La alianza No Quiero en defensa de los derechos de las niñas, formada por las ONG Amnistía Internacional, Entreculturas, Mundo Cooperante y Save the Children, ha instado a los gobiernos a reactivar los programas de prevención del matrimonio infantil, precoz y forzado y de la mutilación genital femenina, que han sufrido retrasos por la Covid-19.

Las organizaciones recuerdan que el cierre de escuelas, la inseguridad económica y alimentaria, y la falta de medidas de protección social conllevan un mayor riesgo de abuso y explotación infantil, violencia de género contra las niñas, matrimonio infantil, precoz y forzado y mutilación genital.

Imagen de la campaña «No Quiero»

La pandemia ha afectado enormemente al funcionamiento de los programas contra la mutilación genital femenina, ya que normalmente se llevan a cabo en grupo, algo que las medidas de distanciamiento social no permiten. Por otro lado, se han desviado muchos recursos de los programas sociales y de salud hacia la contención de la pandemia.

El matrimonio infantil es utilizado por las familias en crisis humanitarias para reducir su carga financiera o para proteger a las niñas de otras formas de violencia de género. En muchos casos, la mutilación genital va de la mano, pues se le practica a las niñas para casarlas posteriormente.

Según la Unesco, 743 millones de niñas no están yendo a la escuela debido a la Covid-19. A esto hay que sumar los 132 millones de niñas de entre 6 y 17 años que estaban fuera del sistema educativo antes de la pandemia. La desprotección de las niñas al abandonar la escuela se traduce en casos concretos como el de la región tanzana de Ruvuma, donde en un mes se han dado más de cien embarazos de niñas durante la emergencia.

Debido a todo ello, y según las proyecciones realizadas por el Fondo de Población para Naciones Unidas (UNFPA), el cierre de las escuelas, la suspensión de los programas para prevenir la MGF y la crisis económica mundial podrían dar como resultado dos millones de casos de mutilación genital femenina, 13 millones de matrimonios forzados, 31 millones de nuevos casos de violencia de género contra mujeres y niñas y siete millones de embarazos no deseados.

Desde Chad, Farida Fadoul Nasser, una niña refugiada de 15 años proveniente de la República Centroafricana, explicaba: “Aquí muchas niñas han sufrido mutilación y embarazos no deseados. La educación nos protege de eso. Ahora, debido a la pandemia, nos hemos quedado sin escuela y nuestros derechos están en peligro”.

En Burundi, Annick Dusenge, trabajadora psicosocial del programa Ser niña es un derecho, que realiza Solidarité des Femmes con el apoyo de Mundo Cooperante, advierte: “Algunas familias, al quedarse sin trabajo por la pandemia, no pueden hacer frente a todos los gastos, así que prefieren dar a sus hijas en matrimonio”.

En Tanzania, Mawi Zahor, de la organización Hope 4 Young Girls relata que la Covid-19 ha supuesto un incremento en el número de niñas que han sufrido mutilación genital: “En la mayoría de las comunidades las niñas han tenido que permanecer en casa y por ello los padres piensan que tienen pleno control sobre ellas”.

“La mutilación genital femenina constituye una forma de tortura, de discriminación y violencia de género. Vulnera el derecho de las niñas a la salud, a su autonomía y a decidir sobre su sexualidad y reproducción”, denuncia Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional.

“Cuanto más tiempo mantengamos a las niñas fuera de la escuela, menos posibilidades tendrán de regresar. La escuela tiene un papel fundamental en la protección y prevención de la violencia contra las niñas”, expresa Daniel Villanueva, vicepresidente ejecutivo de Entreculturas.

Albán del Pino, director técnico de Mundo Cooperante, asegura: “Estamos a tiempo de exigir y poner en la agenda internacional todos los recursos necesarios para que este tristísimo pronóstico no se cumpla. Cada niña cuenta. Cada niña nos dice: no quiero”.

“Con la Covid-19 corremos el riesgo de revertir todo el progreso que hemos logrado, a medida que en algunos países los espacios cívicos se vuelven más restringidos y la atención e inversiones públicas se centran casi exclusivamente en la contención de la pandemia”, añade Andrés Conde, director general de Save the Children.

Las cuatro ONG de la alianza No Quiero piden a los gobiernos actuar de manera urgente y reclaman compromisos concretos como:

  • Priorizar e integrar la prevención y la respuesta a la violencia de género, incluidas medidas que garanticen el acceso a los servicios de salud mental, sexual y reproductiva para niñas sobrevivientes.
  • Garantizar una educación de calidad y libre de violencia para las niñas.
  • Mantener e incrementar la disponibilidad de espacios seguros y servicios y líneas de asistencia.