En 1996 el gobierno de Guatemala, respondiendo a su política de marcado corte neoliberal, ofreció excelentes condiciones a las transnacionales mineras sobre todo canadienses y estadounidenses, mediante una reforma de la ley minera, en base a la cual el 91% de la producción es para la compañía multinacional y el 1% para el país.
En el año 2001 la empresa Montana, a través del proyecto Marlin, dependiente de la compañía madre Gladis Gold, comenzó un proceso de exploración minera en el departamento de San Marcos. El resultado de esta exploración demuestra que Guatemala, y concretamente el altiplano marquense, es rico en oro y plata. Y, como ave de rapiña, la multinacional cayó sobre la región. Dos años después comienza la explotación minera a cielo abierto, sin contar para nada con las comunidades.
Las organizaciones sociales y la Iglesia han expresado su oposición a la actividad minera de metales después de comprobar con datos fehacientes que esta industria en otras partes del mundo, lejos de contribuir al desarrollo de las comunidades, ha generado porcentajes de mayor pobreza y miseria.
Daños ambientales
A ello se suma el impacto ambiental. La minería a cielo abierto lleva consigo la desaparición de extensas zonas de bosques para remover la tierra y extraer el mineral de oro y plata. Esta actividad deja suelos destruidos e inservibles y tierras expuestas a la erosión de los amontonamientos de residuos estériles. Hay alteración de los ecosistemas. Utiliza grandes cantidades de cianuro, sustancia química altamente tóxica, que permite separar el oro del material removido, y que presenta el riesgo de contaminación de suelos y aguas subterráneas. Asimismo, se corre el riesgo de drenaje ácido, pues al quebrar la roca quedan expuestos otros elementos químicos de metales pesados concentrados que se combinan con la lluvia y pueden contaminar los arroyos. Utiliza grandes cantidades de agua que extrae de pozos muy profundos, afectando los manantiales del área.
La compañía minera que opera en San Marcos está autorizada por el ministerio de Energía y Minas para utilizar, completamente gratis, seis millones de litros de agua diarios, porque la técnica que usa para separar el mineral de la roca es la hidrometalúrgica. Ninguna actividad industrial es tan agresiva ambiental, social y culturalmente como la minería a cielo abierto.
La iglesia resiste
Ante esta realidad, las organizaciones sociales y populares y la Conferencia Episcopal de Guatemala, y más concretamente la diócesis de San Marcos, ofrecen resistencia y proponen alternativas.
En 2005 el obispo de San Marcos Álvaro Ramazzini y la Pastoral Social de la Diócesis convocaron a una manifestación de resistencia a la explotación minera, concluyendo ante el palacio de gobernación departamental, en la que participaron más de 10.000 personas representantes de los 29 municipios del Departamento. El Obispo llamó al pueblo a ofrecer resistencia pacífica a la explotación minera tal y como está contemplada, e hizo un llamado al Gobierno para que realice consultas comunitarias de acuerdo al Convenido 129 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, propuso que se modifique la Ley de Minería: que la ganancia sea de un 50% para la compañía minera y otro 50% para el país, y que la sociedad civil configure un equipo técnico para monitorear el impacto social y ambiental.
La resistencia popular más sobresaliente consiste en la realización de Consultas Comunitarias. Estas consultas son la máxima expresión democrática de un pueblo al ser él quien decide aspectos que le incumben. Las Consultas Comunitarias se efectúan conforme a las costumbres propias e históricas de los pueblos mayas mediante asambleas comunales. Muestran la práctica de los pueblos indígenas de Guatemala de expresarse pacíficamente sobre asuntos que les afectan directamente. Se han realizado hasta la fecha 18 consultas en siete municipios. En todas ellas el pueblo ha dicho NO a la explotación minera tal y como se está realizando.
Este rechazo se suma a las diferentes manifestaciones populares de los últimos años en todo el país en contra de la actividad minera a cielo abierto y de la construcción de hidroeléctricas que no toman en cuenta al pueblo.
El movimiento social guatemalteco y la Pastoral Social no están en contra de la explotación de los recursos naturales siempre que esta explotación revierta en beneficio de las comunidades para mejorar su vida y se realicen cuidando el medio ambiente.
La postura de la iglesia de Guatemala es la defensa de la vida del ser humano y de la naturaleza. Dios creó la naturaleza para que los hombres y mujeres vivan en armonía con ella y la cuiden. Si la actividad minera a cielo abierto provoca impactos sociales sobre la salud y la vida de las poblaciones y afecta a la biodiversidad, su postura es de resistencia firme y activa. Así lo dejó claro la Conferencia Episcopal y el obispo Álvaro Ramazzini, quien a su vez hace un llamado a los campesinos para que no vendan sus tierras a las multinacionales.
La Pastoral Social y el movimiento popular proponen:
*Realización de acciones conjuntas de la sociedad civil para que el Estado prohíba las concesiones de minería metálica a compañías multinacionales.
*Reconocimiento por parte del Estado de las Consultas Comunitarias, con carácter vinculante, es decir, obligatorio de acuerdo a las normativas jurídicas.
*Construcción de un marco legal que desarrolle una política minera que proteja los derechos humanos y los recursos naturales.
*Que la explotación minera, así como las hidroeléctricas sean mancomunadas, es decir, propiedad del pueblo, con el apoyo financiero y técnico, si fuera necesario de empresas privadas, controladas por las mismas comunidades para velar por el bien común y la conservación del medio ambiente.
En Guatemala la resistencia a la explotación minera está fortaleciendo la búsqueda de caminos nuevos que conducen hacia un futuro más humano, limpio y esperanzador. Hay cada vez más conciencia de que urge ver y vivir la vida sin ambición de lucro y de poder, sino con un espíritu de protección de los recursos naturales, de fraternidad, de ternura, respeto a la naturaleza y gratuidad contemplativa. Es por ello que de aquí surge el gran desafío: revertir la globalización neoliberal, que es cruel con los pobres y con la naturaleza, por la globalización de la justicia y la solidaridad.
