En el actual contexto de crisis, los últimos gobiernos del PSOE y el PP, siguiendo las políticas neoliberales de la Troika, han acelerado el ataque a los derechos de la mayoría social de nuestro país provocando un proceso de empobrecimiento de las clases populares para beneficio de la minoría capitalista dominante. Un empobrecimiento que se concreta en un descenso brutal de derechos básicos, salarios, sanidad, educación, etc. Esta política cruel y despiadada está llevando la situación del Estado de Bienestar a unos niveles comparables con los de hace treinta años. Esta situación se refleja en el sector de Bienestar Social por medio del incumplimiento, de una u otra forma de las leyes, originando el abandono de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad (personas sin recursos, dependencia, inmigrantes, pobreza infantil, mayores, discapacidad, etc.). Como objetivos principales se plantea:
? Incorporar actuaciones básicas y centradas en la mejora del actual modelo educativo. ? La potenciación de la autonomía personal para prevenir la dependencia y mejorar los niveles de integración.
La accesibilidad universal y el diseño para todos.
La sanidad y los servicios sociales son sistemas básicos y esenciales que deben verse contemplados en un Plan Estatal que redunde en la búsqueda de una mayor participación social del colectivo, de más apoyo a las familias, y de la promoción y reconocimiento de la labor que desarrolla el sector de la discapacidad, potenciando positivamente el crecimiento de cada Comunidad.
EMPLEO Debido al retraso, de más de 30 años desde que se aprobó la LISMI, en el cumplimiento de la Ley por parte de los gobiernos del PSOE y del PP proponemos una serie de medidas que vengan a hacer justicia con el colectivo en esta materia tan importante para su Inclusión Social. ? Aumentar hasta el 5% de trabajadores con Discapacidad en las empresas de más de 50 trabajadores. ? Realizar un plan especial de incorporación en la Administración Pública que sitúe en primera instancia la incorporación en el 2% en 2 años. ? Que las empresas de más de 250 trabajadores cumplan la Ley incorporando a Personas con Discapacidad al trabajo normalizado. ? Modificar el capítulo de infracciones en la Ley 1/2013 endureciendo las penalizaciones de tal forma que no salga “a cuenta” incumplir la Ley. ? Revisar el reglamento y las funciones de los CEE (Centros Especiales de Empleo) de forma que cumplan con el papel que les asigna la Ley – mecanismos de tránsito hacia el empleo ordinario-. Para ello la administración articulará un procedimiento y dispondrá los medios para su cumplimiento. ? Establecer un salario mínimo de convenio (1.100€) para la figura del operario de los CEE. ? Que las administraciones públicas exijan obligatoria mente el cumplimiento de la Ley en los procedimientos de contratación.? Que sea imprescindible el cumplimiento de la Ley para la firma de convenios laborales. ? Crear un organismo de control social que supervise el cumplimiento de las medidas anteriores.
AUTONOMÍA PERSONAL, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA ? Priorizar una cobertura adecuada de la Atención Temprana. Recuperar la prestación de los apoyos formales e informales, a fin de evitar el deterioro del ámbito familiar. Incorporar a los Ayuntamientos en la gestión de la cartera de servicios/prestaciones de la Ley 39/2006, (Ley de Dependencia), dotándolos de las herramientas jurídicas, administrativas y económicas necesarias; considerando la aplicación de las medidas que permitan revertir la tendencia marcada por la nueva reforma local.
SANIDAD ? Programa de Atención Temprana en toda la red social y sanitaria, con la dotación de recursos pertinente. Plan de inclusión en el Dispositivo de Información Sanitaria Estatal de Salud de datos específicos sobre el colectivo de Personas con Discapacidad desde la óptica de la valoración, prescripción, tratamiento y seguimiento. Un plan de formación de los recursos humanos técnicos y de apoyo del Sistema de Salud en el ámbito de las discapacidades, así como de las características y necesidades específicas de las Personas con Discapacidad.
MODELO EDUCATIVO ? Es necesaria la elaboración de un libro blanco para la puesta en marcha de la escuela inclusiva para alumnos con discapacidad en todo el estado, pues aún se observan serias carencias que subsanar, por ejemplo, la dotación de plazas de integración en los distintos centros públicos, evitando la escasez de cobertura en algunos y la excesiva concentración en otros, así como un nivel de apoyo pedagógico suficiente en cada centro con alumnos integrados.
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS ? La Accesibilidad Universal no tendrá un avance significativo sin el desarrollo del Reglamento de Desarrollo del Régimen Sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras.
PERSPECTIVA DE GÉNERO ? Reconocimiento de la interlocución de las organizaciones de mujeres con o sin discapacidad para el seguimiento del Plan Estatal de Personas con Discapacidad, quienes centrarán su atención en el principio de transversalidad con todas las áreas de trabajo del propio Plan, dada la trascendencia de esta materia y la necesidad de seguir luchando contra la discriminación de género en nuestro entorno social.
SERVICIOS SOCIALES ? Coexistencia articulada del Sistema de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia con los actuales Servicios Sociales reconocidos como un derecho subjetivo de los ciudadanos. Corregir la tendencia a la baja de los ratios de atención que afecta a gran número de personas con discapacidad física y /o intelectual, unido al crecimiento constante del colectivo de mayores. Revertir la privatización generalizada de servicios sociales, manteniendo la responsabilidad pública de su cobertura y gestión.
ESTUDIO DE LAS NECESIDADES SOCIALES DEL SECTOR ? Creación de un Observatorio sobre la Situación Social de la Discapacidad para el conocimiento real y actualizado de la problemática del colectivo para la implementación de las medidas correspondientes. Democratización de todas las organizaciones del sector de la Discapacidad, como condición para su reconocimiento y apoyo por los poderes públicos y control por la Administración de la correcta aplicación de los recursos a los fines sociales y del cumplimiento de éstos.»
Fdo.: Ricardo gayol, Presidente de PUEDO, (Miembro de la Plataforma democrática de la diversidad Funcional, PDDF).
