– «¿Qué tal?, ¿Habéis recibido muchas visitas? Ya sabéis que tenéis que tener cuidado con los contagios».
– «Pero qué dices, ¡si aquí nunca nadie viene a vernos!».

Barrio de las Barranquillas, mayo de 2020

“La pobreza es, en última instancia, una decisión política”

Repasamos las conclusiones del informe del Relator especial de pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas, Philip Alston, a la luz de la situación que ha dejado la pandemia en las capas más empobrecidas de la población.

por Daniel García

Corrían las primeras semanas de 2020 cuando Philip Alston, Relator especial de pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas, visitaba España. Una visita que cerraba presentando un informe en el que destacaba que “la palabra que he escuchado con más frecuencia (…) es ‘abandonados’. (…) Los formuladores de políticas les han fallado en gran medida a las personas que viven en la pobreza, y los derechos sociales rara vez se toman en serio”. Las dos semanas que duró su visita estuvieron llenas de encuentros con diferentes realidades, muchas de ellas invisibilizadas para gran parte de la sociedad, como él mismo señaló: “he visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país”.

¿Qué es lo que encontró el Relator de Naciones Unidas? Él mismo lo resumía así: “una pobreza generalizada y un alto nivel de desempleo, una crisis de vivienda de proporciones inquietantes, un sistema de protección social completamente inadecuado que arrastra deliberadamente a un gran número de personas a la pobreza, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, un sistema fiscal que brinda muchos más beneficios a los ricos que a los pobres y una mentalidad burocrática profundamente arraigada en muchas partes del gobierno que valora los procedimientos formalistas por encima del bienestar de las personas”.

Alston terminaba haciendo un llamamiento a las autoridades a asumir sus responsabilidades: “La pobreza es en última instancia una decisión política, y los gobiernos pueden, si lo desean, optar por superarla”.

Y a todo esto, llegó la pandemia…

Una pandemia que tensionó, y sigue tensionando, todas las costuras de nuestra sociedad, señalando con precisión quirúrgica nuestras fragilidades, descuidos e irresponsabilidades. De hecho, no hay más que revisar los principales aspectos críticos señalados en el informe de Philip Alston y ver qué es lo que ha pasado con ellos en estos meses.

La pobreza que nunca se fue y que ahora repunta

La pobreza nunca ha dejado de ser una realidad en nuestro país. Presentamos una de las tasas más altas de Europa: antes de la pandemia, el 26,1 por ciento de la población en España y el 29,5 por ciento de los niños se encontraban en riesgo de pobreza o de exclusión social, más de la mitad de la población experimentaba dificultades para llegar a fin de mes y el 5,4 por ciento sufría carencia material severa. El parón económico de estos meses de pandemia supone de esta manera un llover sobre mojado, cuyas dimensiones son difíciles de calcular en este momento, aunque ya hay datos que señalan su importancia, como los informes de Cáritas que habla de que en los últimos meses el número de peticiones de ayuda se ha incrementado un 77%.

los hogares más afectados por la crisis económica en estos momentos son aquellos que previamente tenían menos ingresos.

Pero no solo ha aumentado la pobreza, sino también la desigualdad. Según Oxfam Intermón, la desigualdad de la renta neta aumentaría 1,7 puntos en el índice de Gini, coeficiente comúnmente utilizado para medir la desigualdad en los países. De hecho otros informes, como el realizado por el Ayuntamiento de Madrid, confirman que los hogares más afectados por la crisis económica en estos momentos son aquellos que previamente tenían menos ingresos.

La vivienda, esa necesidad que sigue siendo un lujo

Tras su visita a España, el Relator de Naciones Unidas señaló el papel clave en el contexto actual de la crisis de vivienda, con costos disparados (el precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado más del 50% entre 2013 y 2019, mientras que los salarios han perdido un 7,8% de su poder de compra en la última década), privatización de vivienda pública y desalojos sin alternativa (712.723 desalojos entre 2006 y el tercer trimestre de 2019), con una vivienda de bajo costo casi inexistente.

El estado de alarma bloqueó durante un tiempo los procesos de exclusión residencial a través de algunos mecanismos de ayuda que se establecieron y la paralización de los desahucios. Sin embargo, de nuevo los desalojos han vuelto a ser habituales, impulsados tanto por fondos de inversión como por las propias administraciones públicas, como la Agencia de Vivienda Social en la Comunidad de Madrid.

Al mismo tiempo, como en ocasiones anteriores, se ha vuelto a señalar en el debate público la cuestión de la ocupación de vivienda como la causa de todos los males y problemas en torno a la vivienda, ocultando los datos reales: frente a las 3,5 millones de casas vacías según el último censo, las viviendas ocupadas sin contrato representan un 0,34% del total en todo el Estado. Y entre esas casas, solo una de cada diez es identificada como problemática. Es decir, las supuestas “mafias” que dañan la convivencia y que tanto obsesionan a ciertos medios son estadísticamente insignificantes: el 0,03% sobre el total de viviendas.

