El municipio de Maracena ha vivido un vertiginoso crecimiento urbanístico en los últimos años. Su proximidad con la capital, convirtió a Maracena en una opción muy atractiva para quienes no encontraban casa en Granada. La construcción, cómo no, experimentó un gran auge. Pero aquello ya es pasado.
Sin ninguna industria capaz de absorber los puestos de trabajo, el paro campa ahora a sus anchas. Según el propio Ayuntamiento, el número de desempleados inscritos en la Bolsa de Empleo municipal va ya por los 3.200. A muchos de ellos se les ha acabado la prestación por desempleo y los bancos han comenzado a embargar sus bienes y las compañías de servicios a cortar los suministros.
Siete miembros de la Asamblea de Parados de Maracena, se declararon en huelga de hambre pidiendo transparencia y justicia en la gestión de la Bolsa de Empleo Municipal. La Asamblea de Parados comenzó a reunirse por el mes de octubre del pasado año con el objetivo de organizar a las víctimas de la situación económica y de reivindicar soluciones, especialmente, para los más necesitados. El anterior Plan E apenas había amortiguado el aumento del paro y ya se anunciaba una nueva transferencia financiera del Gobierno hacia los ayuntamientos.
La lupa invertida
La veintena de asambleístas acordaron luchar para exigir que las necesidades de las familias más desfavorecidas influyeran a la hora de ofrecer trabajo a los inscritos en la Bolsa de Empleo. Según el relato de Isabel Martínez, vecina en paro de Maracena y miembro de la Asamblea de Parados, el 3 de diciembre de 2009 el alcalde, Noel López (miembro del PSOE que gobierna con el apoyo de IU), recibió a 14 personas vinculadas a la Asamblea de Parados y les explicó que estaba previsto que a mediados de enero de 2010 se publicaran varias ofertas de empleo. José Carlos Polo, uno de los miembros de la plataforma en huelga, recuerda que el presidente de la corporación les contestó que «miraría sus casos con lupa» y que tendría en cuenta sus demandas.
Sin embargo, cumplido el plazo dado, lo que los parados de la asamblea recibieron, cada uno, no fue una oferta de trabajo, sino una multa de 280 euros por «tratar de reunirse con el alcalde, negándose a abandonar el edificio hasta alcanzar su objetivo y originando desórdenes graves en edificio público». Además, el considerado como promotor y organizador de la concentración no autorizada del 1 de diciembre, José Carlos Polo, debía abonar otros 300 euros más.
Encierro en la parroquia
El enfado de los asambleístas, que se consideraron «engañados» y víctimas de una «falsa denuncia», precipitó los acontecimientos. Cuatro padres de familia, de mediana edad y en paro desde hacía más de un año, decidieron encerrarse en la parroquia del pueblo e iniciar una huelga de hambre indefinida.
El párroco de la Iglesia de la Anunciación de Maracena, Gerardo Martínez, ha brindado su apoyo a la Asamblea de Parados, primero cediendo el salón parroquial para sus reuniones y después permitiendo que el encierro se celebrara allí. «Es la única Iglesia de la localidad, por lo que tiene muchísimos actos litúrgicos, por eso les pedí y ellos lo comprendieran que utilizaron el salón, además mejor acondicionado para lo que ellos pretendían», explica el sacerdote.
«Algunas de las familias están siendo atendidas por Cáritas», explica Gerardo, quien añade que la comunidad parroquial, pasada la sorpresa, ha comprendido la reivindicación y está sirviendo también para «mentalizarnos a todos sobre la realidad de nuestro pueblo».
Además del apoyo de sus familiares, amigos y otros vecinos solidarios, los huelguistas pronto vieron cómo otras tres personas más secundaban su acción. Son ya 2.500 las firmas de apoyo a sus reivindicaciones recogidas, e infinidad las visitas recibidas. A las concentraciones convocadas frente al Consistorio asisten de media unas 70 personas, aunque en los momentos de protesta más álgidos llegan a las 150.
Miembros del PP, del PCE, de UpyD, y de otras plataformas de parados de localidades cercanas, así como de militantes de la HOAC también se han dejado caer por el encierro. Los sindicatos mayoritarios no comparten la estrategia de la Asamblea, mientras que el Sindicato Andaluz de Trabajadores se ha ofrecido como mediador y ha hecho de altavoz de sus movilizaciones. «Cada cual sabrá qué intereses persigue», aclara Isabel, quien sale al paso de las acusaciones de ser marionetas de la oposición explicando que «el funcionamiento es asambleario, todo se decide entre todos».
El edil de Recursos Humanos y Contratación Antonio García Leiva, asegura que aunque el Ayuntamiento está haciendo rotar la bolsa de empleo «al máximo de sus posibilidades», contratando a 516 personas distintas en dos años y medio frente a las 146 de los cuatro años de legislatura anterior (PP), «no puede absorber a las 3.200 personas que están en dicha bolsa, pues sus recursos no son ilimitados». «Sería injusto ayudar antes a quienes más protestan o más ruido hacen saltándonos a otras personas de la lista de contratación», declara el edil.
Sin embargo, Isabel insiste en que «los huelguistas no quieren trabajo para ellos, lo que quieren es que la bolsa de empleo sea transparente y se tengan en cuenta las situaciones de más necesidad. Son contratos de seis meses que pueden servir para que la gente supere el bache. Lo que no es justo es que siempre se contrate a los mismos, les haga falta o no».
Según José Carlos, el concejal de Desarrollo Local, Formación y Empleo, José Antonio García López, de IU, en un encuentro previo a la cita con el alcalde, propuso contratar a cinco o seis asambleístas, en las primeras contrataciones. Pero este portavoz de los huelguistas aclara que ellos piden trabajo para «las 100 familias más necesitadas» de la localidad. «Nosotros no queremos ni entrar ni seguir con la política de enchufismo, queremos soluciones para el pueblo de Maracena», apunto José Carlos.
Lo cierto es que hay desempleados en la localidad granadina, a los que se les ha embargado la furgoneta y se va a subastar su piso, gente que tiene que vivir con 70 euros al mes más la caridad, que es lo que les queda tras pagar la letra con la prestación por desempleo. «Ésta es nuestra última opción, lo hemos perdido todo y vivimos esto con desesperación. Nuestra familias nos arropan, pero llevan muy mal vernos así», explicó José Carlos.
A principios de marzo, los parados levantaron la huelga de hambre, tras llegar a un acuerdo con el grupo de gobierno municipal. La Asamblea, constituida como asociación legal, tendrá voz y voto en el diseño de la gestión de la Bolsa de Trabajo para que responda a los vecinos más necesitados. «Lo que hemos conseguido es arrancar al Equipo de Gobierno de nuestro Ayuntamiento, el compromiso de que en un mes, las medidas de Impulso Laboral, los Talleres de Empleo y Formación se pongan en marcha para mujeres, jóvenes, mayores de cuarenta y cinco años, es decir para los miembros de las familias en riesgo de exclusión social», afirma José Carlos. Los miembros de la Asociación quieren también coordinarse con las empresas que realizan trabajos en el municipio, para que echen mano de los parados de Maracena. También se propone la asociación «luchar contra la indefensión y desprotección que tenemos las familias con falta de recursos».
Sin embargo, está costando pasar de las palabras a los hechos. Mientras echa a andar la gestión de la nueva bolsa de empleo, el ayuntamiento ha vuelto a contratar a unas 50 personas que, según José Carlos, «repiten contrato», dejando fuera a algunos miembros de la asociación con igual o más puntuación. «Dicen que hace falta tiempo para aplicar los nuevos criterios, pero nos tememos que se estén vengando de nosotros». Tampoco, hay por el momento, nada avanzado sobre el plan de atención preferente para las familias en riesgo de exclusión, «por falta de dinero». Así que los parados de Maracena se han vuelto a reunir en los salones de la Parroquia.
