El día 20 de junio, la interpol detuvo en Londres al Jefe de los Servicios de Inteligencia ruandeses, Karenzi Karake, por una orden de arresto internacional emitida por el juez Fernando Andreu Merelles, de la Audiencia Nacional española, en 2008. Este juez ha emitido orden de arresto internacional para otros 39 altos cargos del actual régimen de Ruanda. No es la primera vez que se detiene a alguno de los 40, pero si llegase a ser extraditado a España sería la primera vez que esa orden se cumple en su totalidad, extraditando al acusado, después de detenerlo.
Durante estos 7 años, los «acusados» han viajado más o menos libremente por el mundo sin ser molestados. No solo se han movido libremente, sino que cinco de ellos han ocupado -algunos todavía ocupan- destacados cargos en diferentes Agencias y misiones de la ONU. El mismo Karenzi Karake fue jefe de la misión de la ONU en Darfur hasta 2009, a pesar de la orden de arresto. Karake había viajado antes a Gran Bretaña, dos veces, sin ser detenido.
Otro de los 40 altos cargos -sobre el que pesa además de la española, otra orden de arresto internacional emitida por un tribunal francés-, el general Charles Kayonga, viajó a Londres en 2014, incluso salió fotografiado en los medios durante una celebración. Pero las autoridades británicas no lo detuvieron, ni dieron explicaciones, al menos de forma pública, sobre los motivos por el que incumplían la ley.
El general Kayumba Nyamwasa, otro de los buscados por la justicia española, está bajo arresto domiciliario en Sudáfrica desde 2010, a la espera de que las autoridades sudafricanas decidan si extraditan a Nyamwasa a España o a su país Ruanda, donde hay indicios más que suficientes de que su vida correrá peligro (Ha sufrido varios intentos de asesinato y las autoridades de Sudáfrica están convencidas de que el regimen ruandés está detrás, hasta el punto de romper relaciones diplomáticas). España todavía espera obtener la extradición de Nyamwasa, como se recuerda en el comunicado de los familiares de las víctimas emitido con motivo de la reciente detención de Londres.
El último «suceso» relacionado con esta causa es el ocurrido en mayo de 2011 en Estados Unidos. Cuando la interpol estadounidense detuvo a Justus Majyambere. Tras hacerse público que se había solicitado a las autoridades judiciales españolas la confirmación de la identidad y vigor de la orden de arresto sobre él, y confirmar la Audiencia Nacional que estaba a la espera de la extradición, dos días después apenas tuvo eco la comunicación oficial del ministerio de Interior ruandés que aseguraba que el mayor estaba en su casa de Kigali sano y salvo. Al menos de forma pública, Estados Unidos no ha dado ninguna explicación de lo ocurrido, a pesar de la gravedad de los hechos, de ser cierto.
De qué se acusa a Karenzi Karake
Según el auto del juez Andreu, existen «indicios racionales y suficientes» para determinar la participación de Karenzi Karake en diversos hechos criminales que se relacionan en las páginas 161 y 162 del auto. Karake, más conocido como KK, estaba al frente de la Dirección de Inteligencia Militar, DIM, y se le considera responsable de crímenes cometidos por la DIM en Kigali y resto de Ruanda entre 1994 y 1997, entre ellos asesinatos terroristas de personalidades políticas. También se le considera el «máximo responsable de las masacres y ‘eliminación’ de la población hutu en Nyakinama y en Mukingo». Ordenó operaciones contra la población civil, entre la que se encontraban tres cooperantes españoles de Medicos del Mundo Mª Flors Sirera, Manuel Madrazo y Luis Valtueña, desde 1994 hasta 1997 en diversas localizaciones.
Además, según el auto, «organizó y ejecutó labores de pillaje de dinero, minerales y otros recursos naturales valiosos» y es responsable de operaciones de asesinatos y desaparición de personas, cuyos cuerpos eran incinerados después en varios lugares del bosque Nyumgwe. Todos estos delitos están detallados y tipificados en el extenso auto, que dio lugar a la emisión de las órdenes de arresto internacionales.
Los familiares de las víctimas y un amplio grupo de personalidades y organizaciones impulsaron la querella presentada ante los tribunales para buscar justicia por el asesinato de 9 ciudadanos españoles en Ruanda y Congo en el marco de las guerras que tuvieron lugar entre los años 90 y la primera década de los años 2000, guerras que siguen hoy produciendo el mayor número de víctimas no militares de la historia desde la II Guerra Mundial.
