Si algo ha quedado claro tras el 20D es que la preocupación por la calidad democrática se ha convertido en una dimensión capital. Ansias de regeneración han jalonado los programas de todas las fuerzas políticas, con más claridad en las dos que han emergido recientemente y que ni siquiera tenían representación hasta ahora.
Combatir la corrupción, potenciar el buen gobierno, los sondeos ciudadanos sobre temas sensibles, rendición de cuentas, presupuestos participativos, transparencia… Una democracia real provee de un buen gobierno a su ciudadanía y del deber de contraste y refrendo. El ejercicio del control será inherente a la calidad del sistema parlamentario. Lo que poca gente sabe es que España forma parte desde 2011 de la Alianza por el Gobierno Abierto, dentro de Naciones Unidas, para promover la transparencia, empoderar a los ciudadanos y ciudadanas, combatir la corrupción y utilizar las nuevas tecnologías con el fin de mejorar la gobernanza democrática. En 2013, el gobierno de Mariano Rajoy aprobó la primera Ley de Transparencia y Buen Gobierno en España, siendo uno de los últimos países de la UE en hacerlo y con una irrupción en el puesto 64º de valoración en un ranking de 99 países.
Era un informe de la OCDE en 2003, titulado Un gobierno abierto: fomentar el diálogo con la sociedad civil, el que sentaba las bases de la “administración transparente”. Lo apuntalaba como “el marco jurídico para implantar solidez en las instituciones, que rijan el acceso a la información, la consulta y la participación pública”. Entendiéndolo así, el control social o ciudadano no es un dificultad técnica, cada vez mejor subsanada con las tecnologías de la información, sino un apuesta política a modo de resorte de alerta, tanto sobre la eficacia de las decisiones de los responsables gubernamentales, como sobre el estado de percepción de la opinión pública.
La participación y el control ciudadano en una sociedad requieren la reivindicación social de lo político, entendido como el proceso mediante el cual la ciudadanía participa, delibera y contrasta intereses individuales para la definición y fiscalización de intereses públicos. El control ciudadano no puede ser desligado del avance democrático y se ejerce en confluencia -pero también con independencia- de la sociedad civil organizada, en un nuevo espacio que genera enriquecimiento social.
En su obra Tendencias legales hacia la calidad democrática del Sistema Constitucional, Catalina Ruiz-Rico desgrana conceptos básicos para la definición, ejecución y evaluación de políticas públicas. Estos son la participación ciudadana, el control social, la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Participación ciudadana
Es el derecho de la ciudadanía a intervenir, individual y colectivamente, en los asuntos de interés público, en la toma de decisiones, en la planificación, ejecución y evaluación de planes y programas, fortaleciendo el poder ciudadano.
Control Social
Es el derecho que tiene la ciudadanía a vigilar y controlar el buen manejo de los recursos públicos orientados a satisfacer sus necesidades así como la actuación de sus representantes públicos.
Rendición de cuentas
Es un derecho y un deber de la ciudadanía y de quienes desempeñan funciones públicas, respectivamente. Un derecho porque es una facultad de solicitar información, explicación y justificación de las actuaciones y toma de decisiones de los funcionarios públicos; estos tienen el deber de rendir cuentas, explicar y justificar sus actos públicos.
Transparencia
Es la característica central del buen gobierno. Busca mejorar el desempeño de las administraciones y de la función pública así como incrementar la legitimidad de las instituciones sobre la base de la confianza de la ciudadanía.
Corrupción
Toda acción ilícita e ilegítima, encubierta y deliberada de servicios públicos o personas privadas para favorecer intereses particulares, mediante cuota de poder, afectando a intereses públicos de sujetos colectivos.
Ciudadanía ética
Actitud de las personas para asumir un rol participativo y comprometido con la sociedad, desarrollando niveles de organización y fortaleciendo el tejido social, para hacer aportaciones desde el diálogo y de forma concertada con el Estado.
Decía Eduardo Galeano que “al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”. Por eso, debemos asumir ese papel de control al poder. Para ello, contamos con la inestimable labor de periodistas críticos, como el Centro Internacional de Periodistas (ICFJ), con más de un centenar de redactores, claves para procesar la información filtrada a Wikealeaks. También está el trabajo de Glenn Greenwald y de Laura Poitras en la organización de noticias First Look Media, calificada como periodismo independiente original y que permitió a Snowden hacer pública la política de la Agencia de Seguridad Norteamérica (NSA), de espionaje a gran escala. O el caso de la lista Faciani, con 130.000 potenciales evasores fiscales europeos en el banco suizo HSBC o los recientes escándalos LuxLeaks (sobre acuerdos secretos de empresas multinacionales para eludir impuestos) o VatiLeaks, (documentos que involucran a la Santa Sede en casos de corrupción).
Soy profesor en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid y secretario académico del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, (IUDC), en la misma Universidad.
Los martes a la tarde hago de voluntario de la Escuela de Adultos San Federico (en la parroquia del mismo nombre), en la Dehesa de la Villa. En esa comunidad me han removido los valores de justicia social y enseñado a aprender del otro, por lo que me siento «cristiano del mundo».
Canto desde hace 4 décadas los lunes y jueves de cada semana, en una coral, en la del Colegio de Doctores y Licenciados, cuya polifonía permite mantener cierta cordura mental.
Soy cooperativista de La OSA, un supermercado sin clientes, sin dueños y sin empleados, que trata de demostrar que el capital es parte del problema. Y vocal de comunicación de la Red de Estudios del Desarrollo (REEDES), de la que fui socio fundador.
He sido presidente de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (CONGDE), desde 2003 hasta 2006 y también lo fui de la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta en la misma entidad. Fui director de SETEM y de SOLIDARIOS para el Desarrollo, dos ONGD que siguen tratando de transformar el mundo.
Desde hace unos años, miembro de este Consejo de redacción, con lo que me siento un feliz ciudadano comprometido. La última adhesión es conseguir que Alandar pase a ser una comunidad asociativa y digital, apostando un periodismo de calidad, crítico y autosostenible.
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