sin el mantenimiento adecuado ni el combustible idóneo para hacerlas funcionar.
Todo ha empeorado y se ha hecho más dramático desde inicios de este año: bajo las presiones y sanciones de Estados Unidos, no se ha recibido combustible desde el exterior.
Los apagones no traen solo oscuridad, desvelos y noches calurosas: falta el agua de forma crítica en los hogares, se echan a perder los alimentos, es imposible beber agua fría ni siempre refrescarse tomando un baño, hay que lavar y cocinar cuando se pueda, a cualquier hora que llegue la luz…
La gente expone su inconformidad como puede: toque de cazuelas en el apagón, desahogos digitales por Internet o en medio de la calle, donde la existencia y el desasosiego constantemente se comentan. Las redes sociales son termómetros de expresión donde dejan las trazas de sus días y reclaman mejoras que, con urgencia, sienten que tardan en llegar.
“Tres horas. A veces ese es el tiempo oficial para trabajar, lavar, cocinar, bañarme, cargar el móvil, la laptop, la lámpara, los ventiladores, los power bank y, si queda un huequito… vivir”, escribía en junio en su perfil de Facebook Yainiris Díaz, creadora digital y fundadora del proyecto Sugiero Cuba. Y añadía: “Lo más agotador del apagón no es el apagón en sí, es la negociación mental”.
Días después, el 12 de julio, la publicación de otra emprendedora retrata el agravamiento de lo que se vive: “Luego de 51 horas sin electricidad, finalmente vimos la LUZ. Aún estamos sin agua, 11 días y contando. El gas falla a momentos y casi sin conexión, Playa. La Habana”, anota Yulieta Hernández.
Un contexto duro y complejo
El contexto interno es duro y complejo. Casi toda Cuba ahora mismo la está pasando muy mal, en una situación de crisis humanitaria ya reconocida por todas las partes.
Unos absolutizan el peso de las sanciones de Estados Unidos y lo culpan de todo. Otros apuntan a erradas políticas internas, sin una estrategia previsora y certera que permitiera dinamizar la economía, mortalmente deprimida hoy. Tampoco faltan quienes apuntan hacia el abandono estatal y la acumulación de problemas que van desde la sanidad y la higiene pública en las calles -donde hace años se acumulan por días montañas de desechos sin recogida- hasta el adecuado funcionamiento de los bancos o el empobrecimiento y la desprotección de las poblaciones más envejecidas, con precarios ingresos que no alcanzan para comer lo mínimo y sostenerse, entre otros muchos dilemas. A todos, en parte, les asiste la razón.

En medio de la peor crisis de su historia más reciente, la nación caribeña se sumerge en una dinámica cotidiana que empeora y pareciera no tener fin. Casi sin transporte, medicamentos ni combustible, con una inflación que encarece por días el consumo de alimentos, servicios y artículos necesarios, la gente intenta seguir haciendo su vida como si nada pasara, cuando ya les ha pasado todo. De ese modo es difícil sostener una existencia medianamente normal. Internamente se vive lo que ya analistas locales definen como una policrisis.
Para la socióloga cubana Mayra Espina, se explica como una crisis múltiple cuyas expresiones en los ámbitos económico, migratorio, social y de los servicios, entre otros, hacen muy difícil la capacidad de reproducción y sobrevivencia, avizoraba en entrevista con SEMlac hace dos años.
Unos 96.387 pacientes, de ellos 11.193 niñas y niños, esperaban en marzo último poder acceder a una operación quirúrgica, según datos oficiales de Salud Pública. Cifra que ya debe ser mucho mayor. La misma fuente informaba que la intermitencia en el transporte refrigerado, por falta de combustible, impedía que más de 30.000 niños recibieran sus vacunas, aseguradas en los almacenes.
Entre 2020 y 2024, Cuba perdió más de 1,4 millones de personas por migración, indican reportes de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). Emigrar es una de las estrategias de salida a la crisis a las que acude la población y una alternativa para sostener a las familias con el envío de ayudas y remesas, o para reencontrarse luego fuera del país.
La escasez de combustible, la suspensión de vuelos internacionales y la crisis energética han impactado fuertemente al turismo, uno de los sectores más importantes para la economía cubana y estimada como su segunda fuente de ingresos en divisas. Entre enero y marzo últimos, apenas se recibió 298.057 visitantes extranjeros, indica la ONEI: una caída del 48 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
Medidas tardías y desfasadas
Con limitaciones reales para acceder a financiamiento internacional, importar alimentos, insumos, productos básicos y tecnologías; en un momento crítico de presiones externas e internas, el gobierno cubano adoptó a mediados de junio un paquete de 176 medidas en los ámbitos empresarial, agrícola, bancario, inversionista y otros, presentadas por el presidente Miguel Díaz Canel ante el Pleno del Partido Comunista de Cuba como reformas para preservar el socialismo y mejorar la calidad de vida de la población. Para muchos se trata, sobre todo, de salvar un país que vive la encrucijada económica y geopolítica más difícil, en las peores condiciones para reconstruirse.
Entre otros cambios, se promueve la descentralización empresarial y un papel más activo del mercado, se abren sectores de la economía –incluido el bancario e inmobiliario– al capital privado y extranjero, se expande la empresa privada, se autoriza la apertura de empresas estatales a accionistas privados, se modifica la gestión y uso de la tierra y se anuncia que se permitirá la venta de propiedades estatales a personas jurídicas y naturales (nacionales y extranjeras), incluidos cubanos residentes en el exterior.

El listado, imposible de recoger en pocos párrafos, habla también de que el sector privado pueda importar y vender combustibles, incluido el comercio minorista; autoriza la importación directa de insumos agrícolas y su comercialización; se enfoca en el subsidio a personas necesitadas y no a productos; autoriza el teletrabajo desde el exterior y la entrada al país de cadenas de tiendas internacionales, marcas y franquicias.
Acogidas por algunos con entusiasmo, aun reconociendo que llegan tarde y desfasadas; recibidas a la vez con escepticismo por quienes no les avizoran un impacto inmediato favorable para sus vidas, lo cierto es que estas medidas, aún muy recientes, llegan en uno de los momentos más complejos para mover cualquier economía o sociedad.
Entre economistas y analistas parece haber un punto de frecuente coincidencia: desde hace mucho el país necesitaba de reformas; de esas y seguramente de muchas más que garanticen el proceso de cambios y su implementación. Echarlas a andar es hoy el gran desafío, en un país paralizado, sin combustible, en crisis múltiple, bajo presión externa, desgaste interno y sin haber podido avanzar, al menos públicamente, en una negociación con el gobierno de Estados Unidos, crucial también en esta ecuación.
Mientras tanto, conviven en la población cubana resiliencia y cansancio, se disputan el espacio las ingeniosas estrategias de sobrevivencia y el agotamiento mental, se contraponen la iniciativa y el agobio, el ímpetu y la inconformidad. Los plazos de la vida funcional siguen dependiendo del tiempo que dure la electricidad en el barrio, la casa o el trabajo. Esos plazos también se acortan y la gente sigue necesitando, todo el tiempo, ver la luz.
