Tras las multitudinarias manifestaciones celebradas en Madrid y Barcelona, y la anunciada pretensión de los movimientos de vivienda de realizar una huelga de alquileres, este asunto se ha situado en el centro de la actualidad, poniendo de manifiesto la gravedad de un problema que se diferencia muy profundamente de otras demandas en materia de políticas públicas.
Si las reclamaciones y movilizaciones sobre educación, sanidad, atención a la dependencia o pensiones se dirigen a exigir una mayor inversión y gasto público, en materia de vivienda la solución al problema no depende en exclusiva de una mayor inversión pública, que también es necesaria, sino de equilibrar una balanza entre ciudadanos, entre propietarios-arrendadores e inquilinos, todos ellos electores; de ahí su dificultad.
La vivienda es el pilar débil del estado de bienestar, ya que su condición de bien de mercado se ha asumido como un mantra indiscutible, a diferencia de los otros pilares como educación o sanidad. La vivienda se ha convertido en un bien de conflicto, por cuanto la rentabilidad y el beneficio de unos se produce a costa del sacrificio de otros.
Hemos llegado hasta aquí a través de dos principios sagrados: el principio de la propiedad, incluyendo las plusvalías derivadas de la inversión pública, y el principio de la asignación de precio por el mercado, que los asigna sin tener en cuenta los costes sociales.
El Estado español se ha enfrentado tímidamente al problema, incentivando la promoción inmobiliaria, en régimen de propiedad, y como política social, intentando incidir en los sectores más desfavorecidos.
La vivienda se ha convertido en un bien de conflicto, por cuanto la rentabilidad y el beneficio de unos se produce a costa del sacrificio de otros.
Estas estrategias han seguido ciclos pautados por las sucesivas burbujas inmobiliarias, de tal modo que la intervención pública ha sido anticíclica y casi desaparecía en épocas de burbuja inmobiliaria; pero siempre ha existido un sector sin capacidad para acceder a una vivienda de ningún tipo, históricamente olvidado sin mayor alarma social, especialmente porque se alimentaba de una creciente población inmigrante.
Menos propietarios, más alquiler
Las tendencias actuales son claras: se está produciendo un descenso de los hogares propietarios y un aumento del alquiler. Mientras que éste era antes considerada un estado transitorio reservado a inmigrantes o jóvenes que acababan de abandonar el hogar familiar, el mercado privado de alquiler se ha convertido en el principal recurso habitacional para la mayoría de los hogares que no parten de una situación acomodada, en muchos casos vía herencia.
Además, se está experimentado un fuerte crecimiento en la proporción de hogares arrendadores que, además de ser propietarios de su vivienda principal, compran otras viviendas para ponerlas en alquiler, un fenómeno que se ha multiplicado tras la crisis financiera, como expresión de lo que se ha venido denominando «rentismo popular”.
Ello implica una polarización inmobiliaria de carácter generacional y económico. Los hogares más jóvenes que entraron en el mercado de la vivienda a partir de la década de 2000, penalizados por la precariedad del mercado laboral, se han visto empujados hacia un alquiler inasequible, en gran parte propiedad de los hogares de generaciones anteriores.
Este punto es sintomático, porque mientras la crisis del alquiler afectaba a los sectores de menor renta y población inmigrante, no saltaba a la agenda pública, que seguía focalizada en la vivienda como bien de inversión; pero cuando los hijos de las clases medias se han sentido condenados a la vulnerabilidad residencial de por vida, han empezado a saltar las alarmas, de tal modo que las reformas legales recientes, como la Ley por el derecho a la vivienda, no son más que intentos de taponar la vía de agua para mantener incólume el consenso propietarista vigente.
Esta polarización viene acompañada de una situación de vulnerabilidad habitacional, con situaciones que incluyen desplazamientos y desahucios, también los más numerosos, los denominados “desahucios invisibles”, cuando se tiene que dejar el hogar por subidas del alquiler inasumibles.
Cuando los hijos de las clases medias se han sentido condenados a la vulnerabilidad residencial de por vida, han empezado a saltar las alarmas
La mayoría de la población que vive de alquiler ya tiene más de 35 años y tiene pocas perspectivas de cambio si no va a heredar una vivienda. Resulta desalentador que la herencia, de nuevo, sea el elemento fundamental de transmisión de la posición social, echando por tierra el mito de la meritocracia sostenido por las tesis liberales en los últimos decenios.
Un problema de todos
Situar el problema de la vivienda en nuestra sociedad y cómo nos afecta como ciudadanos y personas, requiere un acercamiento desde la filosofía moral que no suele presentarse en el debate público.
Un análisis muy acertado nos lo da la filósofa norteamericana Iris Marion Young en su libro Responsabilidad por la Justicia (2011), cuando define un supuesto como el actual en torno a la vivienda como un caso de injusticia estructural. Esta situación la producen y reproducen miles o millones de personas que, sin embargo, en sus actos, se rigen por normas institucionales y prácticas que la sociedad considera moralmente aceptables. Y no solo eso; en el caso de la vivienda, estas prácticas acaban perjudicando si no a esos mismos ciudadanos, sí a sus descendientes, como está ya ocurriendo.
Esta “injusticia estructural” es una responsabilidad compartida, ya que se origina en prácticas sociales que se consideran legítimas. Cuando una familia joven o inmigrante, o cualquier persona con ingresos medios, no puede acceder a una vivienda en alquiler en ciudades como Madrid o Barcelona, y se la obliga a compartir piso, o a vivir en una infravivienda o a decenas de kilómetros, a consumir una gran cantidad de tiempo en transportarse a su lugar de trabajo, cuando algunas de estas circunstancias causan trastornos de salud, física y mental y cercenan proyectos vitales, parece que nadie en particular sería responsable de esa situación personal. Pero la injusticia estructural existe -señala Young- cuando los procesos sociales sitúan a grandes grupos de personas bajo la amenaza sistemática del abuso o de la privación de los medios necesarios para desarrollar y ejercitar sus capacidades.
Se requieren políticas públicas que produzcan un giro en la concepción de la vivienda en nuestro país, reformas importantes en la legislación urbanística y de arrendamientos, y una fuerte y sostenida inversión pública, lo que exigiría un gran consenso político
Se requieren políticas públicas que produzcan un giro en la concepción de la vivienda en nuestro país, reformas importantes en la legislación urbanística y de arrendamientos, y una fuerte y sostenida inversión pública, lo cual exigiría un gran consenso político teniendo en cuenta que dichas políticas son de muy largo plazo; pero ello debería ir acompañado e incluso precedido de un cierto cambio social y la asunción de que la vivienda es un asunto de responsabilidad compartida.
No se trata de criminalizar la propiedad, pero sí de que ese derecho se ejerza con proporcionalidad, que se acepte una necesaria intervención pública para garantizar provisión de vivienda en condiciones dignas, de acuerdo con la función social de la propiedad que proclama la Constitución, que se alcance cierto consenso moral que sancione las prácticas sociales de usura.
Está en cartelera una película, “El 47”, que rememora las reivindicaciones ciudadanas de los poblados de origen chabolista en los inicios de la transición; es una paradoja que, cuarenta años después, las calles se estén llenando de una reivindicación que no se aleja sustancialmente de aquélla y que reclama, sobre todo, dignidad.
