Por Yolanda Sobero

En el Salvador, muchas mujeres cuyos hijos mueren en el parto o durante el embarazo por problemas obstétricos son acusadas de homicidio y llegan a recibir condenas de 30 años de prisión. Varias de ellas han logrado la anulación de sus condenas y han quedado en libertad tras una campaña que persigue también la revisión de la legislación antiaborto que permite que se den esos casos.

En una céntrica plaza de la capital de El Salvador, se alza un monumento a la Constitución. Una figura femenina, con los ojos cerrados, una espada en la mano derecha y una balanza en la izquierda. Una justicia ciega que, en este pequeño país centroamericano, parece ensañarse con las mujeres.

La presunción de inocencia para las mujere, en El Salvador, no siempre es aceptada.

Teodora Vásquez, una mujer que no se rinde. FOTO YOLANDA SOBERO

El Salvador es uno de los 19 países del mundo y uno de los 6 de América que no admite ningún supuesto de aborto. En 1998, con la reforma el Código Penal, desaparecen los tres supuestos admitidos hasta entonces: riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación. Al año siguiente, se reforma la Constitución y se introduce una nueva línea en artículo 1, por la que se “reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción.”. Queda así sellada la prohibición total del aborto. Hasta hoy.

Pero en El Salvador, parece que importan más los no natos que los nacidos. En los últimos 20 años, las pocas iniciativas para reintroducir algunos supuestos no han cuajado en la Asamblea Nacional, en la que pesa, aparte de las ideologías, la presión de las iglesias y de los poderos grupos “pro-vida”. Presión reforzada por una sociedad que, en este tema, se muestra muy conservadora. En 2018, una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) preguntó sobre tres casos: un embarazo extrauterino que pone en riesgo la vida de la madre, un embarazo de tres meses en el que sabe que el bebé no tiene cerebro y el caso de una niña de 11 años embarazada por la violación de su tío. En los dos primeros casos, la encuesta señala una opinión dividida casi a la mitad entre los que consideran que se debería permitir un aborto y lo que lo rechazan. En el último caso, el 70 por ciento se opone a que se permita a la niña abortar.

Sin embargo, en un país que ostenta el triste honor de tener el mayor índice de homicidios del mundo, el Estado se muestra incapaz de atajar la violencia que acaba con las vidas de sus ciudadanos y les hace emigrar, huir…

No se trata sólo de la prohibición total del aborto, sino también una rígida aplicación de la ley que desemboca, en no pocas ocasiones, en largas condenas cuestionables e injustas. Las penas por abortar son de 2 a 8 años de cárcel, pero hay mujeres que están en prisión condenadas a 30 años de cárcel por homicidio agravado… tras haber sufrido una emergencia obstétrica sin atención médica. Por ello, estos casos trascienden el debate “aborto, sí; aborto, no”.

Además, estas penas no son sólo injustas, sino también clasistas. Joven, de escasos recursos, estudios elementales, residente en el campo o en un barrio modesto… También tienen en común que han sido atendidas en hospitales públicos, donde han sido denunciadas por un vecino, por el conductor de la ambulancia, por un policía, por un sanitario. Este es el perfil común de estas mujeres condenadas tras un aborto involuntario o un mal parto.

En El Salvador, los médicos pueden intervenir si la vida de la mujer está en riesgo; por ejemplo en el caso de un embarazo extrauterino, en el que se sabe que el feto es inviable y la vida de la madre puede correr riesgo. En un hospital privado, se la atiende sin mayor problema, sin escándalo, sin denuncia alguna. En un centro público, podría suceder lo mismo, pero los médicos están sometidos a una presión que no existe en los privados: se arriesgan a ser denunciados por cualquier que presuma que la intervención no está justificada, pueden ser detenidos, procesados y en el juicio han de demostrar que la intervención se hizo en un estado de necesidad. Aunque sea absuelto, su prestigio profesional quedará arruinado.

Estos son los casos vividos por Evelyn, Jacqueline, Karen, Alba, Ana… y otras tantas mujeres encarceladas en el Salvador. Son “Las 17 y más”, las incluidas en la campaña nacional e internacional para conseguir la revisión de sus casos y su libertad.

Algunas de ellas están en la cárcel de mujeres de Ilopango cerca del San Salvador. Existe una prisión que es la que el visitante puede ver. Abarrotada, problema que las propias autoridades reconocen, y en la que se imparten diferentes actividades y talleres de formación dentro del programa estatal “Yo cambio”. Más allá, existe otra cárcel que solo las internas conocen. Un recinto más duro, en la que abundan el maltrato y los insultos, sobre todo si otras reclusas sospechan que la condena es “por haber matado a su bebé”. Dentro, sobre todo estas mujeres condenadas a 30 años o más de cárcel, pierden la esperanza, los sueños, el contacto con sus hijos, con su familia. Algunas reciben alguna visita de su familia, generalmente de su madre, y eso les mantiene el ánimo. A otras las abandonan.

Teodora Vásquez se puso de parto, llamó a emergencias, pero, cuando llegó la ambulancia, su hija estaba muerta. Ese fue su “delito”, su “homicidio”. Tras pasar 10 años y 7 meses en la prisión de Ilopango, salió hace un año al serle conmutada su pena de 30 años, gracias a la labor y presión de organizaciones nacionales e internacional, como la Agrupación por la Despenalización del Aborto.

A Teodora le gusta subrayar que entró en la cárcel, pero la cárcel no entró en ella. Sabe, por propia experiencia, que dentro las mujeres se marchitan, pierden la razón de vivir, que si las abandonan, se mueren. Por ello, ahora dedica su tiempo a visitar y a luchar por la revisión de los casos de las mujeres encarceladas tras un mal parto.

Las campañas a favor de estas mujeres condenadas por homicidio agravado tras sufrir una emergencia obstétrica obtienen resultados. El pasado año también se ganaron tres revisiones de condena y recobraron la libertad Maira Figueroa, Elsi Rosales e Imelda Cortez.

El 14 de febrero de este año, un tribunal ordenó la “inmediata” puesta en libertad de Evelyn Hernández. La Corte Suprema había anulado en septiembre de 2018 la sentencia que la condenaba a 30 años por homicidio agravado. Ha permanecido 33 meses en prisión.

Evelyn, Teodora, Elsi o Maira saben que la lucha por las mujeres salvadoreñas es muy ardua, pero también que casos como el suyo abren la esperanza de que El Salvador comience a ser más justo con sus mujeres. Sin ellas no hay vida.