En la actualidad 2.100 millones de personas no tienen acceso a un bien básico para la vida como es el agua potable según la OMS. Algo que se da totalmente por entendido en la sociedad occidental es todo un reto en muchos lugares del mundo. Ante el agravamiento de esta cuestión debido al cambio climático urge exigir y garantizar el derecho al acceso al agua.

Por Equipo REDES

El agua es el principal recurso natural existente en el planeta. Aunque la mayor parte de la superficie terrestre está cubierta por agua, solo alrededor de un 3 % es agua dulce. A su vez, el 87 % de esta agua dulce se encuentra congelada en las capas heladas y glaciares, quedando solo un 0,4 % del agua del planeta accesible para el uso humano (200.000 km3). Actualmente el hombre utiliza un 2,2 % de esta agua disponible (4.500 km3).

La agricultura ha ocupado y sigue ocupando actualmente el primer lugar mundialmente en cuanto al uso de agua accesible, con un 70 % del total, seguida por la industria (22 %) y, en último lugar, por el uso doméstico, con un 8 %.

Problemática multicausal.

A la falta de sistemas de distribución de agua, que sufren con mayor intensidad las comunidades rurales alejadas y que les obliga a desplazarse grandes distancias cada día para obtener agua segura, se añade el problema de la contaminación a causa de la acción humana.

Se calcula que el 80 % del total de las aguas residuales industriales y urbanas se liberan en el medioambiente sin ningún tratamiento previo. Además, la producción agropecuaria de carácter intensivo necesita fertilizantes y fitosanitarios que contaminan los recursos hídricos disponibles.

El cambio climático es otro factor desencadenante de los problemas de acceso al agua en muchas regiones del planeta. El calentamiento global puede acabar con algunas fuentes de suministro de agua esenciales, como los glaciares, mientras que los residentes de algunas zonas costeras observan cómo sus fuentes de suministro de agua subterránea son contaminadas por flujos salobres a medida en que se eleva el nivel del mar.

La privatización del agua por parte de las grandes empresas embotelladoras que se apropian de un recurso común para uso privado y minoritario es otro de los retos a los que nos enfrentamos a la hora de garantizar el derecho del acceso al agua.

Se trata de un derecho que es objeto de múltiples violaciones en el plano internacional. En el Informe Anual de 2014, la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento puso en conocimiento del Consejo de Derechos Humanos las principales violaciones del mismo, y animó a utilizar vías como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) para denunciar a los Estados si son responsables de las mismas.

Como indica la relatora, “si se prestara mayor atención a las violaciones de los derechos al agua y el saneamiento y a sus causas estructurales, se podría empoderar a los grupos marginados para que pudieran disponer de recursos efectivos”.

Con frecuencia, estas vulneraciones están relacionadas con privaciones más amplias y violaciones de otra índole, en particular de los derechos humanos a la vida, la salud, la alimentación, la vivienda, la educación, el trabajo y un medioambiente sano.

Consecuencias

Las disputas sobre el control de recursos de agua escasos en regiones áridas o durante los períodos de sequía son fuente de graves episodios de violencia y de destrucción de infraestructuras de sistemas de agua, que se consideran objetivos militares durante las guerras.

Al igual que los desastres naturales, los conflictos por los recursos hídricos originan importantes desplazamientos de población y su asentamiento como refugiados en áreas con recursos insuficientes para cubrir las necesidades básicas de agua.

Junto a ello, la escasez y contaminación del agua afecta, según datos de la ONU, a más del 40% de la población mundial más pobre. Y aunque 2.600 millones de personas han accedido a fuentes mejoradas de agua potable desde 1990, 663 millones todavía carecen de esa posibilidad. El consumo de agua actual es 6,5 veces superior al que había a principios del siglo XX. El aumento de la demanda provoca que muchos de los principales acuíferos en el mundo estén siendo sobreexplotados y contaminados. Se están agotando los limitados recursos hídricos con mayor rapidez que con la que éstos se pueden reabastecer por sí mismos, lo cual compromete la sostenibilidad de este recurso renovable. Como consecuencia de ello, cerca de 1.000 menores mueren al día debido a enfermedades prevenibles relacionadas con el agua y el saneamiento.

La encíclica Laudato Si´ del Papa Francisco es sumamente sensible a esta cuestión. “Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible –se señala en uno de sus puntos—, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado (…) El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable”. (LS, 30).

Llamada a la acción

Desde hace un año la campaña “Si Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza” viene desarrollando una segunda etapa centrada en la divulgación y la reflexión de los ejes programáticos de la Laudato Si’ y poniendo el foco en la urgencia de “combatir la pobreza”. Entre las acciones de carácter personal, desde la Campaña se propone, por ejemplo, calcular y reducir la huella hídrica de cada uno, o beber agua del grifo siempre que se pueda en lugar de agua embotellada. Y en el plano comunitario y social, se sugieren medidas como investigar en la zona donde se vive lo que sucede con el acceso al agua, su explotación y sostenibilidad; defender el agua como un bien básico que debe ser objeto de gestión pública; o apoyar la promulgación de una Ley de Diligencia Debida en España en materia de Derechos Humanos para conseguir una aplicación y defensa eficaz de los mismos en la actividad económica y empresarial.