Una educación que potencia la desigualdad

La escuela, esa puerta de acceso a un futuro diferente, lleva tiempo siendo un lugar de compartimentación y estancamiento social. Alston se alarmaba tras su visita de que un 72% de los menores en situaciones vulnerables estudiaran en escuelas segregadas de facto, con una gran concentración de alumnado de entornos socioeconómicos pobres, gitanos e inmigrantes, así como con mayores necesidades de apoyo.

La Covid-19 ha profundizado estas diferencias, como recoge un informe realizado por Save the Children. El paso improvisado a la educación a distancia ha supuesto que unos estudiantes hayan seguido aprendiendo mientras que otros se estancaban o retrocedían debido a la falta de dispositivos electrónicos, internet o espacios en su casa adecuados para estudiar, o porque en su familia no hay quien pueda apoyarles en el estudio. Esta brecha también ha crecido entre centros educativos, ya que los colegios con alumnado desaventajado son lo que menos recursos han tenido para garantizar su educación durante la crisis.

Un sistema de protección social roto y enredado en burocracias

“La pobreza en España está anclada en un sistema de protección social que está roto e insuficientemente financiado, en el que es imposible orientarse y que no llega a las personas que más lo necesitan”, dijo Alston tras su visita, señalando la burocratización del sistema de asistencia social como una de las principales causas de exclusión. De hecho se refirió a ciertos mecanismos como más propios del siglo XIX que del XXI.

Seis meses después, el salto que se ha pretendido dar, focalizado en la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, ha sido enorme. Más allá de las limitaciones de fondo que presenta (cuantía insuficiente, no universalidad), su tramitación está mostrando hasta qué punto el enredo burocrático sigue siendo una barrera clave en la protección social en nuestro país. Se ha apostado por la tramitación electrónica de las solicitudes, pero sin asegurar mecanismos de apoyo y acompañamiento a quienes tienen más dificultades para manejar herramientas digitales. Muchas de las oficinas y protocolos para conseguir la documentación requerida, conocidos por quienes tienen una vida precaria, se encuentran cerrados o sin citas a medio plazo, y algunos de los requisitos chocan con administraciones de otro nivel (como por ejemplo el empadronamiento histórico colectivo, que muchos Ayuntamientos no tramitan).

Por si esto fuera poco, la llegada de esta nueva prestación ha sido utilizado en algunas regiones para poner en jaque las que ya estaban establecidas a nivel autonómico. Es el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que ha querido aprovechar para quitarse de encima la gestión y pago de miles de Rentas Mínimas. Podría haberlo hecho facilitando al Ministerio los datos de las personas perceptoras con derecho al IMV, pero se ha optado por escribir a estas exigiendo que hagan la solicitud de la nueva prestación en un plazo de 10 días. La amenaza de retirar la RMI si no realizaba esta solicitud, unida a las dificultades para realizarla anteriormente señaladas, ha generado situaciones de gran angustia en familias que no tienen ningún otro ingreso para subsistir. Se ha vuelto a corroborar así lo que Philip Alston señaló en su informe en relación al sistema de RMI de la Comunidad de Madrid: “está estructurado intencionadamente para excluir a la gente, o diseñado de una manera extremadamente pobre”.

Son muchos y muy castigados

No hay espacio para profundizar, pero si al menos señalar que los colectivos con mayores dificultades identificados en el informe del Relator también han visto como estas han aumentado en estos meses. Así, el confinamiento ha reforzado el papel de cuidadoras de muchas mujeres y su problemática de empleo, y aunque son mayoría en sectores clave en la lucha y la prevención contra la pandemia (medicina, enfermería, cuidado de personas dependientes o limpieza), están infrarrepresentadas en los puestos de toma de decisiones; los trabajos y labores desarrollados por hombres y mujeres gitanos, muchos de ellos trabajando por cuenta propia en la venta ambulante de forma informal o ayudando a la familia y sin estar dados de alta, han quedado fuera del sistema de ayudas laborales que se ha puesto en marcha; y en cuanto a las personas migrantes, han visto cómo se refuerza su papel como mano de obra sin que sus derechos básicos sean respetados, como ha quedado demostrado con los temporeros agrícolas cuyas condiciones de alojamiento en chabolas ya fueron denunciadas por Alston como indignas, y que han visto como estas se quemaban sin que se les haya dado una respuesta adecuada tras ello.

Y es que, como afirmaba Alston, “la pobreza es en última instancia una decisión política”.