“Si la política penitenciaria no cambia, es difícil que surja la autocrítica en el mundo de ETA”

Txema Urkijo Azkarate (Llodio, Álava, 1961) es licenciado en derecho y ha sido varios años abogado en ejercicio y miembro de la Comisión Permanente de Gesto por la Paz de Euskal Herria. Luego fue director de Derechos Humanos del Gobierno Vasco y, hasta diciembre de 2012, asesor de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco.

¿Cómo analiza usted el conflicto y la violencia en Euskal Herria?

A mi no me asusta hablar de Euskal Herria, como una realidad que abraza a Euskadi y Navarra. Provengo de una familia carlista y también he sido miembro activo de Gesto por la Paz de Euskal Herria. Yo me refiero a un conflicto de naturaleza política que consiste en la dificultad de encaje de Euskal Herria, pueblo y territorio, en el Estado español. Ese conflicto existe antes de que apareciera ETA y va a seguir existiendo una vez que esa organización se disuelva. Acaso tendrá un manejo político razonable, pero no va a tener resolución fácil. Pero niego la relación de causalidad necesaria entre ese conflicto y la violencia armada de ETA. No hay victimas del conflicto, sino de la violencia.

¿A quién hay que considerar víctima?

Víctima es toda persona que padece un sufrimiento injusto ocasionado por otra persona. La característica principal de una víctima es su inocencia. Hay otras personas que padecen sufrimiento y dolor, pero no pueden ser calificadas como víctimas.

¿Cuál es el camino para lograr una convivencia reconciliada?

Hay tres exigencias incuestionables: restañar las heridas del pasado con el imperativo ético de la memoria; reconocer y satisfacer los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación; y realizar una revisión crítica del pasado en que los agentes productores de violencia reconozcan el daño que provocaron y asuman su responsabilidad. Además de esas exigencias, hay varios factores que pueden coadyuvar: el trabajo asociativo de la sociedad civil fomentando valores y hábitos de respeto, tolerancia y libertad; políticas de educación para la paz con presencia e intervención de víctimas en las aulas; e iniciativas de justicia restauradora que vayan más allá del castigo a los victimarios y la indemnización a las víctimas y ofrezcan una satisfacción moral mediante el encuentro y el reconocimiento sincero del daño causado. Y encuentros entre víctimas de violencia diferentes como la experiencia conocida como Glencree.

¿Cómo cumplir el imperativo ético de la memoria?

La memoria, derecho de las víctimas y de la sociedad, es una obligación y deber que han de cumplir los poderes públicos. El Memorial de las Víctimas, que se acordó construir, está paralizado por la actual situación económica, pero también por falta de voluntad política. Hay que poner en marcha este próximo cuatrienio el Instituto de la Memoria y los Derechos Humanos del País Vasco que ha de encargarse de gestionar las políticas públicas de memoria y promover la construcción del relato. Ese relato tiene que ser plural. No hay, ni puede haber, un relato único. Tampoco debe ser una memoria defensiva de “los míos” frente a “los otros” Lo deseable es una polifonía de relatos, con el único criterio limitador de verdad y justicia. Ha de contar con el consenso de las diferentes tradiciones políticas. No tiene por que ser un relato sincrónico -hecho todo a la vez- e incluso puede cambiar en el tiempo a medida que se avanza en su construcción.

¿Qué intención debe guiar ese relato?

Su pretensión será deslegitimar la violencia. La intención de ese relato público no puede ser otra que restaurar la verdad y la justicia. Los profesores de ética Xabier Etxeberria y Galo Bilbao dicen que “La verdad debe estar vinculada a los episodios de violaciones de derechos humanos. Y la justicia exige que se refleje como mal hecho lo que está mal, por eso los relatos de los victimarios sólo se podrían aceptar si reconocen el sufrimiento injusto que han causado con la consiguiente asignación de responsabilidades”. El conocimiento de la verdad requiere un peritaje para descender a los episodios y a todos sus causantes: ETA, GAL y extrema derecha y cuerpos de seguridad del Estado. Y considerar el caso de torturas, teniendo en cuenta que varias sentencias del tribunal de Estrasburgo determinan que en España no se han establecido mecanismos de investigación ante denuncias y que ha habido, a lo largo de todo el periodo democrático, una política sistemática de indultos a personas condenadas por practicar torturas. Tampoco se pueden olvidar las amenazas y las extorsiones económicas del llamado “Impuesto revolucionario”

¿Se podrán exigir responsabilidades?

