El Observatorio para la Garantía del Derecho a la Alimentación en Madrid y la Carta contra el Hambre publican un nuevo informe sobre hambre e inseguridad alimentaria en la comunidad en el que se destaca que el 66% de las familias en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa se han visto obligadas a realizar cambios en sus hábitos alimentarios durante la crisis.

por OGDAM y Carta contra el Hambre

En tiempos de aguda crisis social, como la generada ahora mismo por la pandemia del coronavirus, la sociedad es consciente de los problemas de sobrevivencia que afectan a amplios sectores de población y hay acuerdo general en la necesidad de adoptar medidas extraordinarias. El acuerdo se desvanece al plantear cómo ha de abordarse el proceso de recuperación. De la crisis del 2008 aprendimos que la recuperación tras la crisis no alcanza a toda la población, por lo que desde Carta contra el Hambre promovimos una Iniciativa Legislativa Municipal para garantizar el derecho a la alimentación.

El Proyecto de Ley no fue admitido a trámite en la Asamblea de Madrid, por un solo voto de diferencia, el 21 de febrero de 2019. El Partido Popular y Ciudadanos argumentaron que la inseguridad alimentaria era marginal y estaba suficientemente cubierta. Consideraban que no había datos consistentes sobre la insolvencia alimentaria y que los casos excepcionales que se daban se resolvían a través de las rentas mínimas, las prestaciones de emergencia y las ayudas de entidades privadas. Estos argumentos chocaban frontalmente con el volumen de población (más de doscientas mil personas) que recibía por entonces alimentos de emergencia, o con las encuestas de Madrid Salud, en las que se estimaba que uno de cada diez hogares de la ciudad de Madrid padecía inseguridad alimentaria (Castrillo y Pereda, 2019: 32-38).

Nuevo informe

La novedad del actual informe es que aporta información consistente y detallada sobre la insolvencia alimentaria en la Comunidad de Madrid y sobre su evolución entre 2013, en plena crisis, y 2018, cuando la economía y el empleo estaban mejorando. Constituye una base documentada que puede servir como elemento de arranque para abordar un triple objetivo. Por un lado, dar visibilidad al problema de hambre e Inseguridad Alimentaria que afecta a un 15% de la población de la Comunidad de Madrid, denunciando la creciente desigualdad. Por otro lado, ofrecer una caracterización multidimensional de los hogares en situación de hambre e Inseguridad Alimentaria, poniéndolos en relación con las condiciones de exclusión social. Por último, el reconocimiento de los mecanismos de protección social actuales y sus carencias ha de permitir informar e incidir en las políticas públicas y encaminarlas al cumplimiento del derecho a la alimentación para toda la población de la Comunidad.

Inseguridad alimentaria crónica

Este diagnóstico nos pone sobre la pista del porqué de la persistencia de la pobreza extrema y con ella, de las familias que se mantienen de forma ya crónica en situación de inseguridad alimentaria. Los datos que siguen, son el marco para el análisis de las bolsas de exclusión y pobreza, en su relación más concreta con el hambre y la Inseguridad Alimentaria. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define inseguridad alimentaria como la falta de “acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable. Esto puede deberse a la falta de disponibilidad de alimentos y/o a la falta de recursos para obtenerlos” (FAO, 2020, párrafo 5). Según el estudio Situación nutricional de la población infantil de la ciudad de Madrid, el 66% de las familias en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa se han visto obligadas a realizar cambios en sus hábitos alimentarios durante la crisis (Madrid Salud y UCM, 2017:54).

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2018) en la Comunidad de Madrid existen 2.572.900 hogares que dan cobijo a 6.578.000 habitantes, con una media de 2,55 habitantes por hogar (la media española de habitantes por hogar es de 2,49). Entre 2007 y 2018, es decir, durante la época de plena crisis, la población madrileña creció un 8%, con aproximadamente 409.000 nuevos residentes, muy por encima del incremento del 3,3% observado en el conjunto de España en ese mismo periodo. Esta dinámica demográfica en la Comunidad Autónoma va acompañada de un crecimiento de la desigualdad y de persistentes bolsas de pobreza y exclusión social.

Es en este ámbito de privación material donde se muestra la inseguridad alimentaria y donde se desarrollan las medidas paliativas, como el reparto de ali- mentos por parte fundamentalmente, de entidades privadas y comedores sociales. El carácter público de las compras masivas realizadas por el Estado a través del Ministerio de Agricultura queda encubierto al ser distribuidos a través de organi- zaciones privadas de beneficencia. El informe presentado analiza la persistencia de la inseguridad alimentaria en la Comunidad de Madrid, qué dimensiones tiene, a qué personas afecta y con qué tipo de protección social cuentan.

La exclusión social, con su correlato de pobreza y en casos extremos, pero no excepcionales, de hambre e inseguridad alimentaria, pone de relieve la necesidad de plantear soluciones en el campo de los derechos, en este caso del derecho a la alimentación. Es un problema crónico y estructural que requiere medidas políticas y económicas estructurales y no sólo actuaciones coyunturales en momentos de crisis.