Objeción fiscal: no estamos para pistolitas

  • por

Fuente. Toma la plazaUn estudio del Colegio de Registradores (¡de la propiedad!) revela que cada día de 2012 la banca realizó en España 115 desahucios. Al final del mismo año el paro rozaba el 26%, más del 13% de aumento respecto al anterior (las previsiones son que cuando acabe 2013 se haya superado el 27%). Estos, efectivamente, son porcentajes, estadística, pero detrás hay unos seis millones de personas sin trabajo, sin ingresos regulares, con menguantes prestaciones sociales y un Estado que cada vez merece más, si respetamos el diccionario, ser llamado del malestar. El Centre Delàs de Estudios por la Paz (www.centredelas.org) señala que los gastos del Ministerio de Defensa en el mismo año fueron 15.834 millones de euros. Así vista la cosa, remitiéndonos de nuevo al respeto al diccionario, no parece excesivo invertir tanto en defensa, cuando la población está tan vulnerable.

Pues no es verdad, porque esta abultada cantidad, como ya han adivinado todos los lectores y lectoras que no sean de otro planeta, no se invierte en proteger derechos básicos, como la vivienda o el trabajo digno, por citar solo algunos de los más vulnerados. Vamos, que no son inversiones en defensa, sino gastos de “defensa” (dicen las reglas de ortografía de la real Academia que las comillas se usan, además de en las citas textuales, “para indicar que una palabra o expresión es impropia, vulgar o de otra lengua o que se utiliza irónicamente o con un sentido especial”. Que cada cual deduzca por qué se usan aquí).

La población no suele emocionarse demasiado viendo cómo gastan sus dineros en prevenir hipotéticos ataques de los aún más hipotéticos “malos”, mientras queda indefensa ante los muy reales y presentes ataques de malos muy reales (al menos si nos atenemos a la doctrina forrestgump: es malo quien hace maldades), de modo que las cifras que nos cuentan y lo que finalmente se gasta difiere bastante año tras año. Según el citado Centro Delàs, “en los últimos cuatro años el Gobierno nos ha presentado un presupuesto con unos números que representan un descenso respecto al año anterior.

Luego, en el transcurso del ejercicio, esas cifras se han visto ampliadas con aportaciones extraordinarias y, al finalizar el ejercicio, acaban con un incremento que, según el año, oscila entre un 15% y un 20% y que en el último decenio han supuesto un promedio de 1.400 millones de euros anuales”. Lo que significa que a lo que aparece en los presupuestos generales (PGE) aprobados en las Cortes (esa sede de la soberanía popular vetada a la ciudadanía hasta para hacerse una foto con los leones, ¡no digamos para expresar su opinión!) hay que añadir créditos extraordinarios, como el de 1.827’7 millones para pagar los Programas Especiales de Armamentos (PEA), los cazas Eurofigther, los blindados Leopardo y Pizarro, los diversos buques militares, los helicópteros Tigre y NH-90 y así hasta 19 programas de armas. También hay que sumar incrementos de partidas, como es el caso de las operaciones militares en el exterior, llamadas “de mantenimiento de la paz” (véase la anterior explicación del uso de comillas), “cuando lo que están llevando a cabo en Afganistán es apoyo a una de las partes en una guerra civil; o en el océano Índico, donde protegen a los atuneros que expolian los caladeros frente a Somalia”, señala Pere Ortega, del Centre Delàs en su estudio Verdades y mentiras en el presupuesto militar español de 2013, disponible en la web del centro junto a otros interesantes informes y documentos. Más, más hay que sumar: el Ministerio de Defensa es uno de los mayores propietarios de patrimonio del Estado: cuarteles, viviendas, campos de tiro, bases y otras instalaciones. En los últimos años se ha permitido al eufemístico ministerio que venda propiedades, lo que le ha reportado, según el citado estudio, 243 millones, dejándonos a la población en general la pregunta de por qué, si es patrimonio público, se queda en sus arcas (debe ser otro caso que merece comillas).

A cualquiera se le ocurre que con esos dineros se podrían hacer muchas cosas que protejan realmente a la población. Ya hay quien ha puesto en práctica la ocurrencia y ha calculado, por ejemplo, que el Gobierno podría ahorrarse los 540 millones de euros que cuestan cuatro aviones de combate Eurofigther en lugar de “ahorrar” 500 millones de euros excluyendo a las personas inmigrantes de la sanidad pública. O destinar los 540 millones de euros presupuestados para operaciones militares en el exterior a aumentar el exiguo presupuesto de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (¡ganas dan de ponerle comillas a esta “ayuda”!), de solo 266’44 millones. Esto y más puede encontrarse en www.recortemoselgastomilitar.org

¿Y si nos negamos a pagar?

