Las familias realojadas de El Gallinero obligadas a volver a hacer las maletas.

Ha pasado un año y pocos meses desde que el Ayuntamiento de Madrid desmanteló el poblado chabolista de El Gallinero principalmente habitado por familias gitanas de origen rumano. Sin embargo, todo parece indicar que el periplo de las personas afectadas no ha llegado a su fin.

La Comunidad de Madrid quiere volver a realojar a las familias que en su día habitaron en el poblado chabolista de El Gallinero fuera de la capital, lejos del que ya es su ambiente y sin que el interés superior de los menores implicados parezca importar. Una disputa entre distintas administraciones y con cambios de gobierno, tanto municipal como autonómico, que tampoco ayuda y cuyos únicos afectados vuelven a ser los más vulnerables y desfavorecidos.

Echamos la vista atrás para situarnos en el verano de 2018. Por aquel entonces, unas 23 familias que habitaban el Gallinero firmaron un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid (y únicamente con ellos) mediante el cual cedían su casa a cambio de un nuevo hogar en la ciudad de Madrid. Finalmente fueron 14 las viviendas asignadas por el consistorio por distintas zonas de la capital. Apenas tres días antes del desmantelamiento del poblado entró en juego la Comunidad de Madrid. El trato ahora era repartirse la tutela de dichos hogares al 50%. Es decir, siete viviendas pasarían a estar a cargo del Ayuntamiento y otras siete bajo la protección de la comunidad autónoma. A día de hoy aún se desconoce el criterio que se siguió a la hora de repartirse dichas viviendas y con ello, a las familias.

Hasta aquí, todo correcto pues, sin lugar a duda, el desmantelamiento de El Gallinero y la posterior reinserción de las familias en un entorno saludable está siendo todo un éxito. Sin embargo, a mediados de noviembre, llegó la sorpresa. Desde la Comunidad de Madrid, se comunicó a las familias que tiene bajo su tutela (11 en total en las 7 viviendas) un nuevo traslado a zonas y pueblos (el único que de momento se conoce es Pozuelo del Rey) que no cumplen con lo pactado con el Ayuntamiento, en concreto, con el Área de Bienestar social. Es importante insistir en que las familias únicamente firmaron el acuerdo con el consistorio local y que la comunidad autónoma se incorporó al proceso a última hora.

Pero, además, como denuncian tanto las familias como el grupo de voluntarios que, de manera habitual, han colaborado con el poblado y cuyo punto de encuentro es San Carlos Borromeo, se incumplen también las condiciones económicas y administrativas del acuerdo. Si anteriormente el requisito era tener un NIE por vivienda, ahora se les exige un NIE por cada miembro de la familia mayor de 14 años. No hace falta matizar que sin un puesto de trabajo, en este país no se consigue el NIE y sin un NIE, no se consigue trabajo. Por otro lado, el precio que ahora tendrían que pagar sigue sin estar claro, pero lo que parece seguro es que será superior a los 65€ al mes que pagan ahora. Todo esto sin hablar de la ruptura que supondría en las familias y, sobre todo en los menores, de los procesos de integración ya avanzados.

22 menores afectados.

Este cambio afecta a siete viviendas en las cuales se encuentran un total de 22 menores afectados y escolarizados ya en distintos centros públicos: dos en educación infantil, 12 en primaria, dos menores cursando ESO, una menor en 1º de bachillerato, un menor de 16 años cursando un UFIL de cocina (Unidad de Formación e Inserción Laboral) y otro menor de la misma edad haciendo un ACE de electricidad (Aulas de Compensación Educativa). Chicos y chicas, pudiendo no tener ningún tipo de motivación a la hora de estudiar y ser caldo de cultivo para el trapicheo, sin embargo, se ilusionan cada mañana con ir a sus centros de estudios y sueñan con tener un trabajo y una vida digna para ellos y para sus familias.

