Todo empezó en enero de 2018 con una carta, lo que ya es anómalo en los tiempos que corren. La entonces ministra de Empleo, Fátima Báñez, comunicaba a 8,5 millones de pensionistas una subida del 0,25% en un contexto triunfalista, instando al agradecimiento por tal incremento.
por Pepa Monleón.
La indignación que sintieron muchos de aquellos pensionistas, que se vieron insultados en su bolsillo y en su inteligencia, ha devenido en el movimiento ciudadano por un sistema público de pensiones.
Fue una indignación espontánea y compartida que empezó a correr de boca a oreja y a través de las redes, convocando a mujeres y hombres a lo largo y ancho del estado español. Muchos son aquellos jóvenes que a finales de los 60 se movilizaron en nuestro país para traer la democracia y los derechos sociales que creíamos haber alcanzado de manera irreversible y sobre los que la crisis/estafa dio un revolcón de realismo para estar siempre alerta. Una alerta justificada porque los derechos, como se ha visto, requieren ser alcanzados y sostenidos en el tiempo; no se consiguen de una vez y para siempre.
Se eligieron los lunes de cada semana para concentrarse y encontrarse y, desde entonces (pronto serán dos años), el movimiento no ha dejado de crecer hacia dentro y en sus actividades al exterior: concentraciones, manifestaciones, conferencias, exposiciones, publicaciones, encuentros y alianzas con otros colectivos.
En su crecimiento interior, el movimiento de pensionistas ha buscado personas y reflexiones que le ayuden a articular, argumentar y fundamentar sus intuiciones. Economistas y expertos como Miren Etxezarreta, Eduardo Garzón, Nekane Jurado y otras han acompañado a múltiples plataformas, desde el País Vasco hasta Andalucía, para profundizar las razones de una movilización como no se ha visto otra en los últimos años.
Los pensionistas se preguntan: ¿Hemos escuchado decir alguna vez a los responsables políticos, españoles y europeos, que la financiación de los ejércitos está en peligro? ¿Y por qué escuchamos y percibimos que la financiación de la sanidad, de la educación, de la dependencia y, sobre todo, de las pensiones públicas están en peligro? Estás son las cuatro columnas que constituyen y aseguran un estado de dignidad y bienestar a las ciudadanas y ciudadanos de un país y es en defensa de ellas que el movimiento de pensionistas se ha puesto en marcha y, parece, no está dispuesto a parar.
Tabla reivindicativa
El movimiento de pensionistas se ha dotado de una tabla reivindicativa que constituye su eje vertebrador. Se articula en torno a cuatro grandes ejes.
Piden que se cumpla la Carta Social Europea y lo que marca el Parlamento Europeo: las pensiones mínimas deben ser de 1.080€ para garantizar que sus perceptores estén por encima del umbral de la pobreza
Así mismo demandan la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC (un punto que actualmente está en revisión).
Otro de los ejes se centra en la superación de la desigualdad y eliminación de la brecha de género. Según datos de septiembre de este año, 2019, la pensión media de los varones es de 1.210,29€, siendo de 790€ la media de las pensiones de las mujeres.
Por último, y como condición irrenunciable, exigen un anclaje de las pensiones en la Constitución Española.
Diferentes colectivos de pensionistas movilizados
A lo largo de estos casi dos años, se han movilizado diferentes colectivos de pensionistas. Las tablas reivindicativas de unos y otros coinciden en parte, siendo planteamientos que podemos identificar como contextuales los que los diferencian.
Desde algunos colectivos se propugna configurarse como partido político, quizás con una mirada, en cierto modo engañosa, sobre la cantidad de pensionistas (cerca de 9 millones), lo que supondría una muy buena base electoral. Sin embargo, en este colectivo se encuentran mujeres y hombres que responden a todo el espectro ideológico: izquierda, centro, derecha. También desde estos o similares grupos se reclama con frecuencia la exención del IRPF para las pensiones (¿a quiénes favorecería más esta medida? ¿quizás a las pensiones más altas?). Del mismo modo, dentro de esta variedad, también hay colectivos de pensionistas que se encuentran próximos a determinados partidos políticos y sindicatos.
Coordinación del movimiento
La movilización del pasado 16 de octubre hacia y en Madrid ha estado convocada y liderada por la Coordinadora Estatal para el Sistema Público de Pensiones (COESPE), que aglutina más de trescientas plataformas de pensionistas a través de todo el Estado y se ha definido desde el comienzo de su configuración como apartidista, asindical, solidaria, intergeneracional, feminista y transversal.
Apartidista y asindical porque lanza su llamamiento y reivindicaciones hacia todos los partidos políticos del espectro nacional, y cuenta en sus bases con mujeres y hombres de diferente opinión, unidos por los fines y estrategias del movimiento.
Este apartidismo se experimenta con frecuencia en las plataformas recordando que no es lo mismo que ser apolíticos, ya que se tiene clara conciencia, desde el comienzo de las movilizaciones, que están haciendo política, acción política inequívoca en defensa del bien común y de lo público; luchando no ya por las pensiones del presente sino por la estabilidad de un sistema público (frente a subidas parciales y arbitrarias y frente a la oferta de pensiones privadas) que asegure las pensiones del futuro como parte de las cuatro garantías que debe tener un estado de bienestar, derecho y dignidad: sistemas públicos de sanidad, educación (ciencia e investigación), dependencia y pensiones.
Lo que ignoramos y debemos saber de las pensiones
Como se adelantaba, a lo largo de estos casi dos años muchas plataformas de la COESPE se han acompañado de personas expertas en diferentes ámbitos como la economía, la fiscalidad o los sistemas de protección social que les han ayudado a conocer, desde un metodología de concreción y ejemplificación, aspectos técnicos que desmontan los argumentos con los que, sistemáticamente, los poderes políticos, económicos y los medios que les sirven de altavoz, bombardean a los ciudadanos afirmando que un sistema público de pensiones no es sostenible y, por ello, los ciudadanos deben contratar seguros privados de pensiones.
