Para muchas personas los diamantes simbolizan el amor, la felicidad, el bienestar. Para otras muchas significan conflictos, violencias y sufrimientos. En países africanos como Angola, República Democrática del Congo y Sierra Leona los beneficios del comercio ilegal de diamantes y de madera son utilizados para comprar armas y financiar guerras. Gracias a la campaña de Amnistía Internacional, WWF, Manitese, Legambiente y otras organizaciones, después de enero del 2003 los diamantes en bruto no podrán ser vendidos sin un certificado de proveniencia lícita.
Es decir, los documentos tienen que garantizar que no provienen de zonas de guerra ni sirven para financiar guerras. Es una primera victoria del grupo de ONG después de 30 meses de tratativas, impulsadas por las Naciones Unidas, el gobierno británico y de los EEUU después del 11 septiembre. ¿El motivo? Al Qaeda, según el FBI habría comprado diamantes por 20 millones de dólares antes del atentado a las torres a los rebeldes que controlaban los yacimientos de Sierra Leona. Estas piedras se prestan al reciclaje y a la especulación: su valor corresponde al del dólar, son fácilmente transportables (escondidos) y por último la normativa vigente no preveía la obligación de certificar en el mercado la proveniencia del producto. Bastaba declarar el país del que partía antes de desembarcar en Amberes, el corazón histórico de este mercado. Algunos países que no tienen yacimientos figuran como exportadores sin ser importadores. El certificado prueba, si no la ética, al menos la proveniencia y los pasos seguidos para llegar a Amberes. Este es fruto de un acuerdo firmado en Interlaken (Suiza) por un grupo heterogéneo y sin precedentes compuesto por ministros de 520 países, por los ejecutivos de la industria extractora, por los mercaderes al por mayor y por exponentes de ONG como Amnesty y Global Witness. Desde hace cuatro años las ONG han lanzado una eficaz campaña de denuncia (“Blood Diamonds”, diamantes ensangrentados) de la relación entre contrabando de diamantes en bruto (industria floreciente que cubre el 20% del mercado), y la financiación de guerras africanas como las de Angola, Sierra Leona y Rep. Dem. del Congo. El acuerdo abarca el 90% del mercado de los diamantes, Europa, EEUU, Australia, Asia, Israel.
Según el acuerdo, sólo los países que firman las nuevas reglas podrán participar al comercio legal de diamantes en bruto, (que mueve cifras de 8 mil millones de dólares al año, que se transforman luego en las joyerías en un negocio de 60 mil millones de dólares). Los países que no respeten en acuerdo serán suspendidos y sus exportaciones de diamantes pasarán a ser consideradas ilegales. Los mercantes ilegales serán castigados por las legislaciones de cada país.
El acuerdo de Interlaken fue monitoreado hasta fines del 2004 para mejorarlo posteriormente. Las ONGs, aun acogiendo con favor el acuerdo, han señalado los límites: en particular la falta de una comisión regular e independiente de control que siga el diamante desde la extracción hasta su cotización en el mercado de Amberes, en Bélgica, pasando a través de las fases de refinación, que se hacen en Tel Aviv y Bombay. Esto expone el proceso de comercialización a infiltraciones por parte de los contrabandistas. Por tanto no está garantizada la total extraneidad a la relación diamante-guerra.
