En las últimas semanas, medios de todo el mundo se han hecho eco de los incendios que arrasaron el campamento de refugiados de Moria (Grecia), dejando a la intemperie a miles de familias desprovistas de asistencia y abandonadas a su suerte por las autoridades helenas y europeas. En paralelo, varias compañías de construcción y seguridad avanzaban a toda máquina en distintos puntos de Grecia para erigir en tiempo récord varios centros de detención de migrantes, en los que se recluirá a esas familias procedentes de Siria, Afganistán y otros países en guerra. Estas obras ya superan los 130 millones de euros, pero no salieron en ninguna portada.
Al mismo tiempo, a menos de tres horas de vuelo, en Bruselas un ejército de funcionarios y lobbistas pisaba el acelerador para lanzar el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo europeo, que marcará el compás de la política migratoria europea en los próximos cinco años. El acuerdo redobla la apuesta de Europa por fortalecer las fronteras y las devoluciones de migrantes, externaliza el control para dejarlo en manos de países como Turquía, Libia o Marruecos, y merma los sistemas de acogida e integración.
La deriva europea se percibe con más claridad en hechos simbólicos como que Frontex, la agencia europea de fronteras, sea el primer cuerpo uniformado y armado de la Unión Europea. Estas decisiones, basadas más en cuestiones ideológicas y empresariales que en argumentos científicos y humanos, no dejan lugar a dudas sobre quiénes pierden: en primer lugar, las personas que migran sin alternativa segura; en segundo lugar, las sociedades europeas. La pregunta clave es: ¿Quién gana realmente con todo esto?
Al calor de las políticas antimigratorias de la Unión Europea nace la Industria del Control Migratorio, un mercado que encuentra un poderoso cemento en el discurso de odio contra los migrantes. Este nuevo negocio se alimenta de contratos públicos millonarios que van a parar a manos de grandes multinacionales, principalmente constructoras, armamentísticas y tecnológicas. España, frontera sur de Europa, es uno de los principales terrenos de juego del negocio antimigratorio y uno de sus laboratorios más eficientes.
La opacidad es un factor clave en esta industria emergente. A la falta de transparencia de la administración pública, se suma la estrecha relación de las empresas beneficiadas con los principales grupos mediáticos, de los que son accionistas y grandes anunciantes. Entre las principales beneficiarias de este mercado en España aparecen empresas tan conocidas como Telefónica, El Corte Inglés, ACS, Eulen, Indra, Ferrovial e incluso Air Europa, que se beneficia de que España sea el tercer país que más deportaciones forzosas ejecuta a nivel europeo. Un reducido grupo de 10 multinacionales acapara 7 de cada 10 euros que España gasta en control migratorio. Ninguna de estas empresas responde a las preguntas de los investigadores, ni explica qué mecanismos emplea para evitar conflictos de interés con los más de 120 ex altos cargos de Estado que forman parte o estuvieron en sus consejos de administración. Tampoco aclaran qué sistema usan para evitar que sus productos y servicios se usen para violar los derechos de quienes migran, empezando por el derecho a la vida.
Toda esta información aflora de una investigación de por Causa, que logró identificar más de 1.600 contratos (disponibles en esta base de datos abierta) del Gobierno español adjudicados a las compañías del negocio antimigratorio, principalmente a través de los ministerios del Interior, Transporte (antes Fomento), Defensa e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Estos documentos oficiales abarcan desde el precio de los radares de vigilancia marítima que emplea la Guardia Civil para localizar pateras, hasta la gestión de los centros de internamiento de migrantes, pasando por las obras de mantenimiento de las vallas de Ceuta y Melilla, o los barcos de Salvamento Marítimo. Estos contratos –la mayoría adjudicados sin concurso público– suman más de 660 millones de euros en los últimos cinco años, pero esa es solo la punta del iceberg: la cifra no incluye ni subvenciones, ni dinero adjudicado por los gobiernos autonómicos, ni contratos que permanecen en secreto bajo pretexto de la seguridad nacional. Desde 2015, la UE ha transferido más de 800 millones de euros a España para control migratorio, pero trazar el rastro de ese dinero implica mucho músculo investigador e independiente. De ahí que el equipo de por Causa hayan lanzado un crowdfunding para pedir apoyo y poder seguir investigando.
