Hablar de Nicaragua a día de hoy es hablar de las intensas búsquedas de consensos, concertaciones, negociaciones y de la unidad en torno al mantenimiento de la protesta cívica contra un gobierno que se alejó cada día más de la gobernabilidad democrática y se adentra dentro de los márgenes del terrorismo de Estado. Los gobiernos, las autoridades, los movimientos sociales y grupos políticos alrededor del mundo son cada vez más unánimes en calificar lo ocurrido en Nicaragua como una represión que ha anulado de facto los derechos individuales y colectivos constitucionales básicos de la población nicaragüense. Sin embargo, también subsiste la sensación de que la encrucijada nicaragüense puede convertirse en un problema a largo plazo que acrecentaría la fractura económica, social y política que ya de por sí se padece.
A pesar de todos los escenarios políticos posibles y todos los actores involucrados en la presente crisis, el régimen de Daniel Ortega ha dejado muy poco margen para poder pensar las alternativas de la Nicaragua posible. Si bien es cierto, dos de los grandes polos de la resistencia civil en Nicaragua han tenido el tiempo de hacer propuestas de carácter estructural, estos por distintas razones no lo han hecho. A pesar de admitir que se trata de una dictadura, de un problema sistémico que se tiene como país y Estado en su conjunto, muchas veces persiste la sensación de que las alternativas y las soluciones no tienen ese carácter refundador y reconstructor del Estado, sino que pasan por ser métodos que sólo buscan poner fin al período de gobierno de Ortega y Murillo sin trastocar la estructura que subyace en Nicaragua.
Articular diferentes grupos y concentrarlos en una unidad de acción de resistencia frente a la dictadura es una de las principales urgencias que enfrenta esta extenuante y represaliada insurrección de abril. Uno de los factores que ha sido desarticulado o silenciado por Ortega, es la posibilidad de plantear propuestas concretas, refrendadas, posibles y de cambio estructural, en vista de que el terrorismo de Estado ha obligado a los protestantes a cubrir cuestiones en el orden de la seguridad y la supervivencia antes que las relativas a qué y cómo es lo que debemos cambiar para entrar en una Nicaragua nueva.
Para colaborar en la resistencia de forma activa y en las protestas, un movimiento social y político llamado Construimos Nicaragua se ha tomado la labor de poder nutrir y corporizar las demandas populares en un borrador de programa político. Este borrador pretende dotar de una dimensión más política y más estructural los anhelos de cambio del pueblo nicaragüense, todo ello con el objeto de dar un horizonte más amplio a la insurrección de abril que el simple y reduccionista dicho popular: el comandante se queda o el comandante se va.
Por otro lado, buena parte de la población que unificó las formas de resistencia a nivel nacional a partir del 19 de abril, ha observado con mucha crítica que los antiguos actores políticos y partidarios de Nicaragua tomen un rol protagónico en la construcción de la nueva Nicaragua. Esa crítica se debe principalmente a que carecen de un programa político novedoso que supere los viejos estandartes de la política nicaragüense que se basaba estrictamente en realzar líderes o cuadros históricos o siglas de partidos políticos que siguen apostando a negociaciones y pactos con el régimen o con grupos fácticos de poder sin haber adquirido previamente compromisos de orden social y económico con la población. La población nicaragüense parece haber adquirido una nueva cultura política que privilegia la posibilidad de decidir directamente sobre los asuntos públicos por encima de las reuniones caudillistas a puertas cerradas.
Es cierto que existen una configuración del poder y la búsqueda posiciones favorables de negociación por parte de las élites políticas y económicas que hacen cada vez más difícil la posibilidad de la vuelta a un diálogo abierto, sincero, inclusivo y con legitimidad popular. Ante esa situación en Nicaragua hay una deuda pendiente con una agenda que trastoque profundamente el sistema bajo el cual las élites políticas y económicas, también en Centroamérica, quieren ejercer el poder. Si bien la Conferencia Episcopal de Nicaragua en su momento presentó una agenda de democratización y justicia, lo cierto es que esa agenda no fue ampliamente legitimada por la población debido a que el mismo régimen se encargó de estigmatizarla de golpista e impedir su realización.
En conclusión, una nueva agenda de una democracia de programa con más puntos y propuestas inclusivas y profundas empieza a calar en el imaginario político nicaragüense que apunta cada vez con más ahínco a una gestión de la crisis en el orden de la ruptura o la reforma. El deterioro constante y asiduo que el régimen de Ortega y Murillo realizan a la institucionalidad del país, no hacen más que reafirmar la tesis que unas reformas someras y una agenda de transición sin cambios estructurales sea algo cada vez menos deseado por la población. La posibilidad de refundación y reconstrucción del Estado nicaragüense es paralela y proporcional al aumento de simpatías por cambios cada vez más radicales que están por ver cómo se hacen atendiendo a la correlación de fuerzas en las próximas semanas o meses o bien a los avances en la concertación y unidad de las fuerzas opositoras.
