¿Y si en este país hubiesen sido asesinados 68 futbolistas el año pasado?

  • por

Acto contra la violencia machista celebrado en Galicia en 2010. Resulta fácil de imaginar: despliegues policiales espectaculares, medidas especiales de protección, guardaespaldas, preguntas parlamentarias, revuelo en la clase política, movilizaciones históricas en las calles, portadas de los periódicos, sentencias ejemplarizantes para los culpables, muestras de apoyo y solidaridad desde todos los rincones del mundo… y mil acciones más. Podríamos cambiar la palabra futbolista por cualquier otro gremio masculino, es más, podríamos hacer la pregunta simplemente en masculino: ¿Qué habría ocurrido en este país si el año pasado hubiesen sido asesinados 68 hombres a manos de sus esposas, novias, amantes o ex compañeras? El resultado sería idéntico. Tendríamos garantizado el revuelo social, político, policial y judicial”.

Hace doce años publiqué un libro que comenzaba así y con el que pretendía denunciar la ceguera social frente a la violencia contra las mujeres. Dos años más tarde, en 2004, se aprobaba la Ley Integral contra la violencia de género y con ella se inauguraban unos años de lucha contra la violencia de género. El libro está agotado y hasta hace unos meses yo estaba convencida de que también estaba superado. Me equivocaba.

Doce años después, nos encontramos en una situación parecida. La Ley Integral está derogada en la práctica por los salvajes recortes que se han practicado en todas las medidas que se proponían en ella e, incluso, porque alguno de sus capítulos, especialmente el primero, dedicado íntegramente a las medidas en el ámbito educativo, ha sido anulado por la nueva ley de Educación del ministro Wert.

Cifras escalofriantes

Los datos son elocuentes. La última macroencuesta realizada para detectar la violencia -publicada en 2012- detectaba que el porcentaje de mujeres que declaraban haber sufrido violencia de género alguna vez en su vida era del 10’9% del total de entrevistadas, lo que equivale a más de 2.150.000 mujeres. De ellas, estarían en la actualidad en situación de maltrato casi 600.000 mujeres (el 3% del total de entrevistadas).

Otro dato relevante es que de las mujeres que dijeron haber sufrido violencia alguna vez en la vida, el 72’6% aseguró que no había denunciado en ninguna ocasión al maltratador. Por otra parte, una de cada cuatro mujeres que indicaron que habían denunciado retiró posteriormente la denuncia. Según estos datos, se calcula que alrededor de 800.000 menores estarían viviendo en contextos de violencia. El propio ministerio del Interior, el 28 de febrero de este año, cifraba en 15.499 mujeres las que estarían en riesgo de violencia de género -una cifra extremadamente baja incluso teniendo en cuenta que el 73% de las mujeres no denuncia-, pero, aun así, escalofriante.

Las cifras más actuales las conocíamos hace dos meses, cuando se presentaron los datos estadísticos sobre denuncias, procedimientos penales y civiles registrados, órdenes de protección solicitadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales en esta materia correspondientes al año 2013. Un año que se cerró con 124.894 denuncias, diez menos al día que en 2012. Esta caída de denuncias fue acompañada por un aumento del 1’2% en el número de renuncias a continuar el procedimiento. Y solo en el 6’7% de los casos se acordó la suspensión de la guarda y custodia de los hijos e hijas, en un 3% la suspensión del régimen de visitas y en un 0’3% la suspensión de la patria potestad de los maltratadores.

Y, a pesar de que el discurso oficial insiste en culpabilizar a las mujeres repitiendo como un mantra que, si no denuncian, el sistema no puede protegerlas, once mujeres fueron asesinadas el año pasado a pesar de haber denunciado. Es decir, el “sistema” no supo proteger al 20% de las mujeres que pidieron ayuda ante la violencia que sufrían. Este año aún es peor. Oficialmente han sido asesinadas 21 -tres casos más se hallan en investigación- y, de ellas, seis habían denunciado. Es decir, que el 33% de las mujeres asesinadas desde enero habían denunciado y los jueces y juezas no las protegieron.

Según el informe del año 2013, solo en el 1’5 por ciento de los casos fueron familiares de la mujer agredida quienes denunciaron, mientras que las denuncias registradas a raíz de la intervención de los servicios asistenciales fueron el 1’9 por ciento. Es decir, la sensibilización social prácticamente no existe puesto que no actúa frente a esta violencia.

Fallas del sistema

En conjunto, las cifras muestran que el esfuerzo por acabar con la violencia lo llevan prácticamente en solitario las víctimas, que la impunidad se extiende así como baja la edad de los maltratadores. Es decir, comenzamos a pagar cara la desaparición de las medidas de educación y sensibilización y se evidencia cómo los maltratadores se envalentonan ante la falta de respuesta política y judicial.

Acto de la plataforma Prou Agressions celebrado en Barcelona contra la violencia machista. Todo el trabajo realizado en años anteriores sobre la violencia de género nos deja mucho conocimiento sobre la misma. Conocemos la íntima e indisoluble relación entre violencia de género e igualdad. Conocemos el “móvil del crimen” -la sumisión-, eso que ha costado tanto desentrañar y por lo que se hacía tan difícil explicar y explicarnos la violencia de género. Sabemos muy bien que no hay perfiles de mujeres maltratadas y, por fin, hemos desterrado los tópicos sobre la relación del alcohol y las drogas y los maltratadores, conocemos el ciclo de la violencia y las consecuencias en la vida y la salud de las mujeres y conocemos, sabemos perfectamente, cómo prevenirla.

Tenemos identificadas las fallas del sistema, las resistencias y las soluciones. Algunas son ineludibles: educación en igualdad, necesidad de campañas sostenidas de sensibilización y la protección de los menores víctimas de la violencia. Sabemos de sobra que hay que separar a los niños y niñas víctimas de los maltratadores y que hay que hacer un gran esfuerzo en educación: educar en igualdad, coeducar desde los primeros años de vida y formar a todos los profesionales que tienen relación directa con la violencia de género, especialmente al personal de los juzgados (no solo a jueces y juezas, también a la abogacía, especialmente a la que está en turno de oficio; a los equipos psicosociales); al personal sanitario, a todo el personal que está en el ámbito educativo, a todo el funcionariado, al conjunto de los representantes públicos y a todo el personal de los medios de comunicación; fundamentalmente. Es decir, lejos de perder la escuela como nos está ocurriendo, hay que ganar la universidad.

Sabemos también que necesitamos separar a los maltratadores de sus hijos e hijas. En primer lugar, porque los menores son víctimas de la violencia que se vive en sus hogares y, en ocasiones, víctimas directas de violencia física o sexual por parte de sus padres. Por lo tanto, la primera obligación es proteger su vida. En segundo lugar porque, si no se da esta ruptura, la violencia de género continuará pasando de generación en generación. El sexismo se aprende desde la infancia, la igualdad también.

Cuando aún no habíamos consolidado el principio de igualdad, el rechazo al valor mismo de la igualdad y todos los cambios que éste supone, se ha hecho evidente. Este principio ha sido barrido del discurso político, de las prioridades políticas y sociales, del discurso mediático. Estamos en una encrucijada que, desde luego, no es nueva para las mujeres pero es muy peligrosa. Estamos viviendo un desmantelamiento sistemático no solo de los recursos que proporcionaban un ejercicio real de la igualdad, sino también un desmantelamiento del entramado ideológico, legal y simbólico que lo sustentaba.

*Este artículo es un extracto del post publicado en el blog de Nuria Varela, periodista y escritora (http://nuriavarela.com)

Últimas entradas de Colaboración (ver todo)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *