Una de las derivadas de la crisis económica es la de haber reforzado la percepción crítica de la gente corriente respecto de la actividad bancaria y financiera y de los “principios” máximos de la economía. Y, al mismo tiempo, haber instalado en la sociedad una sensación de enorme vulnerabilidad frente a la economía y las finanzas, con una notable comprensión de cualquier recorte. Esta segunda parte ha ido acompañada de una sensación de culpa consciente comprendiendo que ha habido un despilfarro colectivo.
Hace algunos años, visitando un país en desarrollo un buen amigo reflexionaba diciendo “no es que aquí haya corrupción y se gestionen mal las cosas, es que hay mucho menos dinero; el día que el dinero falte en España nos daremos cuenta de todo lo tirado a la basura cotidianamente. No somos mejores tampoco en esto, solo más ricos”.
Ese tiempo ha llegado y en los países más avanzados, instalados en un estado de crisis económica del que no acaban de salir, aunque existe una crítica a la gestión de la economía y las finanzas, lo que se ha impuesto como regla es el recorte. Pero un recorte que se dirige principalmente a lo social y muy especialmente a la ayuda en sus diferentes modalidades –ancianos, desempleados, recursos sociales y ayuda al desarrollo.
En manos de los políticos en el nivel nacional, regional o local se ha estimado lo más sencillo recortar ayudas de todo tipo, se están encontrando con que lo hacen con un bajo coste político, lo que reafirma ese camino. Parece razonable una mayor austeridad, pero ¿cómo se justifica recortar ayudas y servicios o desempleados en España, o a los niños que no pueden ir a la escuela en Nicaragua? Desde luego, parece que el coste no está siendo demasiado alto, y que no hay demasiada energía social en contra de esas políticas; es más sencillo afectar a miles de personas por esa vía que tocar un contrato y enfadar a dos constructores.
Esa falta de protesta frente a una situación de flagrante injusticia –podemos hablar del coste electoral del actual Gobierno, pero no parece que su razón sea precisamente esa, pues en otras administraciones que han realizado recortes más profundos no se nota, al igual que no se nota la corrupción.
Eso me lleva a pensar que hemos perdido la conciencia del sentido de la ayuda en medio de una etapa de abundancia y que al llegar la escasez no estamos sabiendo defenderla. La idea de que muchas ayudas responden a derechos adquiridos no es muy fuerte ni está muy arraigada, y la concepción de que el Estado en sus diferentes escalas tiene la obligación en algunos casos y el mandato en otros de realizar esas ayudas por encima de muchas otras cosas. Pareciera hoy que se trata de tareas prescindibles y debemos luchar contra esa concepción.
No es el mejor momento para iniciar un trabajo así, pero es esencial para las próximas décadas un proceso de reconstrucción en la ciudadanía del sentido de la ayuda. Ese es posiblemente el mayor reto para las organizaciones sociales de diferentes ámbitos en el próximo período. Ese y hacerlo de una manera innovadora y atractiva, buscando nuevos aliados y sabiendo mostrar todo aquello que de positivo tiene una sociedad en que la ayuda es una parte central de su funcionamiento.
