En 2023, un grupo de familias del Poblenou (Barcelona) puso palabras a una intuición compartida: la presión social está adelantando la entrega del primer smartphone. Lo que debería ser una decisión parental ajustada al ritmo de cada familia acaba condicionada por el temor a que niños y adolescentes queden fuera del grupo —planes, chats, vida social— si no tienen móvil propio. Examinamos un asunto de plena actualidad en los últimos meses.
Muchas familias han constatado que la presión social acerca de la entrega del primer móvil a adolescentes no se resuelve solo con decisiones individuales: si la mayoría en el entorno lo adelanta, el coste social recae sobre quien intenta resistir. Por eso Adolescencia Libre de Móviles (ALM) plantea el problema como un reto compartido y propone acuerdos colectivos: un pacto social que desnormalice la entrega temprana y haga más viable retrasarla, idealmente hasta los 16 años (recomendación habitual de los expertos).
¿Cuál es la situación actual?
Los datos del INE confirman que la tenencia de móvil propio se adelanta a edades cada vez más tempranas, sobre todo en el paso de Primaria a la ESO. En 2025, la posesión de móvil personal pasa del 19% a los 10 años al 66% a los 12 y supera el 90% a los 14. En otras palabras: a partir de los 12 años, el móvil propio deja de ser una excepción y se convierte en norma.
En paralelo, la evidencia científica es cada vez más consistente al señalar riesgos asociados al uso del smartphone en niños y adolescentes —ansiedad y síntomas depresivos, problemas de sueño, dificultades atencionales y peor rendimiento académico, entre otros—. Aunque estos efectos dependen de múltiples factores (tipo de uso, supervisión, vulnerabilidades previas), un patrón aparece de forma recurrente: cuanto más temprana es la entrega del primer smartphone, peores son, en promedio, los indicadores de bienestar mental en la adultez joven.
En perspectiva histórica, el INE muestra un desplazamiento progresivo hacia edades más bajas. Con todo, en 2025 el porcentaje de menores de 10 a 15 años que usa móvil desciende 1,7 puntos respecto a 2024, con caídas visibles en 10 y 11 años. Es difícil atribuirlo a una sola causa, pero podría estar relacionado con una conversación pública más informada y con iniciativas de concienciación como ALM.
¿Qué lleva a las familias a adelantar la entrega del primer smartphone?
La evidencia científica apunta a un factor principal: la presión del grupo de iguales y el miedo de los padres a que su hijo/a quede marginado por ser el único, o uno de los pocos, sin smartphone. Una reciente revisión sistemática sitúa este eje como el determinante más recurrente de la entrega temprana del primer smartphone. En segundo plano, la revisión señala motivos más “instrumentales” como la preocupación parental por poder contactar y conocer la localización de sus hijos/as, las percepciones parentales sobre la madurez del menor y los hábitos digitales familiares.
En 2023 ALM impulsó en Cataluña una encuesta con casi 23.000 familias que cuantifica la distancia entre lo que muchos padres consideran adecuado y lo que finalmente hacen. El 62% de las familias con hijos en Primaria situaba la edad idónea para el primer smartphone a partir de los 16; en cambio, entre familias con hijos en Secundaria, el 82% reconocía que ya lo había entregado a los 12 o antes. Entre los principales motivos de este adelanto, de nuevo, la presión social: un 33% lo hacía para que su hijo “no sea el único” sin smartphone.
¿Qué propone ALM?
En primer lugar, un gran Pacto de Familias: una adhesión voluntaria que permite que familias y escuelas compartan un marco para retrasar el primer smartphone. Su valor es convertir una decisión privada en un acuerdo visible. A día de hoy, se han sumado más de 25.000 familias y casi 4.000 centros educativos, con presencia en todas las provincias españolas.
En segundo lugar, ALM aboga por una desescalada digital en los centros educativos. Si la vida escolar se organiza cada vez más alrededor de pantallas, plataformas y tareas digitalizadas, se refuerza la idea de que el smartphone (u otros dispositivos) es “imprescindible” cuanto antes. Además, la Asociación Española de Pediatría señala que, entre los 7 y 12 años, el tiempo máximo recomendable de pantallas es una hora diaria incluyendo el periodo escolar, un umbral difícil de compatibilizar si el centro intensifica el uso de dispositivos y deberes digitales.
Por último, ALM propone alternativas al smartphone para responder a la preocupación por seguridad y localización: promover los relojes inteligentes o móviles analógicos que permiten contacto y geolocalización sin abrir de golpe la puerta a redes sociales y videojuegos online. En esa misma línea, impulsa iniciativas como la de “negocios amigos”: una red de establecimientos y espacios de proximidad que se identifican con un distintivo visible para que los niños sepan que pueden entrar con confianza si tienen un imprevisto —se han perdido, se han quedado sin transporte, necesitan avisar— y hacer una llamada a casa sin problema.
De fondo, el argumentario de ALM se apoya en el Principio de Precaución: cuando una práctica puede implicar riesgos relevantes para la salud y el desarrollo, y esos riesgos no pueden descartarse con seguridad, la respuesta responsable es reducir la exposición y fijar límites proporcionados por edad.
¿Y la prohibición de redes sociales a menores de 16 años?
Para niños y adolescentes, el smartphone es la principal puerta de entrada a redes sociales diseñadas para maximizar el tiempo de uso (scroll infinito, notificaciones, recomendación algorítmica). En menores, esta exposición llega cuando la capacidad de autorregulación aún está en desarrollo, de modo que pedir un “uso moderado” sostenido puede ser poco realista. Desde ese marco, ALM valora positivamente el anuncio del Gobierno de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, siempre que exista verificación de edad y mecanismos sancionadores: más que “prohibir a los menores”, se trataría de obligar a las plataformas a impedir el acceso de forma efectiva.
En paralelo, ALM subraya que la regulación —si llega— no sustituye el núcleo de su propuesta: incluso con restricciones, el smartphone introduce otras dinámicas (mensajería, videojuegos online, pornografía) y sigue funcionando como marcador social. Por eso defiende combinar políticas públicas con acuerdos comunitarios que hagan viable retrasar el dispositivo y reducir la presión del entorno.
