La actual crisis económica está siendo abordada de una forma eminentemente parcial, como si fuera un asunto que afecta únicamente a los intereses de los países más ricos. Por el momento sabemos que entre EEUU y la Unión Europea han comprometido en apenas dos semanas más de 2 billones de euros para asegurar la solvencia del sistema financiero. La cifra es mareante: toda la ayuda oficial al desarrollo que el mundo rico da cada año no llega a los 100.000 millones de euros (es decir, 20 veces menos que este compromiso alcanzado en pocos días).
Cierto es que ha habido una reunión del llamado G-20 (que incluye a países como China, Arabia Saudí o Brasil, y a la que España también asistió) pero la mecánica y el funcionamiento de los encuentros informales de poder, como el G8, es el espacio natural de los más poderosos, y el hecho de sumar invitados no garantiza una discusión abierta y mucho menos democrática, ni resultados incluyentes, como prueba un comunicado centrado en las finanzas y que solo alude a reformas de fondo en el sistema financiero y de ayuda, en el FMI y el Banco Mundial.
En muchos sentidos, este período de crisis era previsible y lógico, siguiendo la secuencia de los últimos años. Pero la gravedad del daño sobre el sector financiero sólo podemos entenderla como proporcional a lo disparatado de su crecimiento y sofisticación en estos últimos quince años. Repetidamente se han lanzado alertas desde el ámbito académico y social sobre los riesgos de los instrumentos financieros derivados y del componente esencialmente especulativo de buena parte de la actividad financiera.
Pero no podemos olvidar que hasta hace semanas los países más avanzados, con EEUU a la cabeza, y los principales organismos financieros internacionales como el FMI han defendido la importancia de no poner reglas ni trabas al movimiento del dinero más allá de las fronteras: evitar la regulación y alejar al estado de los mercados financieros ha sido la política aplicada en los países en desarrollo. Y por esa vía, el contagio a las economías de los países pobres también es una realidad, por ahora no muy visible, pero que desde luego ya afecta a los ahorros de los sectores medios, y a través de la restricción generalizada del crédito y la consiguiente contracción de la economía, afectará a los sectores más pobres, eso sí, más adelante, cuando ya los 2 billones no estén en las portadas.
La falta de ética en la gestión de los mercados financieros –cuya expresión más visible son los disparatados salarios e indemnizaciones de sus ejecutivos, lindando con la corrupción- afectará no sólo a nuestras vidas como ciudadanos de países avanzados dotados de sistemas y redes de protección social. Va a llegar a todos los rincones del planeta. En los países ricos hemos de exigir protección social e inversiones bien focalizadas para recuperar la productividad y la senda del progreso lo antes posible, pero en los países en desarrollo deben tomarse medidas urgentes también, y tenemos una especial responsabilidad en ello.
Es el momento de, por fin, promover un cambio de reglas en las políticas comerciales que castigan a los países en desarrollo, de parar el cambio climático, de establecer pautas para una inversión sostenible y favorecedora del desarrollo y para plantear políticas migratorias más abiertas y provechosas para países de origen y destino. Y de cambiar las funciones y el pensamiento económico en el seno del FMI y el Banco Mundial. Pueden parecer ideas contra corriente, pero es precisamente en estos momentos en los que pueden darse los cambios que durante largos años se han postergado por una supuesta falta de recursos o voluntad.
Esa, y no el hecho de que se reúnan un grupo amplio de países –invitados, al viejo estilo, a Washington- sería la verdadera respuesta colectiva a un problema global generado por un sistema financiero estructurado, organizado y promovido por las economías más ricas pero cuyos efectos económicos, sociales y ambientales vivirán cada día cientos de millones de personas que ni siquiera saben lo que es un banco.
