Los rostros del recorte sanitario

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Las restricciones en la sanidad pública para las personas inmigrantes en situación no regularizada tienen nombres y apellidos. Por un lado, los hombres y mujeres que, por no cumplir un requisito burocrático, verán mermados sus derechos y su acceso a la salud, sufrirán más problemas de salud y una mayor desprotección. Por otro lado, los y las profesionales del sector sanitario ven vulnerada su ética profesional ante una medida que va en contra de los derechos humanos. Hemos hablado con los dos lados para conocer más a fondo la situación.

Entrevista a Santi Izco, médico objetor a la ley
“Esta ley va a provocar muertes”

Foto. Alandar.

“Esto es un robo, una injusticia y un engaño”, clama Santi Izco, médico de 36 años que ejerce su profesión en un hospital madrileño, cuando trata de ponerle palabras a las consecuencias de la entrada en vigor del Decreto-Ley 16/2012, con el que se retira de la atención sanitaria a las personas inmigrantes sin papeles y a otros colectivos españoles no cotizantes. Nuestro entrevistado, que se ha implicado activamente desde hace meses en la plataforma ciudadana de desobediencia civil “Yo SÍ, sanidad universal” (www.yosisanidaduniversal.net), no quiere perder la oportunidad de aclarar ciertas cuestiones sobre las que entiende que se ha creado confusión: “Está ley está construida sobre el engaño de criminalizar a un grupo de personas a las que se les acusa de aprovecharse de un servicio que no han pagado. Y eso es falso porque ellos lo financian con su trabajo. Detrás de esta ley, más que un recorte, se esconde la intención de desmantelar el sistema sanitario tal y como lo conocemos ahora pero, sobre todo, se quiere convertir a los inmigrantes sin papeles en cabezas de turco”.

Y, por si a alguien no le hubiera quedado claro, insiste: “Los inmigrantes ya han pagado de sobra su acceso al sistema sanitario. El raquítico 6% del PIB que se destina a sanidad en España no se financia con las cotizaciones laborales, sino con otros impuestos indirectos que los inmigrantes también pagan”. Uno de los argumentos que más ha usado el Gobierno para justificar esta medida es que quitándoles la tarjeta a cientos de miles de inmigrantes sin documentación se cortaba de raíz el llamado “turismo sanitario”. Santi Izco lo califica de mentira perversa. “El Real Decreto no aporta ni una sola medida para combatir el turismo sanitario. Lo que está haciendo el Gobierno en realidad es alentar un sentimiento xenófobo y así lograr el apoyo de quienes consideran que los extranjeros ponen en riesgo su puesto de trabajo”.

La Ley se aplica desde el pasado 1 de septiembre y ya se nota en los hospitales una mayor afluencia de personas sin tarjeta sanitaria al servicio de Urgencias para recibir una atención que hasta hace un mes se les facilitaba en los ambulatorios. “Hay entre quienes trabajamos en la sanidad española una sensación generalizada de injusticia y de incomodidad. Es muy duro decir a una persona a la que llevas atendiendo mucho tiempo que ya no tiene derecho a recibir esa atención. Ahora, en esta lucha lo esencial no es el número de objetores, sino la aparición progresiva de grupos de personas que acompañan a pacientes sin tarjeta sanitaria (que no todos son inmigrantes) para exigir que se les atienda o poner reclamaciones y emplear todas las ‘armas’ para que puedan ejercer su derecho a la sanidad pública y gratuita”.

Efectos mortales

“Tenemos muy claro que esta ley va a provocar muertes”, sentencia Izco basándose en un reciente estudio de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) que advierte al Ministerio de Sanidad de que retirar la tarjeta sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular puede dejar sin tratamiento a hasta 3.200 pacientes con VIH que actualmente tenían controlada la enfermedad, lo que causará un aumento de hasta un 20% de nuevos casos y entre 27 y 50 muertes sólo en el primer año de su entrada en vigor.

Este joven médico ha aprendido en los trece años que lleva ejerciendo su profesión algo más que a curar pacientes. “Está muy bien que haya 2.000 personas que trabajan en sanidad que ejerzan su derecho individual a la objeción de conciencia, pero lo que nuestra plataforma propugna es una desobediencia colectiva a una ley injusta asumiendo todas las consecuencias que se deriven de nuestra acción. En nuestra plataforma sostenemos aquella frase que decía que en una sociedad de leyes injustas el lugar de las personas justas es la cárcel”.

Entrevista a Yoro, joven gambiano residente en España
“Si no tienes para comer, ¿cómo vas a pagar al médico?”

Foto. Alandar.

Yoro es un corredor de fondo. Y de los buenos. Los entrenadores que le preparan para que sea una estrella de los 3.000 o 5.000 metros le auguran un futuro prometedor en el atletismo. Aunque para este joven de 22 años nacido en Gambia la verdadera carrera de fondo se ha corrido durante los últimos tres años y tres meses en los que ha residido en España sin papeles. “Ahora tengo el permiso de residencia”, exclama dirigiéndose al entrevistador. “¡Si quieres te lo enseño!”, asegura con la felicidad de quien sabe lo difícil que ha sido conseguirlo.

Precisamente porque conoce en carne propia el dolor de la vida de un inmigrante indocumentado puede hablar con conocimiento de causa sobre la reciente retirada de la tarjeta sanitaria a los “sin papeles”. La mayoría de sus amigos vive a duras penas buscándose la vida en un país al que llegó huyendo del hambre o de la violencia. O de la violencia del hambre. “Si no tienes dinero para comer, ¿cómo vas a tenerlo para pagar al médico?”, se pregunta conociendo la respuesta antes de interrogarse. “La gente va a seguir viniendo. Porque no es lo mismo viajar porque lo eliges o tener que abandonar tu país perseguido por las balas o porque no tienes qué comer”, dice Yoro, contestando a la pregunta de si cree que este nuevo recorte de los derechos fundamentales de las personas inmigrantes va a frenar la llegada de nuevos extranjeros y extranjeras a nuestro país.

Caminar hacia atrás

“Yo entiendo que se viva en España una crisis, pero no entiendo que renuncien a los avances que han logrado”, afirma el joven gambiano y completa su reflexión: “Me parece un error tratar de seguir el ejemplo de Estados Unidos donde todo hay que pagarlo. Imagino que nadie quiere que lo que pasa en África con la sanidad llegue a pasar aquí, ¿no?”.

La semana anterior a la entrevista Yoro fue a saludar a un amigo y compatriota de venía del sur de España -donde residía- y que hacía escala en Madrid en su vuelo de regreso a Gambia. Nuestro entrevistado esperó cinco horas en el aeropuerto hasta poder hablar con él porque sabía que la espera valía la pena. “Es muy posible que este haya sido su último viaje”, dice sin que su rostro pueda ocultar la tristeza que le provoca recordar lo ocurrido. “Los médicos le detectaron hace tiempo un cáncer que exigía quimioterapia y no sé cuantas cosas más. Como no tiene papeles, no le van a atender aquí, así que no le ha quedado otro remedio que volver a casa para morir con los suyos”, resume. “Estábamos charlando y se me hacía tarde. Yo estaba preocupado porque me iba a quedar sin metro para volver a donde vivo. Él me miró y me dijo: no te preocupes tanto por eso, porque es casi seguro que esta será la última vez que podremos hablar tú y yo”.

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