En el año 2022 el jurado de los premios Alandar fallaba en favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reunió más de 600.000 firmas para forzar al Congreso de los Diputados a estudiar, debatir y votar una propuesta legislativa en favor de la regularización de la situación legal de las 500.000 personas migrantes que se estima residen en España en situación irregular.
Actuando bajo el lema 500 mil firmas para 500 mil personas esenciales, la campaña Esenciales promovía la ILP en favor de las personas migrantes en España, con el apoyo de casi un millar de organizaciones sociales al que también se sumó Alandar. Fue ideada en febrero de 2021 por Augustin Ndour, militante de Por Un Mundo Más Justo (M+J), y con una comisión promotora, integrada por Regularización YA, Fundación para la Ciudadanía Global, Fundación Por Causa, REDES, Alianza por la Solidaridad y el propio partido Por Un Mundo Más Justo (M+J). La ILP había superado un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024. Desde entonces hasta enero estuvo bloqueada por la falta de acuerdo en el Congreso.
El pasado 14 de abril, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que posibilita la regularización extraordinaria administrativa de personas migrantes que ya viven en España. Se estima que el proceso de regularización, abierto ya y que se prolongará hasta junio, permitirá a miles de personas obtener papeles -y, con ellos, reconocimiento de derechos- para residir y trabajar legalmente en nuestro país. Esta decisión es consecuencia de todo el trabajo de incidencia realizado por organizaciones de la sociedad civil a lo largo del último lustro.
La medida ha sido aplaudida por las entidades de Iglesia, la Conferencia Episcopal, sindicatos y patronales empresariales que consideran justa la dignificación de los derechos de personas que ya formaban parte de la sociedad española. Es ético sacarlas de la invisibilidad, de la situación irregular en la que estaban inmersas y reconocerles su aporte en revitalizar la realidad social del país con su trabajo, valores y esperanza. Una exigencia de Derechos Humanos que redunda en el bien común, porque facilita el acceso a empleo formal, reduciendo la vulnerabilidad y la explotación.
De manera paralela han empezado a circular bulos (alimentados por partidos opuestos como Vox, Junts o el PP), como que esta decisión contribuye al colapso de los servicios públicos y las ayudas sociales, cuando la realidad es que las personas regularizadas pagarán sus impuestos, cotizarán a la Seguridad Social, reforzando el sistema público. Reduciendo la economía sumergida y favoreciendo la inclusión formal en sectores como la hostelería, el agrícola o de servicios, en los que estaban trabajando muchas veces sin contrato. Tampoco es cierta la idea de que la regularización servirá para alterar resultados electorales, disparará automáticamente la delincuencia o abrirá la puerta a una llegada masiva inmediata de migrantes. Regularizar no equivale a nacionalizar, por lo que no se obtiene el derecho de voto en elecciones generales. No hay evidencia que sostenga una relación automática entre inmigración y aumento de la criminalidad. Y el 86% de las futuras ciudadanas regularizadas son hispanoamericanas, según datos de la Fundación de la Ciudadanía Global, con lo que decae la teoría del reemplazo islamista.
Esta regularización no es algo nuevo en el país. La anterior tuvo lugar en 2005, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000. Bajo los de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total. Y las primeras tuvieron lugar durante el gobierno de Felipe González (1982-1996).
En definitiva, una cuestión de justicia social.
