En las residencias públicas de mayores de la Comunidad de Madrid 7.291 personas mayores murieron de COVID -aunque sería más exacto decir que las dejaron morir sin atención hospitalaria- en los meses de marzo y abril de 2020. Actualmente, se siguen pidiendo aclaraciones y se solicita la acción de la justicia ante semejante tragedia.
La pandemia causó la muerte a 34.571 personas mayores en las residencias en toda España, pero en la Comunidad de Madrid el porcentaje de fallecidos duplicó el de otras comunidades, debido a las medidas adoptadas por la Comunidad: se establecieron unos protocolos que excluían la derivación a los hospitales de las personas mayores con alto nivel de dependencia o deterioro cognitivo, lo que impidió el acceso a los hospitales a la mayoría de residentes. Tal decisión vulneraba claramente el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: “El derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley”.
La pandemia causó la muerte a 34.571 personas mayores en las residencias en toda España
La mayoría de las personas mayores quedaron en un aislamiento pernicioso para su salud física y mental. En informes médicos se señala que muchas murieron de hambre y otras deshidratadas, porque no les dieron líquido y los riñones dejaron de funcionar. Según Amnistía Internacional, se vulneró su derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar así como a una muerte digna.
Se vulneró su derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar así como a una muerte digna
Hace pocas semanas, en la Asamblea de Madrid, la presidenta de la Comunidad pronunció unas palabras en las que justificó su proceder con el argumento de que “cuando una persona mayor estaba gravemente enferma con COVID no se salvaba en ningún sitio”. Sin embargo, según datos de la propia Comunidad, queda demostrado que el 65% de las personas mayores derivadas a hospitales sobrevivieron. La proyección de esa cifra sobre el número de personas que no fueron derivadas permite deducir que pudieron haberse salvado, aproximadamente, 4.000 de las 7.291 fallecidas, y que muchas más habrían podido tener una muerte digna.Además, incluso los hospitales privados pusieron a disposición de la Comunidad 1.000 camas, pero las derivaciones fueron prohibidas expresamente, excepto para quienes tenían un seguro privado.
Existía la alternativa de la medicalización intensiva de las residencias. Es más, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó a la Comunidad que tomara tal medida, pero no se tomó y, simplemente, se creó la figura del “geriatra de enlace”, quien decidía acerca de la derivación hospitalaria o la permanencia en las residencias. No se adoptó ninguna otra medida sanitaria efectiva ni medios para terapias de sedación o tratamientos que pudieran atenuar el sufrimiento de las personas afectadas.
No se adoptó ninguna otra medida sanitaria efectiva ni medios para terapias de sedación o tratamientos que pudieran atenuar el sufrimiento de las personas afectadas
Los familiares y unas pocas víctimas supervivientes presentaron numerosas querellas por el delito de omisión del deber de socorro que, en su mayoría, fueron archivadas sin ser investigadas y sin depurar responsabilidades. Al parecer, solo cuatro están en tramitación. Asimismo, se cerró en falso la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid relativa a la pandemia. Por su parte, la Fiscalía de Madrid ha hecho muy poco para esclarecer los hechos y se ha negado a escuchar a las víctimas.
En septiembre del pasado año se puso en marcha la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid formada por siete personas honorables y expertas, quienes escucharon testimonios de víctimas, familiares, trabajadores de las residencias, peritos y representantes políticos de la Comunidad de Madrid. A mediados de marzo se publicó un demoledor informe referido a la actuación de la Comunidad de Madrid en los primeros meses de la pandemia, reafirmando que las decisiones que se tomaron no respondieron a criterios humanitarios y médicos sino a criterios de oportunismo político y mercantilización de la tragedia. Fueron los casos del publicitado “hospital milagro” habilitado en las instalaciones de la Feria de Madrid, que únicamente recibió a 23 pacientes, y de la construcción del Hospital Isabel Zendal, con un costo de 170 millones de euros, cuya utilidad y finalidad ha sido cuestionada unánimemente por especialistas.
Según informes, las decisiones que se tomaron no respondieron a criterios humanitarios y médicos sino a criterios de oportunismo político y mercantilización de la tragedia
La Comisión Ciudadana solicita que el Ministerio Fiscal impulse investigaciones eficaces y diligentes para buscar la verdad y establecer reparaciones para las víctimas. También lo pedimos las y los ciudadanos.