Tan solo el 4,5% de quienes migran a Europa lo hace por vías irregulares, pero el negocio antimigratorio encuentra en estas personas su mayor tirón. Paradójicamente, casi el 15% de los puestos esenciales durante la pandemia los desempeñan personas migrantes, según los datos más recientes de la Comisión Europea. Al margen de sus razones para migrar, estas personas no cuentan con una vía segura y legal para iniciar su viaje y ejercer su derecho a moverse. La lucha contra la migración irregular se ha convertido en una de las grandes prioridades de la UE, y una de las que más consenso y dinero obtiene entre los países comunitarios. En España, esta ‘lógica’ lleva al gobierno a concentrar más del 80% de su presupuesto antimigratorio en la frontera sur, a pesar de que el 80% de los migrantes irregulares son mujeres, procedentes de América Latina, que trabajan en el sector cuidados y que entran a España por los aeropuertos de Barajas y El Prat, según las pesquisas de por Causa y la Universidad Carlos III. España gasta ocho veces más en detener y expulsar a migrantes que en acogerlos e integrarlos.
Según el gobierno de España, harán falta unos 30.000 millones el gasto público extra para pagar los ERTE y otros pagos excepcionales debido a la pandemia de coronavirus. La UE destinará un monto parecido acontrol migratorio y de fronteras (30.829 millones) entre 2021 y 2027, según el nuevo marco presupuestario. En ese periodo, la UE también consagrará 24.322 millones de financiación pública para defensa y seguridad.
La Industria del Control Migratorio es uno de los negocios con mejor perspectiva de futuro en el territorio europeo. Los capos del negocio migratorio dejan cierto espacio a organizaciones sin ánimo de lucro, que cumplen la tarea secundaria de asistir a los migrantes, y aprovechan su influencia mediática y política para situar las migraciones como un problema de seguridad. La reconstrucción post coronavirus obligará a muchos estados a ajustar sus presupuestos, pero la Industria del Control Migratorio es optimista: el nuevo Pacto Migratorio es una buena noticia para el negocio antimigratorio. La incertidumbre, el miedo y la inestabilidad social son bazas favorables para su negocio.
España es uno de los grandes objetivos de esta industria, que concibe la frontera sur española en un laboratorio para ensayar proyectos antimigratorios que después son exportados a otros países de la región. Empezando por el uso de la ayuda al desarrollo como mecanismo de presión, un modelo que el conjunto de la UE replicó después durante la crisis de acogida de 2014. La concertina (cuchillas de acero) de la valla de Melilla, subvencionada con fondos europeos y fabricada por la empresa malagueña Mora Salazar, ya corona las vallas de varios países de los Balcanes y el norte de Europa. Los drones desplegados en el litoral atlántico español y el estrecho de Gibraltar ya inspiran nuevos proyectos en Libia financiados con dinero europeo. Ahora unos de los experimentos estrella son los CATE, cárceles ‘express’ para migrantes, repartidas por el sur de España y cofinanciadas por Europa y España. Hasta la fecha, el Gobierno español no ha publicado ningún contrato sobre estos centros de detención de migrantes, por lo que su coste queda fuera de los 660 millones que rastreó porCausa. Una nota del Ministerio del Interior indica que solo en 2019 se desembolsaron más de 6,5 millones de euros en obras y servicios relacionados con estos centros.
La Industria del Control Migratorio vivió su mejor momento en 2015, coincidiendo con la llamada ‘crisis de los refugiados’ y la aprobación de grandes programas de financiación para cerrar las fronteras de Europa. La crisis de la covid-19 está suponiendo un nuevo impulso para el negocio antimigratorio y pasará a la historia como una oportunidad perdida para cambiar el modelo migratorio. El crecimiento de esta industria no logra frenar el flujo de personas que migran, pero sí dispara las ganancias de los traficantes de personas. Mientras tanto, crecen el número de muertos en el Mediterráneo, la letalidad en las nuevas rutas migratorias y la población migrante encarcelada.
