Una salida popular a la crisis inmobiliaria

254movimientos1.jpgDurante el último año, diversas organizaciones sociales de Sevilla hemos consensuado dos textos sobre nuestra alternativa al problema de la vivienda en el contexto de la crisis inmobiliaria desatada. El que se ofrece pretende ser una síntesis de ambos.

Hay un sucedáneo de la vida que se llama subsistencia. Los poderosos, como tenderos fulleros o consumados trileros, pretenden continuamente contentarnos con la mercancía de segunda. Para quienes no nos resignamos al cambiazo, el disfrute de una vivienda digna no es un sueño para el futuro sino una exigencia para el presente. Disponer de un lugar seguro y confortable donde gozar, desarrollar y compartir nuestra intimidad con las personas queridas no es algo que pueda discutirse, aplazarse o remediarse; es la premisa innegociable de una vida que merezca ese nombre.

El enorme fraude social y político que supone que un país, del que sus gobernantes dicen ser la octava potencia del mundo, mantenga a miles de personas sin una vivienda digna, no puede consentirse.

Pareciera sin embargo que un nuevo obstáculo ha surgido en el camino de dar solución a este grave problema social: la crisis inmobiliaria en el seno de una devastadora crisis económica.

En realidad, para muchos, el problema no es nuevo. Durante los últimos quince años hemos asistido a una orgía de precios en el mercado de la vivienda en la que algunos obtenían enormes ganancias, otros a duras penas compraban un piso soñando que el esfuerzo las merecía porque era una inversión segura, y muchos se angustiaban diariamente porque sus salarios bajos y precarios no le daban para satisfacer la codicia de promotores y caseros. Mientras tanto el Estado permitía la corrupción, saludaba el crecimiento de la economía del ladrillo, no quería oír las advertencias de quienes anunciaban el desastre ni las protestas de los excluidos y simulaba intentar remedios a los daños colaterales más evidentes. En realidad, la crisis viene de lejos: para quienes sufrían el acoso inmobiliario, para los que a diario recibían órdenes de desahucio, para los afortunados por los sorteos de viviendas municipales que no podían pagar, para quienes consumían su juventud en casa de sus padres sin poder emanciparse, para quienes tenía en vilo la hipoteca mensual, para el conjunto de la ciudadanía a la que la corrupción urbanística saqueaba a diario… las penalidades no son nuevas.

Se terminó la fiesta

Lo nuevo es que ahora parece que se ha acabado la fiesta para los ricos y, con ella, las migajas que caían para el pueblo. Banqueros y grandes promotores inmobiliarios, con los bolsillos llenos de pasadas ganancias, los mismos que ayer defendían las virtudes del libre mercado y repelían cualquier tipo de intervención pública en la economía, reclaman hoy ayuda del Estado porque si algo no pueden consentir es que sus beneficios dejen de crecer. Lo nuevo es la tristeza y compasión que provocan en los gobernantes que se estrujan los sesos acordando continuas medidas para ayudarlos. Al final todas sus medidas para combatir la crisis se reducen a una: pagar con dinero público, con dinero de todos, los derroches de los potentados.

Sin embargo, es tan grave la cosa y tan grande su codicia, que las aguas no vuelven a su cauce, sino que, por el contrario, cada vez arrasan con más fuerza. Los poderosos parecen estar desconcertados y mucha gente se pregunta angustiada ¿qué pasará?

Pasará lo que el pueblo quiera que pase. En lo que respecta al derecho a disfrutar de una vivienda digna, la gente tenemos claro tres cosas: una, lo que necesitamos es simplemente un alojamiento digno, estable y al alcance de nuestros ingresos; dos, nuestra necesidad y nuestro derecho es más importante que los negocios de los corruptos, banqueros y promotores; y, tres, somos la inmensa mayoría y por tanto más fuertes que ese puñado de especuladores.

Las direcciones de salida

Nada está definitivamente decidido. La salida a la crisis puede tener muchas direcciones. Unas, las que hasta ahora impulsan los gobernantes, benefician a los poderosos y pretenden recomponer el tinglado de sus beneficios a costa del pueblo. Otras harán posible acabar con el sistema que tanta ruina y dolor nos está trayendo a los de abajo y mejorar nuestras condiciones de vida haciéndola más segura, más justa, más feliz y más democrática.

Que la salida sea beneficiosa para nosotros va a depender de nuestra capacidad para unirnos y organizarnos, para plantar cara con firmeza y para descubrir entre todos las soluciones que necesitamos.

Creemos que algunas de estas soluciones son sencillas: la vivienda es un derecho de todos, no un negocio. Como tal derecho, igual que hacemos con la educación o la sanidad, su respeto y satisfacción no puede quedar en manos de los negociantes privados, sino de toda la sociedad y de las instituciones públicas que deben defenderla. Hace falta un servicio público y universal de vivienda: un parque de viviendas de propiedad del Estado a disposición de cualquier persona que lo demande. A este fin deben dedicarse los recursos públicos en vez de malgastarlos en las multimillonarias ayudas a los ricos ni en los miserables paños calientes con los que intentan acallar a algunos sectores particulares de afectados (viviendas de emergencia, ayudas al alquiler, sorteos…). Para esto no hace falta construir más viviendas: muchas más de las que se necesitan están vacías. No se trata de paralizar la industria de la construcción sino de cambiar su tarea. De nada le sirve, sólo aplaza el problema, seguir construyendo hasta arrasar todo el suelo disponible, sin embargo, la rehabilitación y restauración de la ciudad consolidada es una tarea inaplazable que proporciona muchos más puestos de trabajo.

Discutamos las medidas que se proponen en el recuadro, mejorémoslas entre todos, organicémonos y exijamos a los poderes públicos la apertura inmediata de una mesa de diálogo con efectiva presencia de los afectados y las víctimas de la presente situación en la que se adopten las soluciones que necesitamos.

Medidas que deben empezar a adoptarse

A.- Los recursos públicos para la vivienda pública.

1.- Cese inmediato de la privatización del parque público de vivienda de todas las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos); unificación de todas las existentes bajo administración municipal.

2.- Orientar toda la actividad de promoción de vivienda de las Administraciones Públicas hacia la vivienda en alquiler y dedicar todo el gasto público en vivienda a dicho fin.

3.- Adquisición de toda la reserva de suelo rústico urbanizable por la Administración Pública y del suelo urbano que incumpla las previsiones de los planes urbanísticos.

B.- Vivienda abandonada, vivienda ocupada.

4.- Expropiación de la facultad de uso por tiempo de cinco años prorrogables de las viviendas de propiedad privada que permanezcan desocupadas de manera habitual durante un año, para cederlas en arrendamiento con rentas equivalentes al 4% anual de su valor fiscal (2’5 veces su valor catastral) nunca superior al 20% de los ingresos del inquilino.

5.- Expropiación de las viviendas cuyos propietarios desatiendan su deber legal de conservarlas en adecuadas condiciones de habitabilidad, ya las tengan arrendadas o vacías para, previa su rehabilitación, cederlas en arrendamiento con la renta anteriormente expresada.

6.- Despenalización por el Parlamento de la nación de la ocupación pacífica de viviendas deshabitadas (apartado 2 del artículo 245 del Código Penal) y regularización de las situaciones de ocupación.

C.- Mientras la crisis pasa, no me toques la casa.

7.- Acordar una moratoria inmediata de dos años de duración de los desalojos de viviendas arrendadas que se promuevan o puedan promoverse con motivo de la finalización del término de vigencia del contrato o de falta de pago de la renta.

Acordar igual moratoria para las ejecuciones por falta de pago de las hipotecas de vivienda de primera residencia por deudores con dificultad severa de abonarlos.

8.- Reducción temporal de las rentas de alquiler y de las cuotas hipotecarias en viviendas de primera residencia al 25% del importe de los ingresos de sus titulares cuando estos no superen el doble del salario mínimo interprofesional.

9.- Aprobar una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que:

8.1.- Reinstaure el sistema de prórroga forzosa anual de los contratos de arrendamiento de vivienda, a instancia del inquilino/a, tradicional en el derecho arrendaticio español, junto al derecho de subrogación de la pareja y de los hijos menores de treinta años.

8.2.- Limite la renta anual exigible en los arrendamientos de vivienda al 5% de su valor fiscal (2’5 veces su valor catastral).

8.3.- Suprima el carácter sumario del procedimiento de desahucio por falta de pago, permitiendo la enervación cuantas veces la efectúe el inquilino y exigiendo gravedad en el incumplimiento de la obligación de pago para que prospere.

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