Se han cumplido ya tres meses desde que el 28 de junio se produjera el golpe de Estado en Honduras mediante la expulsión del país del presidente constitucional, Manuel ‘Mel’ Zelaya. Como se recordará, un grupo de militares detuvo al mandatario en su casa y lo trasladó en avión a Costa Rica. Tras este hecho, el Congreso nombró presidente a Roberto Micheletti, hasta ese momento responsable del poder legislativo. La justificación del golpe de Estado está en la pretensión de Zelaya de hacer una consulta popular –el 28 de junio- para someter a referendo –el 29 de noviembre- la modificación de la Constitución, lo que popularmente se ha denominado ‘la cuarta urna’. La Corte Suprema ha calificado esta pretensión como “un delito contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones”. Si estos cargos fueran reales lo más sencillo hubiera sido que el Congreso suspendiera de su cargo al presidente Zelaya y después juzgarlo de acuerdo con la ley.
Pero no se hizo así, seguramente porque, como señalan muchos observadores internacionales, la propuesta del presidente podía hacer peligrar el status quo hondureño, dominado por un grupo de familias que manejan la economía del país y que en la mayoría de los casos tienen ‘representantes’ en los poderes legislativo y judicial para conseguir que nada cambie, que nada impida hacer grandes negocios –muchos de ellos a base de contratos con el estado- que les permite vivir de una manera absolutamente inimaginable para la inmensa mayoría de sus conciudadanos.
Lo cierto es que, transcurrido este tiempo, la situación política no ha recobrado la normalidad democrática y, como suele suceder siempre en este tipo de hechos, el gran golpe lo ha recibido el pueblo, que además de ver pisoteados sus derechos civiles sufre el impacto de las sanciones económicas, con la suspensión de las ayudas, impuestas por la comunidad internacional, que de forma unánime ha condenado la asonada y ha pedido el restablecimiento de la legalidad presidencial.
Débil economía
Un 20% de los ingresos de la débil economía hondureña proviene de la ayuda exterior. La Unión Europea (UE) ha congelado el apoyo directo y los Estados Unidos ha suspendido la ayuda no humanitaria, lo que suponen más de 30 millones de dólares (unos 22 millones de euros), destinados fundamentalmente al desarrollo, programas de salud, financiación de infraestructuras, planes de ayuda a campesinos…, también entrenamiento militar, seguridad… Además, Venezuela ha suspendido el suministro de petróleo, lo que supone unos 1.054 millones de euros, y los créditos, cifrados en 91 millones de euros, prometidos tras la adhesión de Honduras, en octubre de 2008, a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), promovida por el presidente venezolano, Hugo Chávez. Otro dato importante es la reducción en el envío de remesas –unos 3.000 millones de dólares- que hacen los 800.000 hondureños emigrados a los Estados Unidos.
También las exportaciones de café, plátanos y azúcar –el 70% de ellas a los EE.UU.- se han ralentizado y el turismo ha caído más del 60%.
El gobierno de facto de Roberto Micheletti trata de resistir sin las ayudas exteriores, pero lo cierto es que la economía familiar de la inmensa mayoría de los hondureños se ve negativamente afectada, de una forma u otra, por esta realidad. No hay que olvidar que Honduras es el segundo país más pobre de América Latina, después de Haití. Su renta per capita es de 2.793 dólares, muy mal repartida, de ahí que casi seis de cada diez hondureños sean pobres y casi un 36,2% de la población esté por debajo de la línea de la extrema pobreza.
Ante esta cruda realidad, la mayoría de los hondureños trata de sobrevivir cada día. La normalidad es una característica en la mayoría de los departamentos, si exceptuamos la grandes ciudades, como Tegucigalpa o San Pedro Sula (capital industrial del país), en donde se vienen produciendo numerosas manifestaciones a favor de la vuelta de Manuel Zelaya, quien, por su parte, sigue desarrollando una intensa acción internacional buscando ser restituido en el cargo para el que fue elegido democráticamente en las urnas en noviembre de 2005. Hasta ahora las acciones de la comunidad internacional no han conseguido ese propósito. La llamada a consultas de la mayoría de los embajadores de los países de la UE, la condena de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como las presiones de los Estados Unidos, gran aliado de Honduras en Centroamérica, no han sido suficientes para que Roberto Micheletti renuncie a la presidencia otorgada por el Congreso. Tampoco ha servido la resolución de San José, propuesta por Óscar Arias, presidente de Costa Rica, que contempla, entre otras cosas, la restitución de Zelaya, la omisión de los delitos políticos anteriores al 28 de junio, a cambio de que el presidente depuesto renuncie a tratar de modificar la Constitución mediante una consulta popular y el adelanto de las elecciones.
Campaña electoral
Este último punto ya no es posible. El pasado 31 de agosto se inició la campaña electoral que terminará el 29 de noviembre –como estaba previsto antes del golpe de Estado- con la elección de presidente, 128 congresistas, 20 representantes en el Parlamento Centroamericano, 298 alcaldes y vicealcaldes, así como cerca de dos mil regidores (concejales). Muchos ven en las elecciones una posibilidad para salir de la actual situación, aunque la OEA, por ejemplo, ha señalado que no va reconocer los resultados y los EE.UU., a través del portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, ha manifestado, que “no estamos en condiciones de respaldar el resultado de las elecciones previstas” y en cualquier caso “éstas tiene que realizarse de forma libre, justa y transparente”.
En cualquier caso, los dos candidatos con más posibilidades, Elvin Santos, del Partido Liberal –el mismo de Manuel Zelaya- y Porfirio ‘Pepe’ Lobo, del Partido Nacional, están enfrascados en la disputa electoral, con la sombra de un presidente depuesto y la imagen de un presidente impuesto.
Dos obispos, dos salesianos, dos visiones
La postura de la Iglesia respecto al golpe de Estado ha recibido más bien críticas. En el manifiesto leído en una emisora de radio por el presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, el cardenal arzobispo de Tegucigalpa, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, que se titulaba ‘Edificar desde la crisis’, se indica que se debe “aprender de los errores para enmendarlos en el futuro” y añade que “los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están en vigor legal y democrático de acuerdo a la Constitución de la República de Honduras”, lo que implícitamente significa aceptar el golpe.
Por su parte, el obispo de Santa Rosa de Copán, Luis Alfonso Santos, salesiano como el cardenal, firmó un comunicado en el que manifestaba que “como responsable de la conducción de la Iglesia católica en el Occidente de Honduras, repudiamos la sustancia, la forma y el estilo con que se ha impuesto al pueblo un nuevo jefe del Poder Ejecutivo. Si el presidente José Manuel Zelaya Rosales hubiese cometido algún ilícito tiene derecho a un juicio justo igual que todo ciudadano hondureño y en general todo ser humano”.