Desde Alandar, tuvimos la posibilidad de conocer de cerca, a dos de las familias afectadas. Situada en el barrio de Vallecas, la primera familia que nos recibe está compuesta de seis miembros, cuatro de ellos menores en distintas etapas educativas. A los más pequeños se les ilumina la cara contándonos cómo es su colegio, quiénes son sus amigos y sus novias, y lo bien que se lo pasan los fines de semana patinando en la pista de hielo que hay cerca de su casa. A uno de ellos, desde el centro escolar, se le ha asignado un orientador y apoyo escolar y el mayor está cursando electricidad y cuenta los días que quedan para conocer sus notas del primer trimestre. La madre está añadida en todos los grupos de WhatsApp del colegio y el padre ha conseguido un puesto de trabajo a media jornada en un taller el cual, al no disponer de transporte propio, con toda seguridad tendría que dejar en caso de que el realojo se llevara a término. Procesos de integración muy avanzados que, como decíamos anteriormente, han tenido un éxito increíble y que parecen no importar a los entes públicos.

Apenas unos minutos de distancia nos separan de otra de las familias que quieren realojar, confirmado ya, en Pozuelo del Rey. Es una de las familias más vulnerables, pues los padres apenas hablan español y la madre tiene revisiones constantes en el medico y el hospital. Es la hija de 17 años quien nos recibe para explicarnos su caso. Una chica súper inteligente, que no se le escapa nada y que sueña con dedicarse a la abogacía y ayudar a gente en situaciones parecidas a la suya. Es ella quien prácticamente (por su conocimiento del idioma) está sacando a la familia adelante, atenta en todo momento a que sus hermanos pequeños hagan los deberes, lean y dominen el idioma. Su hermano y su padre tuvieron la oportunidad de viajar a Pozuelo del Rey. Al ver la distancia a Madrid y las carencias que presenta la localidad (de no más de 1000 habitantes y que no dispone de centro médico ni instituto) se han negado a firmar el nuevo acuerdo con la Comunidad de Madrid, quien tampoco ha presentado un informe justificando el porqué de ese destino y los posibles beneficios que supondría dicho traslado. A esto se añade que tienen un hijo en situación de guarda y residiendo en un centro de Berzosa de Lozoya al que le sería prácticamente imposible desplazarse hasta Pozuelo del Rey los fines de semana.

Falta de coordinación política.

Dos casos que sirven para ilustrar la falta de coordinación y voluntad política. Blanca, la voluntaria que nos acompaña en las visitas, nos cuenta que los recursos asignados para el proceso de realojo son más que suficientes para evitar traslados fuera de la capital. Entre otros, 269.095.25 euros asignados por el Ayuntamiento a través de la EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo) para los años 2018-2022 y 1.840.000 euros previstos por la Agencia de Vivienda Social para compra de viviendas para estas familias (lo que según los cálculos tiene un coste unitario de aproximadamente de 160.000 euros por vivienda). Todo sin contar con que, a día de hoy, hay viviendas de la EMVS asignadas a familias de El Gallinero que están vacías pues no todas las personas que vivían allí han permanecido en nuestro país.

Pero poco o nada parece importar a los distintos responsables que se reparten este pastel y que una y otra vez tienen la callada por respuesta. El pasado noviembre y tras una queja formal presentada por las familias y los voluntarios ante el Defensor del Pueblo, éste anima a las administraciones a informar de cómo se ha llevado a cabo la distribución del realojo de las familias entre el Ayuntamiento y la Comunidad, si se ha notificado a los interesados y el número de familias totales y los criterios de adjudicación de las viviendas. Asimismo, se recomienda, y citamos de manera literal la resolución: “Ponderar el interés superior de los menores en la decisión de realojo, retrasando el fin del alojamiento temporal hasta el fin del curso escolar”.

A fechas de finalización de este artículo, la recomendación del Defensor del Pueblo no ha sido escuchada y se siguen sin conocer ni la fecha, ni los destinos programados.