A las familias españolas se unieron algunas familias de víctimas ruandesas, algunas víctimas supervivientes cuya identidad está protegida, además de la congresista estadounidense afroamericana Cynthia Ann McKinney, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y su amigo candidato al premio Nobel de la Paz, el mallorquín Juan Carrero Saralegui, Organizaciones de Bélgica, Holanda, Estados Unidos y España, entre las que está Umoya, los ayuntamientos de Figueres, Manresa, Navata, Sevilla y Tremp, entre otras. Los abogados de unos y otros trabajan muy duro para que esta importante investigación que dio lugar a la querella admitida a trámite en la Audiencia Nacional española el 6 de febrero de 2008, llegue a impartir justicia en la medida de lo posible a las víctimas, sin importar su nacionalidad, ni su etnia.
Ahora, un tribunal británico ha decretado libertad bajo fianza de un millón de libras, y que el general KK permanezca en la embajada de Ruanda en Londres bajo arresto domiciliario, deberá personarse ante la policía todos los días y llevar siempre consigo un teléfono móvil con batería cargada, hasta que se celebre el juicio para determinar si es extraditado o no a España, previsto para finales de octubre. ¿Se cumplirá por primera vez la legislación internacional en este asunto efectuando la extradición de uno de los acusados?
La tensión está servida. La defensa de Karake, encabezada nada más y nada menos que por Cherie Blair, la mujer de Tony Blair, buscará todos los caminos posibles para liberarlo. No se pueden permitir nada menos, ni siquiera pueden intentar alcanzar acuerdos que minimicen o beneficien a su cliente, ya que no se trata solamente de él. Si KK llega a ser juzgado en España, el juicio desenmascararía a todo el régimen de Ruanda y su forma ilícita de asaltar el poder entre 1990 y 1994, cometiendo los más graves crímenes de forma enmascarada, presentándose como las víctimas de su propia guerra. El padre blanco gerundense Joaquim Vallmajo fue asesinado por el grupo armado FPR (ahora en el gobierno) precisamente por intentar denunciar la responsabilidad de los dos bandos enfrentados, explicando a los medios internacionales que el FPR no era el salvador que decía ser, sino una organización criminal que no se preocupaba por la población tutsi de Ruanda, sino por asaltar el poder y después invadir el Congo y robar sus ansiados recursos y territorio. Cuando fue asesinado, Vallmajó ya era consciente de la «zairización» del conflicto que aún estaba por venir. Llegó a escribir que «los tutsi han lanzado una campaña mundial de desinformación para hacer creer que los asesinos son las víctimas y las víctimas los asesinos», según detalla el auto. El juez Andreu expresa muy claramente en el auto que considera el primer y más alto responsable de todos los crímenes investigados al presidente Paul Kagame, pero que no se pueden dirigir acciones penales contra él, dada la inmunidad que su cargo le otorga.
Ruanda tiene padrinos muy poderosos interesados en que la verdad nunca salga a la luz, cosa que ocurriría si este juicio llegase a celebrarse. Gracias a Wikileaks se pudo conocer cómo Estados Unidos presiona desde hace tiempo a los políticos de turno españoles, para que esta causa se cierre. En una exclusiva del diario 20 Minutos de 2011, se destapaban varios de estos cables, en los que Moratinos y otros responsables españoles se comprometían con los diplomáticos estadounidenses a «dejar en agua de borrajas» el proceso judicial de los 40 altos cargos de Ruanda.
Las reformas que limitan la Jurisdicción Universal en España impuestas por los sucesivos gobiernos de PSOE y PP van en esta dirección, obedecen órdenes y presiones de Estados Unidos, Israel, China… Quieren sofocar la posibilidad de que personajes poderosos, o aliados y protegidos de personajes poderosos, se sienten en el banquillo y destapen los crímenes consentidos e impunes de las grandes potencias. Porque cada causa abierta en base a la Jurisdicción Universal es como la punta de un iceberg de injusticia y crímenes cometidos por los que siempre salen impunes, a pesar de ser los que más víctimas inocentes esconden bajo sus alfombras, las grandes potencias.
Descarga el comunicado de las familias de víctimas españolas en Ruanda y RDC