Hay una razonable respuesta judicial; aunque quedan asuntos por resolver no es fácil que quede gente impune. En los abusos policiales hay que contar con que son policías quienes han de investigar a la propia policía. Y restan episodios desconocidos, difíciles de investigar. Por otra parte, la institución jurídica de la prescripción constituye un obstáculo para la determinación de las responsabilidades penales.

¿Qué elementos requeriría, en el caso vasco, un relato de memoria?

Creo que lo sostendrían cinco afirmaciones fundamentales. Primera: la gran mayoría de la sociedad vasca apostó por las vías pacíficas y democráticas para desarrollar sus legítimas aspiraciones políticas, entendiendo que ningún conflicto político debe resolverse recurriendo al uso de la violencia. Segunda: quienes apostaron por la violencia terrorista antepusieron el valor de las causas y objetivos políticos a la dignidad humana, cuando no existe causa política o partidaria que tenga un valor por encima del respeto a la persona y al derecho a la vida. Tercera: el uso de la violencia terrorista, radicalmente ilegítima, es una vulneración de los derechos humanos y ha generado un sufrimiento injusto. Cuarta: en la lucha contra el terrorismo ha habido episodios de abusos policiales que han constituido también vulneraciones de derechos humanos y han causado sufrimiento injusto. Y quinta: la violencia política y su persistencia han sido el factor más importante que ha condicionado el desarrollo de la vida política y social en Euskal Herria.

Se movilizan algunas asociaciones de víctimas y de quienes piden otra política judicial y penitenciaria. Organizaciones sociales por la paz y el encuentro se han disuelto y otras están en horas bajas. Hay cansancio en la sociedad, más preocupada por la crisis económica. ¿Se puede avanzar?

Siento un estancamiento del Gobierno central en su política penitenciaria, por presiones o por cálculos interesados. El alejamiento de presos es un error muy duro. Muy distinta cosa es la dispersión de presos de ETA en diversas cárceles que el alejamiento físico de su familia y de su tierra. Y si eso no cambia es difícil que surjan movimientos de autocrítica en el mundo y cercanía de ETA. Aunque no pidan perdón, reconocer el daño y asumir la responsabilidad del mismo aceptando que estuvo mal, seria imprescindible. La aplicación de la doctrina Parot cambiará con la resolución del Tribunal de Estrasburgo. El tejido asociativo por la paz y reconciliación ha perdido vigor. Han sido muy valiosos los encuentros en la cárcel de Nanclares entre víctimas y presos que han reconocido el daño causado y han pedido perdón o en Glencree, en Irlanda, entre 27 personas victimas de violencias causadas por GAL, ETA y abusos de la Policía o la Guardia Civil. Esos encuentros suponen una satisfacción ética y emotiva muy grande, pero entre pequeño grupos.

El reto de la convivencia: responsabilidades y tareas

Txema Urkijo Azkarate

La convivencia en Euskal Herria ha sufrido en las últimas décadas un fuerte deterioro a consecuencia de la acción de la violencia política y el fanatismo. En ese tiempo hemos asistido al debilitamiento de algunos principios éticos fundamentales, la fragmentación social, una escasa tolerancia al pluralismo y una falta de respeto a la diferencia y a la libertad individual. Nuestra sociedad debe afrontar la superación de las heridas abiertas por la violencia y mejorar la convivencia social en unas condiciones de paz y libertad desconocidas hasta ahora. Ese es un importante desafío para todos los poderes públicos, para el conjunto de la ciudadanía y su tejido asociativo.

Tras décadas de violencia política, con resultados traumáticos para nuestra sociedad, no deberíamos imaginar la convivencia reconciliada sin el imperativo ético de la memoria, sin el ejercicio de la revisión crítica de nuestro pasado, sin el reconocimiento del daño causado y la asunción de las correspondientes responsabilidades, sin la presencia de las víctimas y sin el respeto más absoluto al conjunto de los derechos humanos.