Esta afirmación siembra inseguridad, miedo y desmovilización en gran parte de los futuros pensionistas, dejándoles inermes ante una realidad incuestionable: si los empleos y los sueldos son precarios, ¿cómo van a deducir de ellos una cantidad para “contratar” o “compensar” su futura pensión? La desconfianza se convierte en paradoja a partir de los propios problemas financieros que están dando los fondos de pensiones.
Los pensionistas saben que tanto los bancos como las aseguradoras han detectado en la enorme cantidad de pensionistas un “nicho” de ganancias interesantísimo respecto al que no están dispuestos a renunciar, de la misma manera que lo están intentando con la privatización de la sanidad, la educación y la dependencia.
El sistema actual de Seguridad Social se basa en la solidaridad intergeneracional: las personas en activo “pagan“ las pensiones de las personas que, por situación o edad, se convierten en pensionistas.
Como cada vez hay menos trabajadores por diferentes razones (crisis económico-financiera, cambio de modelos productivos, robotización…) se nos dice, de forma simplista, que una persona activa tiene que “soportar” a más personas “pasivas”. Pero, ¿qué sucedía antes? Las personas pasivas no son sólo los pensionistas, también lo son los niños y las personas en general que no cobran un sueldo.
Actualmente, en gran medida, la mujer está incorporada al mundo laboral y la natalidad ha descendido (nuestro país es un claro exponente) por lo que en ese capítulo es evidente que se “soporta” menos personas “a cargo”.
Nuevas fuentes de financiación
Otro ámbito de reflexión importante hace referencia a las fuentes de financiación. ¿De dónde sale el dinero de las pensiones? A juicio de expertos, la viabilidad y sostenimiento de las pensiones no es tanto un tema económico cuanto político: de voluntad y establecimiento de prioridades políticas. Hay recursos, lo que no hay es una distribución en equidad.
El sistema también es sostenible si se buscan nuevas fuentes de financiación y esto significa no sólo ser imaginativos y encontrar esas fuentes sino cambiar el sistema y hacer que las pensiones pasen de depender de la Seguridad Social a ser sostenidas a través de los Presupuestos Generales del Estado (como la sanidad, la educación y la dependencia) a partir de los impuestos que pagamos todos.
En esas nuevas fuentes de financiación subyace el desarrollo de una fiscalidad justa y podemos encontrar viejos y nuevos impuestos. En el fondo se trata de ideas ya desarrolladas: que paguen más los que más tienen, que las grandes empresas y corporaciones paguen los impuestos que les corresponden y actualmente evaden, que se persiga la defraudación a todos los niveles, que la nombrada y no establecida tasa Tobin o tasa sobre las operaciones financieras sea una realidad. O que se paguen impuestos por la robotización: si una empresa instala robots y elimina puestos de trabajo antes ocupados por personas, se podría pensar en un impuesto compensatorio de los puestos de trabajo asumidos por la robotización. No debemos olvidar lo que los datos nos dicen: a pesar de haberse reducido los empleos, quizás precisamente por la robotización o por la introducción de nuevos medios y métodos productivos, la productividad ha aumentado, lo que confirma que hay más recursos y es necesario distribuirlos mejor.
Las movilizaciones
Estas reflexiones, unidas a la precariedad de gran parte de las pensiones en nuestro país han provocado, como decíamos al comienzo, una reacción que se ha materializado en el movimiento de los pensionistas.
Movimiento que expresa la convicción de que de la misma forma que en los sesenta y setenta estas mujeres y hombres se sintieron actores para traer la democracia y los derechos humanos a un país que no los tenía, hoy les toca denunciar los abusos de la sociedad neoliberal que en estas décadas ha ido desarticulando en la mayoría de los países occidentales un estado de bienestar que se prefijaba como referencia para otras sociedades.
Les toca salir de nuevo, reunirse, trabajar y denunciar juntos, salir a las calles lunes tras lunes con la convicción de que no están luchando por aumentos de cantidades de una u otra cuantía de acuerdo a la voluntad o no del Gobierno de turno (“Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden” gritan y llevan en sus pancartas). Son conocedores de que no luchan por el presente sino por el futuro, pensiones y bienestar de sus hijos y nietos y han decidido luchar por un cambio y estabilización del sistema público de pensiones, reclamando su anclaje en la Constitución para estar a salvo de voluntades.
En este camino se van encontrando con otras plataformas y movimientos ciudadanos que también se sienten actores de un cambio para el que ya no confían solo en los partidos o sindicatos tradicionales sino que sienten que deben reclamar desde su ciudadanía comprometida.
Y así, los pensionistas se han encontrado en el camino con el movimiento feminista y trabajan transversalmente para superar la brecha de género en empleos, salarios y pensiones; se han encontrado con los jóvenes y su reacción ante el cambio climático, con las plataformas pro viviendas y stop desahucios, con las plataformas por la dignidad en geriatría, con las plataformas contra la precariedad y tantas y tantas otras.
Estos movimientos y plataformas están articulando la reflexión y la acción de ciudadanos anónimos, plurales en su pensamiento y opciones políticas, que se han visto defraudados por los poderes públicos, encerrados estos en unos partidos políticos y unas instituciones alejados de aquellos a los que representan, incapaces de saberse y sentirse servidores públicos y rendidores de cuentas a los mismos.
Así, ocupando las calles y plazas, lunes tras lunes, recuerdan a las instituciones y al resto de ciudadanos el horizonte hacia el que caminar para un futuro digno y justo para todos.
