Recuperar los bienes comunes, reivindicar el buen vivir

Los desafíos sociales (la desigualdad creciente) y medioambientales a que tendrán que hacer frente nuestras sociedades a lo largo de los próximos años nos obligan a repensar el modelo de sociedad en el que vivimos. Para repensar podemos volver la vista atrás y también hacia otras partes del planeta.

Algunos hablan de la recuperación de los comunes, que tienen un origen histórico en las tierras comunales y otros elementos, como los existentes en el ámbito más rural: un horno, un molino para triturar los cereales, el agua para regar… Existían en economías precapitalistas y eran bienes gestionados por comunidades pequeñas, eran bienes públicos a los que todo miembro de la comunidad podía tener acceso. Una cierta definición del concepto: un recurso se convierte en común cuando la comunidad o red de personas se encarga de su cuidado. Los comunes formaban parte fundamental de las estructura jurídico-política de la primera Edad Media europea antes de que la progresiva liberalización los fuera privatizando.

Los bienes comunes eran bienes públicos a los que todo miembro de la comunidad podía tener acceso.

Suponen crear una cierta comunidad que defina qué se comparte y cómo se comparte. Y se pone en valor la reciprocidad empática distinta de la reciprocidad monetaria o instrumental del dar esperando algo a cambio. Suponen un autogobierno local de los recursos compartidos. Suponen la creación de modos de autoadministración donde todos los miembros son participes y recuperan las producciones más locales. Se crean mecanismos de decisión que no descansan sobre la deliberación y el diálogo, sino que se otorga una especial importancia tanto al resultado del proceso deliberativo como al proceso mismo. En el ámbito de los valores, sustituyen el imperativo de «tener» por sistemas productivos donde hacer juntos y compartir herramientas para la producción.

Todas las manifestaciones de comunes apuntan a una nueva manera de entender la propiedad con un marcado componente relacional, cuestionando la absolutez de la propiedad privada. El pensamiento hegemónico occidental ha conseguido aniquilar la memoria histórica en torno a este derecho. En el Código de Justiniano (años 528-534), fundamental para entender la codificación posterior de nuestro Derecho Civil, observamos que se clasificaba la propiedad en: res pública, que el Estado poseía y administraba en nombre de los ciudadanos ( infraestructuras…); la res communis, donde una comunidad era la propietaria (por ejemplo, de parcelas de suelo); la res nullius, que no era propiedad de nadie (la atmósfera, los océanos, los peces, los animales salvajes…); y, finalmente, la res privatae, que actualmente parece construirse en el imaginario colectivo como única forma de posible propiedad.

En la actualidad adoptan multitud de nombres y se establecen a menudo dentro del marco de la economía llamada social: el cooperativismo y las plataformas digitales cooperativas, la economía del bien común, el neo-ruralismo o el movimiento por el decrecimiento. Algunas de estas inciden en algún aspecto concreto de nuestra vida en común, aun ofreciendo alternativas al modelo sociopolítico actual: los movimientos de profundización democrática, la lucha por una vivienda digna, las cooperativas de consumo, las de producción agrícola… Últimamente, algunos autores han llegado a incluir en el marco de los comunes las comunidades virtuales creativas ligadas a las redes digitales globales, comunidades que irían desde la Wikipedia, como enciclopedia gratuita y colaborativa, hasta las más polémicas monedas digitales realizadas con tecnología blockchain. El mundo digital, sin duda, amplía el marco de gestión y aplicación de los principios de los comunes, pero comporta igualmente peligros específicos que pueden desvirtuar la misma lógica comunitaria convirtiéndola en subordinada de las nuevas formas de individualismo y explotación, o incluso al reforzamiento de los principios de propiedad privada. En definitiva, activar la lógica de los comunes requiere incluir un acceso igualitario universal y global de todos los recursos, pero también una lógica anticonsumista.

En la actualidad los bienes comunes adoptan multitud de nombres y se establecen a menudo dentro del marco de la economía llamada social

Cada común responde y plantea de maneras diferentes estas características descritas. Por ejemplo, no es lo mismo una cooperativa de consumo que una cooperativa agrícola, una red digital compartida, un grupo de pescadores que comparten una zona del litoral o utensilios como redes o embarcaciones, un grupo de campesinos que comparten el uso de tierras, del agua…

Los comunes cuestionan muchos de los valores hegemónicos actuales: la noción de éxito personal, la libertad atomizada, la relación del individuo con la naturaleza, el individualismo, la primacía del derecho de propiedad…

Los comunes, hasta hoy y de manera inevitable, están llamados a interactuar con el resto del sistema económico y social para proveerse de (o proveer de) bienes y recursos. La economía de estos comunes, pues, difícilmente será independiente del sistema actual, ya que muchos de los eslabones de su funcionamiento solo se encuentran en mercados regidos por las reglas del sistema capitalista.

Sus propuestas, parciales, incluso experimentales, abren espacios alternativos de organización que buscan asegurar un futuro sostenible para la humanidad. Los cambios postulados también requieren transformaciones similares en el seno del modelo educativo que, particularmente en Occidente, se encuentra subordinado a las necesidades del sistema económico-social vigente. Otras culturas con nombres diferentes mantienen planteamientos parecidos. Así en América Latina se habla de la Sumak Kawsay (el Buen vivir), una filosofía de vida basada en la armonía del individuo con la comunidad, con los otros seres vivos y la naturaleza, o en las lenguas bantúes africanas con la palabra Ubuntu (yo soy porque nosotros somos y como nosotros somos, yo soy), que genera una forma diferente de convivencia. A finales del siglo XX, gracias a las luchas de los pueblos indígenas, algunas constituciones como la boliviana o la ecuatoriana proporcionan amparo legal a los comunes del Buen vivir.