Fuente. CNT

¿Qué pasa si hay una guerra y nadie va? se preguntaba hace años el movimiento noviolento. Sabido es que las guerras actuales las hace en los despachos un reducido número de gente que ya no necesita personal ni para bombardear in situ; con los drones todo es limpio y aséptico); lo que necesitan son dineros. O sea, que negarse a ir a la guerra hoy en día, en estas latitudes, es no financiarla.

En eso andan las gentes que promueven la objeción fiscal a los gastos militares desde hace décadas, como solemos contar en alandar cada primavera. Merecería esta campaña más apoyo y relevancia, pero no puede decirse que sea insignificante, por la perseverancia de sus practicantes y por el volumen de dinero desviado. Aunque es muy difícil calcular la cifra, solo en Cataluña se recuperaron para fines sociales 26.000€ en la campaña anterior. Si se tiene en cuenta que no se recoge el total (muchas personas no informan de su objeción), que solo incluye las declaraciones “a ingresar” y que las gentes adictas a estas prácticas no suelen nadar en la abundancia (un poco como la viuda de la monedilla que tan bien le cayó a Jesús), pues no está tan mal la cosa.

¿Está en nuestras manos cortar el grifo de los gastos militares? Por completo, no, pero algo podemos hacer. Y eso es precisamente la objeción fiscal, “aprovechar la declaración del IRPF para desviar una parte de nuestros impuestos a un proyecto que trabaje en la defensa de un progreso social solidario”, como explica la web del grupo Tortuga. Es decir, invertir en protección (la calidad la vida, el derecho a la salud, el respeto a los derechos humanos, el entorno natural, la no explotación de unas personas por y para otras, la defensa de las minorías ante las mayorías.,,,), en lugar de gastar en “defensa”, que no estamos para pistolitas cuando el enemigo a batir es la injusticia.

¿Cómo se hace?

En el momento de hacer la declaración de la renta, cuando se llega al apartado “cuota líquida”, se hace una deducción en una de las casillas no utilizadas, tachando el título y escribiendo “Por objeción fiscal” y poniendo la cifra correspondiente.

El importe se calcula tomando como referente los gastos de Defensa o por una cantidad fija:

1. Cuota porcentual: el % que destinan los PGE al Ministerio de Defensa o el gasto militar per capita (588’10€ este año).

2. Cuota fija: una cantidad fija propuesta por los diferentes grupos (100 €, por ejemplo) o decidida por cada cual.

Adjuntar una instancia al delegado o delegada de Hacienda alegando los motivos de la objeción fiscal, informado del destino alternativo (adjuntar justificante del ingreso de la cantidad objetada a favor del proyecto elegido si ha salido “a ingresar”) y pidiendo que en sucesivas ediciones los impresos incluyan una casilla a este fin.
Es importante notificar que se hace objeción fiscal al grupo más cercano, puesto que de ello depende en gran medida uno de los objetivos de la campaña: el impacto social.

Todo esto está, más y mejor explicado, en www.grupotortuga.com, www.objecciofiscal.org/index.php/es y www.nodo50.org/objecionfiscal/, entre otras web. En la última, ofrecen un video tutorial y un caso práctico.

Prenda fiscal

Con los mismos planteamientos de fondo, en Cataluña se ha puesto en marcha otra campaña, la penyora (prenda) fiscal, una acción de desobediencia civil que pretende conseguir una administración pública transparente, base de una gestión democrática y participativa de los recursos públicos, libre de las imposiciones del sector financiero y de otros grupos de presión.

Consiste en retener, a modo de prenda, una cantidad de la declaración de la renta (de 1€ a la totalidad del dinero que corresponda ingresar; los organizadores proponen 20€ como cantidad simbólica), ingresándola en la banca ética o en la Caja General de Depósitos de la Generalitat, hasta que la Administración cumpla su obligación de transparencia total. Una vez que se apruebe la Ley de transparencia y se empiece a aplicar efectivamente con garantías, se liberará la prenda, haciendo la aportación de Hacienda.

La campaña está promovida por la Crida a la desobediència civil pels drets ciutadans i contra la dictadura financera (llamada a la desobediencia civil por los derechos ciudadanos y contra la dictadura financiera), una plataforma ciudadana que está promoviendo iniciativas muy interesantes. Más información sobre la campaña y sobre la crida en www.cridadesobediencia.cat.

Últimas entradas de Colaboración (ver todo)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *