Al inicio de Semana Santa apareció en el BOE la “Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular”, ley de residuos para los amigos. La fecha –viernes de dolores- fue pintiparada para el largo viacrucis que ha sufrido la norma, tal vez porque esto de los residuos es un asunto complejo y atravesado de intereses, además de tocar la médula de la sociedad de consumo.
Con la elemental sabiduría de los diccionarios que decía Umberto Eco, el de la Real Academia Española los define como “material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación”. Es decir, lo que sobra. El problema de fondo es que la sociedad de consumo -y la virtud central que la alimenta, el consumismo- vive de “lo que sobra”, de manera que, mientras más nos sobre, mejor para ella (en realidad para quienes se enriquecen con ella). Como señala el interesante cuaderno de Opcions “El negocio de los residuos”, la propia palabra “es un ejemplo paradigmático porque nació con el objetivo de distanciarnos del problema de fondo: el producto y la composición química y tóxica de los millones y millones de objetos de consumo que entran en el mercado a diario”.
El problema nos afecta mucho, porque el Estado español es uno de los mayores contaminantes de Europa. De momento, no cumple con los objetivos marcados por la UE en cuanto a prevención y reciclaje y ya son casi 8M € la multa acumulada solo en el último año. Además, ha sido denunciado repetidamente por abusar de los tratamientos finalistas, es decir, incineradoras y vertederos.
Luces y sombras
La pregunta es si la ley recién nacida mejorará el estado de las cosas. Sí y no. Aunque reconocen avances significativos, organizaciones ecologistas y promotoras de consumo responsable la consideran insuficiente y falta de ambición y concreción en la prevención de residuos, así como demasiado partidaria del reciclaje. Una de las principales críticas es que olvida medidas tan necesarias y urgentes como revertir la obsolescencia planificada, especialmente de aparatos eléctricos y electrónicos.
En la ley hay falta de ambición y concreción en la prevención de residuos
Algunas comunidades autónomas, como Cataluña o Baleares, acusan al Gobierno central de inacción y de poner palos a las ruedas en las que ya cuentan con normativas más avanzadas.
Entre los avances, establece el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de envases de bebidas, si bien se queda a medias, puesto que sólo será de aplicación obligatoria a envases desechables de plástico, hierro y aluminio, pero no el vidrio, el material más apropiado para someterse a varios procesos de limpieza y uso (como las botellas de cerveza).
Se prohíben los productos de plástico desechable (palillos para limpiar los oídos, vajilla, pajitas para refrescos, envases de porexpan, etc.), pero olvida otros productos desechables que también contienen plástico, como filtros de cigarrillos, envases de plástico, compresas y tampones desechables, cápsulas de café y un largo etcétera.
Se prohíben algunos componentes de envases alimentarios sospechosos de toxicidad transferible como ftalatos y bisfenol A, aunque no todos.
Dos buenas noticias es que los supermercados de gran superficie están obligados a ofrecer a granel los productos que así lo permitan, “a más tardar el 1 de enero de 2023” (art. 18.4) y hoteles, restaurantes, cafeterías y establecimientos similares están obligados a servir gratis agua del grifo (art. 18.3). Esto último, como el resto de las medidas, salvo el apartado de “Medidas fiscales para incentivar la economía circular” y algún otro detalle que esperará hasta el 1 de enero de 2023, está en vigor desde el 13 de abril. En esta misma línea, dependencias municipales como bibliotecas, equipaciones deportivas, espacios educativos y sanitarios, etc. tienen que disponer de agua en fuentes o en envases reutilizables.
Finalmente incorpora el tan demandado principio “quien contamina paga”. Los fabricantes asumirán la totalidad de los costes asociados a sus productos que generen residuos, incluida la limpieza de calles, plazas, etc. Es la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAPE). La pregunta es: ¿pagando se puede hacer cualquier cosa? Porque hay gente con mucho dinero a quienes les resulta restable pagar para seguir contaminando. El residuo que no contamina es el que no existe.
La ley introduce el principio “quien contamina paga”
Aquí radica la mayor crítica de Rezero (Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable), que considera que la ley nace vieja. “Si el Estado español –argumenta- ha sido siempre atrasado en materia de residuos, con esta nueva ley tampoco llegará a ser líder. Se ha perdido la oportunidad para superar el discurso de la sociedad del reciclaje y avanzar hacia la sociedad residuo cero. El discurso del reciclaje, en pleno siglo XXI, es un relato obsoleto que no da respuesta a los retos que tenemos.”
Se calcula que alrededor de la tercera parte de la bolsa de la basura [en sentido figurado: ahora tenemos varias] es de materia orgánica: piel de la fruta, huesos, espinas de pescado, etc., además de la comida desperdiciada (de eso ya hablaremos otro día). Del resto, productos pensados y fabricados para vida breve, solo un tercio tienen una esperanza de vida de tres años. Muchos no llegan a completarla, porque el cortoplacismo de fabricantes se conjuga con la insaciable insatisfacción de unas personas –nosotros- que no nos sentimos ofendidos lo más mínimo con la denominación consagrada de “consumidores”. El nombre no hace la cosa, pero la cosa termina ajustándose al nombre. Casi siempre.
Residuos que pueden ser recursos
Pregunta: ¿quién determina qué es “lo que sobra”? Como nos enseñan las novelas y películas de policías, hay que seguir al dinero. Lo determinan quienes consideran negativo todo lo que dificulte seguir fabricando –y comprando, claro- productos con la misma utilidad que los “sobrantes”. Los problemas de tirar son, al menos, dos: las cantidades ingentes que abocamos a un planeta ya agobiado y los materiales que despilfarramos en un planeta que, además, está siendo agotado por sus irresponsables habitantes.
Incluso cuando reciclamos. Un ejemplo ilustrativo es la botella de cerveza. Una vez disfrutado su contenido, la arrojamos a un contenedor que unos vehículos a motor alimentado con energía –escasa y contaminante- lleva a unos lugares en los que, mediante uso de energía, la destruye con el fin de fabricar–con energía…- otra exactamente igual destinada a idéntico uso. Y, como escribió aquel niño andaluz, asín continamente, en versión moderna del mito de Sísifo.
Abocando tanto como abocamos, convertimos recursos en residuos. Estamos tirando la casa -nuestra casa, que es la Tierra-a la basura. Por si no queda claro: evitar residuos ahorra recursos y aligera la enorme carga de desechos con la que estamos colapsando el planeta.
Estamos convirtiendo recursos en residuos
La solución obvia es convertir los tantas veces mal llamados residuos en recurso. Lo que viene a ser la economía circular, para ir dando pasos hacia una sociedad de residuo cero, exactamente en la antípoda de la sociedad tan acertadamente llamada “de consumo”. Esto se considera cambio de paradigma, que ha de traducirse en cambio de valores, percepciones, hábitos y comportamientos públicos y privados. Y las leyes juegan un papel capital. Ahora hay que cumplirla y exigir que se cumpla. A la ciudadanía de a pie nos toca lo de siempre: andar vigilantes de que nuestros representantes políticos también la cumplan y la hagan cumplir, además de presionar para que adopten medidas más ambiciosas.
