Nacer y crecer sin papeles

Las polémicas políticas recogidas por los medios de comunicación nos llevan a identificar el concepto de menores de edad sin papeles con la imagen de adolescentes solos procedentes de países africanos llegados a España a través de las vallas de Ceuta y Melilla o en patera. Sin embargo, eso solo es una caricatura de la realidad, como demuestra un informe de Por Causa y Save the Children. Manuel Sobrino, del equipo de comunicación de esta última organización, nos lo cuenta.

Por Manuel Sobrino, Save the Children

Cuando conocí a Elsa y a Sady de cara al lanzamiento del informe Crecer sin papeles en España tuve la sensación de estar hurgando en heridas difíciles de cicatrizar. Su condición de personas migrantes y la experiencia de vivir en situación administrativa irregular han condicionado sus vidas. 

Elsa, madre soltera, dejó en su Paraguay natal a Sady cuando era poco más que un bebé. Quería darle a su hija un futuro mejor y para ello llegó a Jaca, en Huesca, donde residía su tía. Vivió sin papeles hasta lograr un trabajo en el que le hicieron un contrato que le abrió las puertas a la residencia legal. Siguió trabajando duro para ahorrar y cumplir su sueño: reencontrarse con su hija. Sady finalmente llegó con 10 años a España y, una vez expirados los tres meses de su visado como turista, pasó por lo mismo que su madre, por la irregularidad administrativa que expone también a niños y niñas a una situación de vulnerabilidad generalmente prolongada e incierta.

Elsa en una calle de Jaca. Foto: Save the Children

Imaginar a menores de edad sin papeles puede evocar erróneamente a pensar en adolescentes solos procedentes de países africanos y llegados a España a través de las vallas de Ceuta y Melilla o en patera. Sin embargo, eso solo es una caricatura de la realidad. Según los datos recogidos en Crecer sin papeles en España, análisis elaborado por la fundación por Causa y Save the Children, 55.327 niños y niñas en situación administrativa irregular tienen entre 0 y 4 años, 28.441 entre 5 y 9 años y 22.268 entre 10 y 14. La población adolescente sin papeles es de 40.738. Como vemos, son los más pequeños quienes representan el mayor grupo, que incluye bebés nacidos en España y que carecen de una situación administrativa regularizada. En total, hay casi 147.000 menores de edad sin papeles en España, lo que equivale a que uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes migrantes.

En lo referido a la procedencia, tres de cada cuatro menores de edad en situación administrativa irregular son de América Latina. Colombia concentra los números absolutos más altos entre todos los países analizados. Uno de cada seis niños y niñas sin papeles residente en España proviene de este país. Le siguen en importancia otros países de la región como Honduras, Venezuela y Perú. De hecho, el progresivo aumento de la irregularidad en la infancia a partir del año 2014 está en buena medida relacionado con el rechazo de las solicitudes de asilo presentadas por familias procedentes de estos lugares. África es el origen del 43% de los niños y las niñas migrantes que viven en nuestro país, pero concentra solo el 13% de los que están en situación irregular.

Como la mayoría de la población migrante, son personas que llegan en avión y que confían en quedarse en España una vez pasado su visado de turistas para, tras años de buscarse la vida, lograr la residencia legal. Huyen de la pobreza, pero también de la violencia, la persecución, las graves violaciones de derechos humanos… Y no solo cuando son personas adultas, sino que están en peligro desde que nacen, especialmente en lugares como Honduras, donde la violencia hacia la infancia es peor, según Save the Children, que en países donde existen conflictos armados. 

Si difícil es su situación en el país de origen, no se encuentran precisamente un camino de rosas al llegar. Vivir sin papeles genera miedo, ansiedad, incomprensión e incertidumbre. Los niños y las niñas que viven en esta situación son conscientes de que existe una barrera invisible entre ellos y el resto de sus compañeros y compañeras de clase. Tienen el derecho a estar escolarizados, pero la situación se complica a la hora de realizar viajes, asistir a clases extraescolares o tener acceso a becas, exclusiones que pueden llegar a marcar a unos niños y niñas que ven cómo su condición de migrantes sin papeles les señala y diferencia. 

Asimismo, la disparidad de criterio de los sistemas sanitarios en las comunidades autónomas no siempre garantiza el acceso a la tarjeta sanitaria, la protección frente a una factura médica que puede tener consecuencias financieras catastróficas o el seguimiento continuado de los pacientes menores de edad en situación administrativa irregular. En ocasiones, el miedo a que el uso de los sistemas sanitarios desvele su situación ante las autoridades policiales aleja de facto a los niños y las niñas de los centros de salud primaria y especializada. 

El impacto de la irregularidad en la salud mental es uno de los aspectos más difíciles de identificar por los sistemas sanitarios y de protección, pero uno de los que dejarán una huella más profunda. El miedo, la ansiedad y el trauma que los niños y las niñas viven de manera directa y perciben en las personas adultas definirá sus oportunidades en la vida de un modo que resulta difícil de comprender, aseguran las organizaciones en su informe.

Las dificultades económicas y laborales son las principales razones para emigrar, pero continúan al llegar a España. La probabilidad de riesgo de pobreza para un hogar de características medias con menores a cargo y con nacionalidad española es del 14%; si este mismo hogar es extracomunitario, sube al 48%.

Las familias pobres en situación de irregularidad quedan fuera, por ejemplo, del Ingreso Mínimo Vital recientemente adoptado a nivel estatal y concebido para proporcionar una red básica de seguridad precisamente a quienes están como ellas. Algunas comunidades –como Baleares, Comunidad Valenciana y Euskadi– sí que incluyen a la población sin papeles en sus rentas mínimas.

Ante esta situación, desde Save the Children consideramos que una regularización dirigida específicamente a los hogares de personas migrantes sin papeles con hijos e hijas a cargo permitiría reducir sustancialmente su coste fiscal para la sociedad y eliminar buena parte de los extraordinarios obstáculos administrativos, económicos y educativos a la integración social.

Además, la naturalización de su situación administrativa permitiría abrir una vía de escape a la vulnerabilidad social que amenaza con condicionar la vida de toda una generación de ciudadanos y ciudadanas extranjeros.Elsa y Sady son, como tantas y tantas familias migrantes, muy conscientes de la seguridad y bienestar que supone regularizar la situación administrativa.

Su vida es muy distinta desde que tienen papeles, aunque el dolor al recordar lo vivido hasta llegar a este punto persiste. Por ellas y por todas las familias que han pasado por esta situación se debe priorizar y velar por el bien superior de los menores y hacer todo lo necesario para que los niños y las niñas vivan en igualdad y crezcan sin discriminación.

Una regularización es posible y urgente. La crisis económica provocada por la pandemia no debe suponer un freno sino un impulso para el conjunto de la sociedad, para la protección de las personas más vulnerables, para la infancia que migra y para los niños y las niñas que nacen siendo señalados desde su primer día en este mundo como extranjeros. 

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