El pasado 8 de enero, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y el Gobierno firmaron un acuerdo de bases para cumplir las recomendaciones del Defensor del Pueblo para reparar a las víctimas de pederastia dentro de la Iglesia Católica.
El acuerdo, que se debe concretar en la firma de un convenio entre CEE, CONFER, Gobierno y Oficina del Defensor del Pueblo, establece un mecanismo de denuncia y petición de reparación para los casos no sometidos a proceso judicial (sobre todo, los ya prescritos). Este mecanismo no queda, como el único que existía hasta ahora -el Plan Integral de Reparación a las Víctimas de Abusos (PRIVA)-, en manos exclusivas de la Iglesia católica. En él jugarán un papel decisivo el Ministerio de Justicia, el Defensor del Pueblo y una comisión mixta con representación de las víctimas.
El acuerdo es un paso adelante que hace algunos años nadie hubiera creído posible. Las víctimas y supervivientes observan entre la esperanza y la suspicacia los acontecimientos de estas últimas semanas –“empezaré a aplaudir cuando vea resultados”, decía una de ellas, Enric Soler.
Ese paso adelante ha sido posible, según muchos, por las presiones del Vaticano. El ministro Bolaños ha agradecido la mediación de la Santa Sede en esta “compleja” negociación. Los presidentes de la CEE y CONFER han negado cualquier tipo de presión y han hablado de “ánimo” y “acompañamiento”.
Sea como fuere, la Iglesia española -sobre todo la Conferencia Episcopal- ha dado un giro de 180 grados en este asunto, tras más de dos años negándose a poner en marcha un mecanismo de reparación a las víctimas de la pederastia que contase con su participación y la del Estado.
El giro, necesario desde hace años, es bienvenido. Otra cosa es que sea suficiente.
Las víctimas ya señalan que el convenio que traduzca a disposiciones concretas este acuerdo debe ir más allá de un texto muy general. Debe garantizar los medios humanos el Ministerio de Justicia y la Oficina de Defensor del Pueblo para la rápida puesta en marcha del proceso de reparación, garantizar que las indemnizaciones económicas estén exentas de tributación, fijar unos baremos de reparación para no crear nuevo dolor a víctimas que reciban indemnizaciones dispares por hechos similares y ampliar el plazo de solicitud de reparaciones (en principio, un año ampliable a dos).
Aparte de estas lagunas señaladas ya por las víctimas, hay dos cuestiones muy delicadas que, tristemente, afectarán mucho a la eficacia del acuerdo.
La primera es que la voluntad política que -por unas u otras razones- el Gobierno ha mostrado a la hora de sacar adelante este pacto difícilmente permanecerá vigente si se produce un cambio de Ejecutivo.
La segunda es cómo la Iglesia española podrá hacer frente en el largo plazo al pago de las indemnizaciones económicas que son una parte importante del proceso de reparación. Considerando las 2.948 víctimas que recoge la base de datos de El País -que expertos consideran que son solo la punta del iceberg- y aplicando la cifra de indemnización media abonada por la Iglesia irlandesa (62.000 €), esa cifra superaría los 182 millones de euros. Si -ojalá- la eficacia del acuerdo hace que nuevas víctimas salgan a la luz, esa cuantía se multiplicaría.
Alandar siempre apuesta por la esperanza, así que esperamos -y, sobre todo, deseamos- que la realidad despeje pronto las razonables dudas sobre la eficacia de este histórico acuerdo y que las víctimas de abusos puedan encontrar algo de paz tras la larga travesía de un desierto de horror, dolor, soledad y silencio.
