La nueva Ley de Educación: acercamiento a una valoración crítica

Acostumbrados – pero no resignados – a que cada cambio de gobierno traiga consigo una nueva Ley de Educación sin acordarla con la oposición, en este curso ha empezado a ponerse en práctica la LOMLOE, la llamada Ley Celáa por la ministra que la ha presentado. El artículo que sigue apunta, en una serie de pinceladas, los valores y las carencias de la nueva Ley.

No me resulta fácil hacer una síntesis analítica y valorativa de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) aprobada en diciembre de 2020, por su extensión (212 p.) y complejidad. En torno a los momentos de su debate y aprobación en el Congreso de los diputados hubo una fuerte movilización y ruido en la calle de quienes se opusieron a su aprobación con el eslogan “Stop Ley Celaá”. Lo hicieron en defensa de sus intereses bien protegidos por la anterior ley y con la engañosa percepción de que ahora estaban en peligro. Entre ellos estaban la “Plataforma Más Plurales” y la plataforma “Educación inclusiva sí, educación especial también”, la Iglesia Católica y su escuela, el empresariado de la escuela privada concertada, los sindicatos conservadores, la clase media aspiracional y toda la derecha y la extrema derecha. Todos ellos defienden la primacía de lo privado frente a lo público, de lo individual frente lo colectivo, del mercado de la educación (es una mercancía que se compra y se vende) frente a la educación como un derecho universal, del privilegio de unos pocos frente a la equidad y la justicia educativa para todos, etc.

La oposición de las derechas, la necesidad de siete partidos para aprobarla, la movilización de los medios ha hecho difícil una ley perfecta.

Creo que se ha de tener en cuenta el contexto en que se realizó. Me parecen relevantes las dificultades para llegar a un acuerdo entre los siete partidos políticos que la han pactado. A esto se añade la amplia movilización en los medios de comunicación y en la calle de la derecha y de toda la enseñanza privada concertada con mensajes apocalípticos llenos de falsedades. Fue significativa la escasa movilización de las fuerzas progresistas y de la comunidad educativa de la escuela pública al no ser conscientes de la importancia de esta ley.

Aspectos positivos de la nueva ley

Analizo brevemente lo que considero aspectos positivos y potencialidades de la LOMLOE. Su primer valor es la derogación de la ley anterior del Partido Popular (LOMCE), una ley clasista, privatizadora, selectiva, segregadora de los más débiles. Incorpora por primera vez la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad, ratificadas por el Estado Español, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Elimina barreras que hacían difícil la equidad como las reválidas, las pruebas externas, utilizadas para elaborar rankings de centros y las repeticiones sin sentido.

Es positiva, aunque insuficiente, la propuesta de llegar al 5% de inversión en educación en 2025.

Da pasos sólidos hacia una educación más inclusiva.

Se propone un currículo “competencial” accesible para todos. Pone límites a los desmanes de las cuotas ilegales en la educación concertada. Se prohíbe darle suelo público y se elimina “la demanda social” como justificación para seguir privatizando la educación. Retoma la democratización de los centros educativos, que facilita una mayor participación.

Hace una apuesta por la mejora de la calidad de la escuela de titularidad pública y prioriza “la existencia de plazas públicas en todas las áreas o zonas de escolarización”.  Se compromete a aumentar la inversión en educación (ahora en el 4,3% de PIB y se propone el 5% en el 2025) para llegar a los niveles de inversión en educación similares a los países de nuestro entorno. En España el gasto público en educación se situó en 2020 en un 4,3% del PIB frente a Islandia (7,5%), Suecia (6,7%), Dinamarca  (6,5%), Reino Unido (4,6%), Francia (5,4%), Portugal (5,0%) o Polonia (4,9%)

Debilidades de la ley

Sin embargo, esta nueva ley tiene algunas debilidades. Podemos decir que es una ley mejorada en los aspectos que hemos indicado y estancada en otros.

Pese a sus ventajas, se pueden señalar debilidades, ambigüedades y contradicciones. Su mayor problema es que la desarrollarán comunidades autónomas con competencias plenas y con políticas educativas contrarias. Hay comunidades, como la de Madrid, que ya han empezado a dar pasos en dirección contraria, iniciando la tramitación de su propia “Ley Maestra de la Libertad de Elección Educativa” en aras de la supuesta libertad de elección de centros y “en defensa de la educación concertada”.

En algunas propuestas se encuentran ambigüedades, contradicciones y poca valentía para romper con los aspectos más retrógrados de nuestro sistema educativo. Es loable la declaración que se hace a favor de la escuela pública, pero falta  un plan preciso para hacer efectiva la subsidiaridad de la escuela concertada.  Más bien se las equipara.

El mantenimiento de la religión confesional como asignatura. En un estado aconfesional es cada comunidad de creyentes quien asume la formación de sus miembros. La promoción de una espiritualidad laica para la escuela pública me parece fundamental.

En algunas propuestas se encuentran ambigüedades, contradicciones y poca valentía para romper con los aspectos más retrógrados de nuestro sistema educativo

La ley da a la comunidad educativa cierto nivel de democracia limitada y poco participativa. Se hace una declaración decidida a favor de la atención a la diversidad y la inclusión, pero se sigue manteniendo la dualidad de un modelo dirigido al alumnado estándar y otro para el que se considera alumnado “con necesidades”.

No hay un proyecto claro para acabar con la segregación del alumnado en la mayoría de los centros concertados y muchos de titularidad pública (bilingües, bachilleratos de excelencia, internacionales…).

Se propone un currículo “competencial” accesible a todos, pero poco diferenciado de lo que demanda la economía neoliberal, en vez de optar por un currículum humanizador al servicio de la emancipación integral de todo el alumnado y de un conocimiento interdisciplinar y transdisciplinar. Se habla de “ajustes de ratio” (número de alumnos por aula) para atender a la diversidad pero se sigue manteniendo la misma.

Es positiva, aunque insuficiente, la propuesta de llegar al 5% de inversión en educación en 2025. La financiación debería llegar pronto al 7% del PIB y hacerse, sobre todo, en función de las necesidades por estudiante para romper con los desequilibrios territoriales.

Como conclusión se puede decir que es una ley necesaria que se pronuncia positivamente sobre cuestiones fundamentales no tratadas en anteriores leyes. Sin embargo en muchas cuestiones, como hemos visto, se queda a medio camino, lo que genera un panorama incierto y lleno de interrogantes. Es lamentable que después de un año de su publicación  es una ley desconocida por la sociedad y por una parte importante de los diferentes miembros de la comunidad educativa.