Siendo uno de los países más ricos de África pero con un tercio de la población por debajo del nivel de pobreza, Libia ha padecido una larga guerra entre las facciones que derrocaron a Ghadafi. Hoy parece que se pueden abrirse perspectivas de esperanza.
Hoy, cuando ya se han cumplido diez años desde que Muamar al Gadafi fue eliminado y mientras la violencia y la falta de desarrollo siguen siendo las señales más visibles en todos los rincones del país, Libia vuelve a experimentar un atisbo de esperanza para salir del túnel en el que lleva tanto tiempo metido. Si finalmente se logran superar los enormes obstáculos que todavía quedan por el camino, el próximo día 24 de diciembre se celebrarán elecciones presidenciales y legislativas, en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre los más significados actores políticos el pasado 5 de febrero.
Ese día los 75 representantes de los principales grupos enfrentados en el conflicto libio lograron un sorprendente acuerdo en Ginebra para romper el bloqueo político entre el Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN), encabezado por Fayez al Serraj desde Trípoli, y la Cámara de Representantes (CR), liderada desde Tobruk por Aguila Saleh. Sorprendente tanto por el hecho de que supuso un contrapunto positivo al bloqueo al que se había llegado en el campo de batalla -con el frente estabilizado en la línea Sirte-Jufra, tras la fracasada ofensiva de las huestes de Halifa Haftar contra las fuerzas leales al GAN- como por la identidad de las personas elegidas para liderar esta nueva etapa. En efecto, tanto los miembros del Consejo Presidencial -Mohamed Yunis Menfi (en representación de la Cirenaica, muy crítico con Jalifa Haftar), Mosa Koni (tuareg, en representación de Fezán) y Abdullah Husein Rafi (en representación de la Tripolitania)- como el primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional (GUN) creado en marzo, Abdul Hamid Mohamed Dbeibah (empresario de la construcción y antiguo colaborador de Gadafi, con vínculos con Moscú y Ankara), no eran los que más sonaban desde que se puso en marcha el proceso impulsado por la ONU que arrancó en Túnez el 23 de octubre de 2020.
El 24 de diciembre se celebrarán elecciones presidenciales y legislativas
El acuerdo contemplaba un cese total de las hostilidades, la salida del país en un plazo de tres meses de todas las fuerzas extranjeras (incluyendo tanto las promovidas por Ankara, Moscú y El Cairo, como las mercenarias) y un calendario para desarrollar un proceso político en el marco del Foro de Diálogo Político Libio, dejando la aprobación de una nueva Constitución para una fecha sin determinar. En realidad, ninguna de las dos primeras condiciones se ha cumplido todavía, pero eso no ha impedido que se haya podido avanzar en el terreno diplomático y político. Aun así, cuando se acerca la fecha para las citadas elecciones, los problemas no hacen más que aumentar. Por un lado, todo apunta a que las legislativas se retrasarán como mínimo hasta enero, sin que exista una completa seguridad de que las presidenciales vayan a ajustarse a lo acordado. Por otro, queda por ver cómo van a reaccionar figuras como Aguila Saleh (frustrado en su afán por liderar el Consejo Presidencial con el apoyo de Egipto) y Fathi Bashagha (hasta ahora ministro de interior del GAN y con el puesto de primer ministro casi al alcance de su mano hasta el último minuto, con el respaldo de Turquía y Francia). Dado que el acuerdo de Ginebra establece que ninguno de los actores designados para el GUN y para el Consejo Presidencial podrá ser candidato en las próximas llamadas a las urnas, tanto Saleh como Bashagha tendrán ahí una nueva oportunidad para competir con otros candidatos tan inquietantes como Saif al Islam (hijo del propio Gadafi) y, sobre todo, Halifa Haftar, frustrado en su sueño de poder tras la intervención militar turca, que desbarató su ofensiva contra Trípoli, iniciada en abril de 2019, que llevó a sus fuerzas a tan solo 7km del centro de la capital. Es fácil adivinar que quien entonces se autodesignaba gobernante nacional “por mandato popular” no va a aceptar pasivamente su marginación. Y cuenta para ello no solo con sus propias fuerzas, el llamado Ejercito Nacional Libio, y el apoyo de no pocos jefes tribales del este, sino también con el respaldo político y militar que le prestan sobre todo Emiratos Árabes Unidos y Egipto, sin olvidar a Francia y Rusia.
A ese cúmulo de problemas se suma una violencia incesante, sin que exista una autoridad que ostente el monopolio del uso de la fuerza frente a decenas de actores combatientes aún activos. Y, desde luego, tampoco puede darse por hecho que tras las elecciones se desmantelen automáticamente todas las instancias asociadas al GAN, a la CR y al GUN, poblados por multitud de personajes interesados en mantener sus privilegios y temerosos de verse marginados a partir de ahora.
De momento Dbeibah ha logrado la aprobación a su gabinete ministerial y poner en marcha el proceso de registro de candidatos, sin que quede claro que finalmente vaya a renunciar a presentarse a pesar de la prohibición existente. Pero no ha conseguido contar con unos medios de seguridad y militares que le permitan imponer la ley y desactivar a tantas facciones armadas. Más difícil aún será poner en marcha un proceso de reconciliación nacional que permita cerrar tantas heridas y agravios acumulados. Todo ello, sin olvidar la dificultad para revertir la negativa situación económica que arrastra Libia a pesar de su considerable riqueza en hidrocarburos. El único dato positivo es que a lo largo de este año la producción petrolífera se ha estabilizado en torno a los 1,2 millones de barriles diarios (acercándose a los 1,6 de los tiempos de Gadafi); pero el panorama se ennegrece de inmediato si se recuerda que el año terminará con una inflación superior al 20% y que Libia figura en el puesto 186 (de 190) en el índice Doing Business del Banco Mundial.
