1. ¿Cuál es su lectura de lo que sucede en Cataluña en estos momentos y las salidas posibles?
La situación arranca del proceso de las autonomías, cuando se vertebró un modelo híbrido entre Italia y Alemania que acabó convirtiéndose en un “café para todos”. Se optó por no reconocer suficientemente una especificidad a Cataluña, un perfil propio que ha tenido siempre. Esto se agravó con la sentencia del Tribunal Constitucional que rebajó considerablemente lo aprobado en referéndum por el pueblo catalán. Y todo ello, unido a un déficit histórico de balanzas fiscales que se calcula en 16.000 millones de euros anuales, agravado por la crisis económica, en una Cataluña que ha acogido en los últimos 15 años a 1’5 millones de inmigrantes que precisan de atención y servicios. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional y las iniciativas de los últimos años auspiciadas por el PP, la mayoría de catalanes hemos llegado a la conclusión de que el único modo de salir del atolladero es dar la voz al pueblo catalán para que se pronuncie sobre su futuro. La cuestión fundamental que se tiene que dilucidar es si Cataluña es o no un sujeto político. Desde Cataluña, mayoritariamente creemos que sí. Por tanto, deberían configurarse alternativas, que existen en otros estados, para dar carta de ciudadanía a esta realidad plurinacional. Es cuestión de voluntad política.
2. ¿Qué cree que debe y puede hacer la Iglesia catalana en esta coyuntura?
La Iglesia catalana, como cualquier otra Iglesia, debe inculturarse y encarnarse en las aspiraciones legítimas de su pueblo. Siguiendo la doctrina social de la Iglesia y el magisterio pontificio, los obispos en Cataluña se han pronunciado repetidamente en este sentido: “Arrels cristianes de Catalunya”, 1985 y “Al servei del nostre poble”, 2011. La clave de ambos es que la Iglesia acompaña las esperanzas, los anhelos e inquietudes de su pueblo. Por eso, en octubre, 55 entidades eclesiales nos adherimos al Pacto nacional por el derecho a decidir, una iniciativa que refleja la opción de la Iglesia de acompañar a su pueblo para que pueda decidir con libertad, de acuerdo con el magisterio y la doctrina social. No se trata de que la Iglesia bendiga o se pronuncie a favor de la independencia. Sólo pedimos que el pueblo pueda opinar y decidir en libertad, algo esencial en una democracia. En cinco años, hemos pasado del 20% al 50% de personas favorables a la independencia. Algo se habrá hecho mal, como apunta el sociólogo Javier Elzo.
Marcel.lí Joan es periodista, miembro del “Grup San Jordi de Promoció i Defensa dels drets humans
